El Gobierno llega, un año más, en una posición límite para convalidar su decreto-ley ómnibus en el Congreso. El rechazo del PP obliga al Ejecutivo a sumar todos los apoyos del bloque de la investidura y Junts ya se ha cubierto ante una posible derogación.
Un día antes de la votación registró una proposición de ley para garantizar la subida de las pensiones, principal medida del decreto-ley, que incluye también distintos incentivos fiscales y la prórroga del llamado 'escudo social'. Precisamente, una de estas medidas es la que más disgusta a Junts, la moratoria 'antidesahucios'.
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Junts se prepara para tumbar el decreto-ley ómnibus e impulsa una ley para subir las pensiones
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Los de Carles Puigdemont se han cuidado de no adelantar su sentido de voto. Y ahora deslizan una posible derogación del decreto-ley –por su voto en contra o abstención—al impulsar, por su cuenta, la subida de las pensiones.
A Junts no le convence la nueva prórroga de las garantías contra los desahucios en casos de vulnerabilidad. Sólo aceptaron prorrogarlas hace un año con compensaciones a los propietarios y una línea de avales públicos ante posibles impagos.
El Gobierno prorrogó las garantías en los mismos términos, pero la situación es hoy diferente: los de Puigdemont decidieron en diciembre del año pasado romper relaciones con el Ejecutivo. Y avisaron de que no les temblaría el pulso para derribar cualquier medida que no les convenciera.
¿Otra votación de infarto?
La debilidad del Gobierno es tal que sólo le vale el apoyo de Junts. Si estos deciden abstenerse, el voto en contra de PP (137 votos), Vox (33) y UPN (1) sumarían 171 votos y forzarían, como mínimo, un empate en la Cámara.
Sin los de Puigdemont, el Gobierno sólo podría alcanzar 171 votos en caso de sumar los apoyos del resto de socios: ERC (7 votos), EH-Bildu (6), PNV (5), Podemos (4), BNG (1), Coalición Canaria (1) y Compromís (1), más los 120 votos del PSOE y los 26 de Sumar.
El empate obligaría a repetir la votación, pero en caso de persistir el mismo el decreto-ley quedaría derogado al no contar con suficientes votos para su convalidación.
Y todo después de que el Congreso decidiera suspender los derechos y deberes del exministro socialista José Luis Ábalos tras su entrada en prisión, procesado por el Tribunal Supremo por el presunto cobro de comisiones ilegales.
Ábalos, que conserva acta de diputado pero no puede ejercer su derecho a voto, estaba adscrito al Grupo Mixto desde que se conociera su presunta implicación en la trama criminal, y daba apoyo al Gobierno en prácticamente todas las votaciones.
Demócrata constató hace dos meses que el exministro había respaldado al Ejecutivo en el 97% de las votaciones de la Cámara desde su ingreso en el Grupo Mixto.
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¿Qué medidas están en juego?
Además de la subida de pensiones y la prórroga del ‘escudo social’ –suspensión de desahucios y lanzamientos, prohibición del corte de suministros básicos y descuentos del bono social– el decreto-ley incluye más medidas.
Principalmente, de carácter tributario, con rebajas fiscales para afectados por efectos de la DANA y los incendios del pasado verano, y a la movilidad eléctrica y otras medidas de la Seguridad Social.