La voluntad del Gobierno se topa con la del Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros continúa aprobando proyectos de ley en materia de Justicia y remitiéndolos a la Cámara Baja para su tramitación parlamentaria a pesar de que la Comisión de la rama se encuentra totalmente atascada. Actualmente, hay nueve iniciativas en cola y se espera que a no mucho tardar, llegue otra. El motivo del bloqueo es la incapacidad del Ejecutivo de urdir mayorías suficientes para ir despachando propuestas, máxime tras la ruptura de relaciones con Junts.
Ya el pasado mes de agosto, Demócrata publicó que a la Comisión de Justicia se le acumulaba el trabajo, y desde entonces, el departamento comandado por el ministro Félix Bolaños ha enviado otros tres proyectos de ley.
¿Cuáles son las iniciativas pendientes, en qué fase se encuentran y cuáles son sus puntos calientes?
Leyes en cola
- Multirreincidencia (Proposición de Ley de Junts).
- Protección de menores en entornos digitales.
- ‘Ley Bolaños’.
- Reforma LeCrim.
- Acciones colectivas.
- Dos sobre procedimiento de determinación de la edad.
- Información Empresarial.
- Derecho de rectificación (recientemente remitida al Congreso).
En camino
- Anteproyecto de derecho al honor, intimidad y propia imagen (pendiente de segunda vuelta).
Multirreincidencia, en la rampa de salida
La iniciativa más cercana al BOE ni siquiera parte del Ejecutivo. Se trata de la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por Junts. El PSOE la aceleró como parte de la estrategia de acercamiento a la formación de Carles Puigdemont -lo que a su vez, alejó a Sumar-.
La Comisión de Justicia aprobó el informe de ponencia el pasado 17 de diciembre de 2025, con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV y el propio Junts. Sumar, EH Bildu y Podemos, lo rechazaron. El texto está ahora pendiente de ser elevado a Pleno para recibir el visto bueno y continuar su tramitación en el Senado. Será incluido en el orden del día del Pleno del 12 de febrero.
La proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia supone importantes modificaciones del Código Penal para endurecer las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes y que comentan delitos de manera continuada. La norma pretende que el robo de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico sea un agravante, estableciendo penas de prisión de uno a tres años; e impone de seis a 18 meses de prisión para quienes acumulen tres condenas por hurto leve sin necesidad de que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros. Asimismo, se tipifica como delito el denominado petaqueo, que consiste en suministrar gasolina a narcolanchas.
Protección de menores en red: avanzada, pero pendiente de Junts
La idea del PSOE era tener aprobado el Proyecto de Ley de protección de menores en entornos digitales antes de concluir 2025. No fue posible. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ubicó entre las prioridades de cara al inicio de 2026 durante su comparecencia de balance anual. Actualmente, se encuentra pendiente de constituir ponencia para elaborar el informe. Sin embargo, varios puntos calientes están frenando su avance.
- Las dudas de Junts: La ruptura anunciada por Carles Puigdemont afecta en concreto a esta propuesta, pues no integra la lista de cinco a las que garantizaron que facilitarían su tramitación. Para más inri, se trata de una ley Orgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto, Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 171. No se puede contar ya con José Luis Ábalos, que solía mantener la disciplina de voto.
- El pulso del sector: El impacto de la nueva normativa en el sector sería notable, por lo cual la industria ha remitido una ingente cantidad de sugerencias en forma de enmienda a los grupos parlamentarios para pulir, sobre todo, dos asuntos, que son los que más preocupan.
Por un lado, quién asume el control parental. El consenso político es que los terminales con conexión a internet deben integrar un sistema eficaz de pin parental, la cuestión a resolver sobre quién recae tamaña responsabilidad, si sobre los fabricantes o sobre los operadores. Además, existen dudas con respecto al momento de su configuración. El sector, PNV y Junts (mediante respectivas enmiendas) apuestan por ofrecer la posibilidad de configurarlo al arrancar el dispositivo y no que venga activado por defecto. De igual forma, se valora extender las mismas obligaciones que se exigen a los fabricantes a los proveedores de programas informáticos (software).
La otra arista conflictiva es el etiquetado de productos tecnológicos. El proyecto de ley establece la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje y en el manual de instrucciones. No obstante, el sector advierte que generaría inseguridad jurídica porque cada fabricante indicaría información distinta y no existe consenso científico ya que dependen de factores individuales; además de que implica un elevado uso de papel (manuales y etiquetas) y tinta. Varios grupos tomaron nota (Sumar, ERC, Junts, PNV y Vox) y han registrado enmiendas para impulsar que la información se dispense en formato digital mediante un código QR que lleve a una página web accesible.
Reforma del Código Penal
El PSOE registró dos enmiendas para endurecer el Código Penal en dos flancos: la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la suplantación de identidad en red. También se pretende blindar la protección de datos de niños, niñas y adolescentes y reforzar la de las personas con discapacidad.
En concreto, plantean una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien “sin autorización de la persona o personas afectadas, revele o ceda a terceros material íntimo que tenga a su disposición con el consentimiento de dichas personas, tanto en soporte perdurable como limitado o en emisiones en directo, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad”.
Ley Bolaños, una prioridad con pocas posibilidades
El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, comúnmente conocida como Ley Bolaños, es una de las prioridades del ministro. Superó el debate de totalidad en junio y, actualmente, está pendiente de que la Comisión de Justicia elabore el informe de ponencia.
Su propósito es adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a la misma. Para ello, plantea una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal que blinde las Becas SERÉ (ayudas a opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia) y se garantice que la cuantía sea equivalente, al menos, al SMI, con una duración de hasta cuatro años.
Además, se transformaría el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en un centro público de preparación de oposiciones con distintas delegaciones territoriales para eliminar la barrera de residencia; se elaboraría un registro público de jueces y magistrados en activo que harían las veces de preparadores; y se modificarían algunos aspectos de las pruebas, sustituyendo la oral por una escrita basada en un caso práctico.
La reforma incluye cambios en el “cuarto turno” para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre, se convoque también el concurso oposición, garantizando que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia.
Para quienes accedan por el cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales.
También se plantea un sistema de ascenso automático por antigüedad, se regula la composición y elección de los miembros de la Comisión Ética del CGPJ y se prohibiría la financiación privada de las asociaciones profesionales de la judicatura.
Uno de los grupos más reticentes y con los que más se estaba negociando el proyecto de ley es Junts, que entre otras cosas, pide una suerte de CGPJ catalán (Consell de Justicia de Catalunya) y eliminar la Audiencia Nacional.
El Gobierno apremia para aprobar la ley a la mayor celeridad posible, pero no está en los planes de Junts facilitar tal empresa. Fuentes del grupo parlamentario catalán aquejan que se está faltando a compromisos adquiridos con anterioridad y que hasta que no se concreten, poco tienen que negociar.
En específico, urgen a aplicar la Ley de Amnistía y el reconocimiento del catalán en Europa. “Que hagan lo que tengan que hacer. Que se pongan las pilas. O hay reacción o este Gobierno se cae solo”, remachan.
Nueva LeCrim: horizonte 2028
A finales del pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de enjuiciamiento criminal, una de las piedras angulares de la agenda legislativa de Bolaños. Se encuentra en plazo de ampliación de enmiendas y no se atisba el desbloqueo en un horizonte próximo.
¿Qué reforma?
- Regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos.
- Atribuye las investigaciones penales a los fiscales a través de un proceso autónomo supervisado por un juez de garantías. Se trata de una nueva figura que vela por los derechos fundamentales de las partes y que puede autorizar determinadas medidas cautelares.
- Prevé que, finalizada dicha fase, tenga lugar el juicio oral ante un segundo juez (juez de la audiencia preliminar). Un tercer juez juzgará los hechos.
- Simplifica los procesos y agiliza el sistema de recursos: en lugar de impugnarse todos los autos del juez instructor ante la Audiencia Provincial, se podrán recurrir los decretos más relevantes del fiscal ante el juez de garantías; en la audiencia preliminar se podrán recurrir decisiones en un único acto.
- Regula nuevos instrumentos de investigación y prueba (análisis de marcadores de ADN, toxicología, identificación biométrica remota o sistemas automatizados basados en IA, entre otros).
- Modifica la regulación de la acusación popular e integra en el mismo texto la del tribunal del jurado.
Acciones colectivas
El Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios también aguarda su turno. Tiene su génesis en la Directiva europea 2020/1828 y el plan de Bolaños era trasponerla aprovechando la tramitación de la Ley de Eficiencia Judicial. Sin embargo, el Ejecutivo tuvo que retirarla del texto ante la falta de apoyos de sus socios y se vio obligado a impulsar un proyecto de ley propio.
La iniciativa tiene por objeto trasponer la directiva que exige a los Estados miembro articular un procedimiento para permitir acciones colectivas en sus dos modalidades (cesación y resarcimiento), bajo el principio de autonomía procesal.
Cada país tiene capacidad para elegir el sistema a aprobar y el Gobierno de España ha optado por el denominado opt-out, en el que la reclamación representa a todos los consumidores, que tienen opción de desvincularse. De esta forma, una sentencia afectaría a todo consumidor y usuario, salvo que hubieran solicitado expresamente su exclusión.
Los dos sobre procedimiento de edad
A todo lo anterior hay que sumar dos proyectos de ley complementarios. Se trata del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad; y el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Ambos han superado sus respectivos debates de totalidad y se encuentran en fase de ampliación de enmiendas al articulado. De momento, hasta el tres de septiembre, pero no se prevé desbloquear nada más comenzar el periodo de sesiones.
El primer proyecto regula el nuevo procedimiento de determinación de la edad, que pasa de ser un proceso administrativo a ser proceso judicial de orden civil, puesto que afecta al estado civil de las personas. Y atribuye la competencia, con carácter general, a los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia o, de no existir especialización, al que por turno de reparto corresponda.
El segundo, de carácter orgánico y complementario al anterior, atribuye la determinación de la edad al Juzgado de Menores cuando la persona se encuentre detenida por su presunta participación en una infracción penal y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad.
Información Empresarial
Pendiente también queda el Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad. Modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
De prosperar, se reformarían las normas que regulan la verificación, el acceso al Registro Oficial para poder ejercer la actividad, el régimen aplicable a sus profesionales, su supervisión y las particularidades específicas en la verificación de entidades de interés público.
Además, se ampliaría el alcance de las obligaciones de información a toda empresa, cotizada o no. Incluso las pymes deberán presentar información, aunque únicamente cuando hayan emitido valores en mercados secundarios. De igual forma, se actualizarían los parámetros para ser considerada gran empresa.
Todos los antecitados plazos de enmiendas expiran el próximo 4 de febrero, si bien la Mesa del Congreso acostumbra a ampliarlos de forma sistemática.
Derecho de rectificación y Derecho al honor, en camino
Por si todo lo anterior fuera poco, el Consejo de Ministros del pasado 13 de enero aprobó el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. El texto está camino al Congreso de los Diputados.
La norma actualiza este derecho a las nuevas realidades de los medios de comunicación y a las vías por las que los ciudadanos acceden a la información, de modo que sustituirá a la actual legislación, de 1984.
Claves del PL de Derecho de rectificación
- La rectificación se podrá solicitar no solo a los medios de comunicación tradicionales y digitales, sino también a usuarios de plataformas en línea.
- La Ley se aplicará también a los llamados usuarios “de especial relevancia” (influencers) que tengan más de 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias.
- Obliga a los medios digitales y a los usuarios de plataformas a establecer un mecanismo accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación. En el caso de informaciones publicadas en redes sociales, deberá reflejarse en la información original objeto de rectificación un aviso aclaratorio de que ha sido rectificada.
- En medios digitales, la rectificación deberá hacerse mediante un nuevo enlace con relevancia semejante al de la información original que se rectifica. En el caso de las plataformas en línea, se publicará junto a la primera información, en un lugar visible.
- Los menores de edad podrán ejercer el derecho de rectificación por sí mismos si sus condiciones de madurez lo permiten y, en todo caso, a partir de los 16 años.
- Cuando la información afecta a una persona fallecida, podrán solicitar la rectificación sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente.
- El plazo para ejercer el derecho de rectificación será de 10 días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales y de 20 días para medios digitales o perfiles de plataformas digitales.
- Se simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación, para garantizar una mayor agilidad y adaptación a los entornos digitales.
El mismo Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En este caso, se trata de una primera vuelta, por lo que antes de ser remitido a la Cámara Baja, deberá aprobarse en segunda vuelta. Llegado el momento, ¿habrá despachado la Comisión de Justicia alguna de las iniciativas que ahora amasa o pasará a engrosar la voluptuosa lista de pendientes?