QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno de España y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han unido para, a través de sus grupos parlamentarios, llevar al Congreso una propuesta de reforma de la Ley Orgánica «de Extranjería» para implementar un Plan de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las Comunidades Autónomas en situaciones de contingencia.
PSOE, el Grupo Plurinacional de Sumar y Coalición Canaria han registrado una Proposición de Ley conjunta para modificar la conocida como Ley de Extranjería, en concreto, el artículo 35, con el propósito plantear criterios objetivos ante los cuáles declarar situaciones de contingencia y articular un protocolo de derivación que vele por el interés de los menores.
El propósito es plantear criterios objetivos ante los cuáles declarar situaciones de contingencia y articular un protocolo de derivación.
La intensificación de la inmigración procedente de África hacia la Unión Europea afecta especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que son los tres lugares en los que se ha decretado un número de plazas disponibles para acoger migrantes menores no acompañados. En Canarias, la cifra es de 2.000; en Ceuta, 88; y en Melilla, 166.
La situación de emergencia se daría al superarse el 150% de las plazas, por lo que en el caso de Canarias sería de 3.000; en Ceuta, 132, y en Melilla, 249. Estas cotas son las que el Ejecutivo ya le planteó al Partido Popular en un borrador enviado antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife la pasada semana.
La Proposición de Ley establece que, de no darse el escenario de contingencia migratoria extraordinaria, las comunidades autónomas, en tanto que tienen las competencias de la atención e integración social de los menores, han de dar conformidad al reparto. Sin embargo, cuando el escenario sea de sobreocupación y se superen las antecitadas cifras, ha de prevalecer el interés superior de los menores, por lo que será el órgano competente de la Administración General del Estado el que acuerde la ubicación territorial que corresponda, ponderando cada caso, con criterios objetivos y previamente consensuados por las autonomías.
Será el órgano competente de la Administración General del Estado el que acuerde la ubicación territorial.
Este modelo de reubicación será elaborado de forma conjunta en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El Gobierno se compromete a adoptar las medidas financieras que resulten necesarias.
El organismo competente propondrá el traslado del menor y se dictaminará la resolución una vez oída a la persona y siempre con el conocimiento del Ministerio Fiscal; y se tendrá que ejecutar en el plazo de 15 días a contar desde la inscripción de la persona afectada en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
La asignación de su tutela y la custodia corresponderá a los servicios de protección de los menores de las comunidades autónomas receptoras.
La iniciativa del Gobierno español y del presidente canario fija un plazo de tres meses para elaborar el Plan integral en el marco de la Conferencia Sectorial. Según fuentes consultadas por Demócrata, una de las aristas más complejas es el encaje competencial, puesto que si bien las competencias migratorias obran en manos del Estado de forma exclusiva; los servicios sociales, la Sanidad, Educación, Vivienda y la protección de los menores, son de las comunidades autónomas.
Las condiciones del PP
El Partido Popular mantiene, por el momento, distancia con la propuesta del Gobierno, al que ya le ha trasladado cuáles serían sus condiciones. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contactó el fin de semana con el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Miguel Tellado, quien le remitió un documento con lo que serían sus “imprescindibles”.
El texto solicitaba la declaración de “emergencia migratoria” nacional, esto es, en todo el territorio, no únicamente en Canarias, Ceuta y Melilla. En segundo lugar, los populares exigen algo que ya plantearon durante la Conferencia Sectorial de Tenerife: financiación.
Tellado ha pedido un fondo de contingencia extraordinario. En la reforma registrada por PSOE, Sumar y CC, no se aclaran cifras, sino que se limita a manifestar la intención de adoptar las medidas económicas oportunas.
También se urge a que no haya lugar a dudas sobre la edad de los menores trasladados; que el Gobierno habilite los medios necesarios a las CCAA y garantías de que el reparto obligatorio será para todas, sin excepción, haciendo referencia a la situación de Catalunya.
