El debate de hoy en el pleno del Congreso sobre la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario debía ser el último capítulo de su largo periplo de tramitación parlamentaria, la de un anteproyecto de ley que ya se abordó en la legislatura pasada. Sin embargo, no será así. La decisión de la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara Baja de eliminar algunas enmiendas del texto aprobado por el Senado ha hecho saltar todas las previsiones.
Pese a la petición formal del Grupo Popular, el Republicano (ERC) y el de Junts de modificar el orden del día de la sesión para posponer el debate a otra semana, la Presidencia del Pleno, ejercida durante la jornada por el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no ha accedido a que el Pleno votara sobre la retirada de este punto, tal y como contempla el artículo 68.1 del Reglamento del Congreso, al que se han referido tanto el PP como los independentistas catalanes.
Las tres fuerzas querían que se esperara a la resolución de los escritos de reconsideración que han registrado contra la decisión del pasado martes de la Mesa antes de proceder a votar si se aceptan o rechazan los cambios introducidos en el Senado. Finalmente, tras la negativa del PSOE en la Junta de Portavoces y la de la presidencia ejercida por Gómez de Celis, la decisión de la próxima reunión del órgano rector de la Mesa se producirá con el texto ya aprobado e incluso puede que publicado en el BOE.
Vuelta a la representatividad agraria
Con la bajada del IVA a ciertos alimentos hasta final de año (propuesta del PP) y el mantenimiento del régimen de retribución para plantas de cogeneración que han finalizado su vida útil (enmienda transaccional de populares y las formaciones catalanas) fuera del debate, el foco quedaba en la rebaja de la protección del lobo al norte del río Duero, la alteración de la última reforma laboral para aumentar a 120 días al año el uso de contratos temporales en campañas agroalimentarias y en la supresión de la reforma de la representatividad agraria, modificaciones introducidas por la mayoría absoluta del PP en el Senado.
En caso de la modificación del sistema por el que se determina la representatividad en el sector agrario, el Congreso ha decidido volver a la redacción en los términos de la enmienda suscrita en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, a finales del año pasado, por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos.
Temporalidad de hasta cuatro meses al año
Sí se consolida otra enmienda del PP en el Senado, la que introduce una variación en el Estatuto de los Trabajadores, adelantada por Demócrata y que contraviene el espíritu de la última reforma laboral impulsada por el Ejecutivo en la anterior legislatura: atajar la temporalidad. De esta forma se incluye una excepción al límite de la contratación temporal que pasa a ser de 120 días anuales como máximo para explotaciones y empresas del sector agroalimentario (frente a los 90 establecidos por ley actualmente).
Aunque se incide en que esos días nunca podrán utilizarse de forma continuada, se añade que, una vez publicada la ley en el BOE, «constituye causa para la celebración de este contrato [el temporal] en el sector agrícola, ganadero y forestal y la industria asociada a estos sectores, la cobertura de una o varias campañas de corta duración» en el año natural.
Lobo fuera del listado de especies protegidas
En cuanto a la relajación de las medidas de protección al lobo, se han consolidado los cambios de la Cámara Alta gracias a los votos de PP, Vox y PNV. Los nacionalistas vascos, a través de su diputado Mikel Legarda, han rechazado el modelo de actual, de indemnizaciones a los ganaderos afectados por los ataques de estos animales, «unas ayudas que no valen, no compensan», una fórmula de convivencia por la que, a su juicio, la «ganadería intensiva en Euskadi resulta incompatible con el lobo».
De esta forma, se modifica el Real Decreto para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas para que la protección del lobo en los términos de dicho régimen se refiera a la población del sur del Duero.
Asimismo, se añade a la Ley de prevención del desperdicio alimentario una nueva disposición adicional (la octava), para el control de la especies depredadoras de forma que, a efectos de las autorizaciones excepcionales para la captura de ejemplares de lobos, se puedan justificar sobre la base de «la eficiencia del sistema productivo».