QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
PSOE
En su programa el PSOE promete una modernización de la Administración para hacerla más accesible a empresas y al público en general. Y plantea dos vías para hacerlo. Por un lado, un plan de digitalización que mejore el acceso de empresas y ciudadanos a los servicios públicos, y por otro un programa de simplificación burocrática para automatizar y actualizar procesos orientado a la resolución de problemas y en las unidades administrativas a la atención, con especial énfasis en gestiones educativas, sanitarias, empresariales y autónomos.
Esta formación avanza un nuevo modelo sin cita previa obligatoria y con horarios flexibles y llama a “repensar de principio a fin” trámites y procedimientos, priorizar la resolución de problemas, adaptar la tramitación electrónica para que sea accesible para cualquier persona.
El objetivo será garantizar una Administración pública “disponible 24 horas al día siete días a la semana” y con un “lenguaje claro”. Para evitar situaciones de exclusión, plantea la figura de asistente personal de registro y tramitación, que ayudará a personas con más dificultades en la gestión de sus trámites y un protocolo de atención preferente diseñado para mayores de 65 años.
Tiempo máximo para prestaciones sociales: 30 días
El PSOE plantea además garantizar por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos, fijando un máximo de 30 días para recibir las prestaciones sociales más importantes, como la de desempleo o las ayudas a la dependencia. Para la gestión de prestaciones sociales propone una agencia específica y aprovechar el conocimiento de la Agencia Tributaria para automatizar procesos, centralizar la gestión y sus pagos y el uso de la inteligencia artificial.
Otra de sus propuestas es avanzar en el desarrollo de la app Mi Carpeta Ciudadana para integrar nuevas funcionalidades y realizar trámites en todas las administraciones, incluyendo una extensión para gestiones de empresas y autónomos. La intención del PSOE es que cada ciudadano pueda encontrar sus trámites, con preavisos e información necesaria previa para la tramitación.
Retribución variable, incompatibilidades y medidas contra la morosidad
Respecto al funcionariado, el PSOE plantea introducir fórmulas de retribución variable ligadas al rendimiento, y consagrar con la fallida Ley de Función Pública un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la evaluación , la fijación de objetivos y la actualización permanente de competencias. También propone un programa de atracción y retención del talento y otro incentivado de mentorización para que el personal de mayor experiencia acompañe como tutor personal al recién incorporado.
Otras reformas que anticipa son una Ley del sistema de incompatibilidades contra los conflictos de interés y las puertas giratorias, incentivos para facilitar el acceso a la vivienda a personal público en zonas de mercado de alquiler tensionadas y medidas para simplificar y agilizar procedimientos de contratación. En este punto, propone reducir o suprimir “elementos de complejidad burocrática” y medidas para reducir los tiempos de pago, con garantías a adjudicatarias y protección frente al impago a pymes y autónomos subcontratadas.
PP
El PP dedica en su programa un apartado específico a la atención que presta la Administración, comprometiendo una red de oficinas de atención con horario extendido y sin cita previa para necesidades inmediatas y la generalización de la ventanilla única para cumplimentar todos los trámites, también de forma digital: un único punto electrónico para comunicarse con todas las administraciones. En el caso de las empresas, acceder también a información de uso frecuente como certificados fiscales y sociales, licencias y autorizaciones.
Quiere establecer por ley el derecho a concertar cita de manera presencial, y no exclusivamente a través de un teléfono o página web, y fijar un plazo máximo de 15 días naturales para que la persona interesada sea atendida desde que se pide cita. Otros puntos destacados son la generalización del silencio positivo y la declaración responsable, que el PP quiere establecer como forma general de acreditación de los requisitos, y ampliar el concepto de ‘carga administrativa’ para simplificar trámites.
IA para gestionar ayudas, subvenciones y contratación pública
También propone un plan de robotización para emplear inteligencia artificial (IA) en la autorización de trámites administrativos, prestar asistencia virtual y ofrecer contenidos personalizados sobre los servicios. El PP ve posible mejorar con sistemas de IA procesos administrativos como la gestión de ayudas sociales, la financiación de I+D+i o la contratación pública, y en los servicios de empleo fomentar la automatización para acortar los tiempos de tramitación y pago, y reducir trámites a los beneficiarios.
Al mismo tiempo, plantea el reconocimiento de derechos de la ciudadanía en relación al uso de IA en la Administración, entre ellos el de obtener una motivación comprensible de la decisión administrativa respecto al criterio propuesto por estos sistemas.
Para mejorar la accesibilidad, esta formación plantea vías preferentes para la consulta y atención de mayores y personas con discapacidad, la reforma progresiva del lenguaje administrativo y la incorporación de mediadores que puedan realizar trámites ante la Administración en nombre de los ciudadanos con una Ley de colaboración social administrativa.
Autonomía en unidades administrativas y Estatuto del directivo público
El PP también quiere facilitar a las unidades administrativas una mayor flexibilidad y control sobre su equipo, suprimiendo trámites que reduzcan su capacidad de gestión; introducir la gestión por proyectos con estrategias que permitan organizar recursos y equipos por tiempo determinado y para misiones concretas; y reformular la carrera funcionarial con incentivos, un sistema de evaluación y formación continuada.
También avanza una revisión de la estructura retributiva del sector público y un Estatuto del directivo público profesional, para cuyo nombramiento quieren establecer nuevos procedimientos, con criterios objetivables en base a la experiencia y la cualificación, procesos de audiencia, plazos mínimos de ejercicio del cargo, motivos tasados de cese y mecanismos de rendición anual de cuentas en el Congreso.
VOX
Vox centra sus propuestas para la Administración en la centralización de competencias y en la reducción de su estructura tras una revisión de la misma, así como de organismos y entidades.
También exige que todas las administraciones públicas a cualquier nivel territorial presten atención presencial sin cita previa y, al menos, en castellano, y que cada ciudadano pueda gestionar sus relaciones con las diferentes administraciones a través de una única carpeta personal.
En el ámbito digital, plantea la universalización de la tramitación electrónica para que no exista ningún trámite que no sea posible realizar digitalmente, sin perjuicio de que exista una alternativa presencial y prever una atención prioritaria a personas que tengan más dificultades con nuevas tecnologías.
SUMAR
Los de Yolanda Díaz son los únicos que no aluden a la limitación de la cita previa, pero sí reconocen en su programa el deterioro de la atención tras recortar la atención presencial durante la pandemia y no haberlo acompañado de una mejora suficiente en el acceso digital. Por ello prometen una vuelta total de los servicios presenciales, disponibles a todos los niveles de la Administración, y potenciar la Administración electrónica como herramienta complementaria, no de sustitución obligada.
Sumar defiende la necesidad de adoptar reformas que mejoren la atención y la prestación de servicios y, fundamentalmente, aumentar sus recursos con más personal. Proponen para ello recuperar tasas positivas de reposición y derogar la Ley de Racionalización de la Administración.
También ve necesario facilitar la simplificación administrativa, evitar la utilización de silencio administrativo como forma habitual de resolver tanto alegaciones como recursos presentados y reducir “drásticamente” procesos burocráticos en la gestión de prestaciones como los del ingreso mínimo vital (IMV).
En el caso de ayudas de emergencia social, Sumar apuesta por su tramitación a través de declaraciones responsables para favorecer que estos fondos lleguen a quienes más lo necesitan. Y en los trámites de migración propone una aplicación móvil para todo procedimiento de información, y simplificar todos los procedimientos y trámites consulares en todo el mundo.
Gestión por objetivos, profesionalización de directivos y software libre
En la función pública plantea reformas para mejorar la gestión por objetivos en el sector público, mejorar la profesionalización y los procesos de selección para puestos directivos, para los que quiere buscar nuevos perfiles, y potenciar con conciertos sociales la contratación pública estratégica e innovadora
Para potenciar destinos afectados por la despoblación propone beneficios fiscales o incentivos a empleados públicos que se comprometan a trabajar y residir en zonas rurales durante al menos cinco años, y en las políticas de urbanismo quiere reforzar la capacidad administrativa y técnica de ayuntamientos y diputaciones, con un nuevo marco de financiación específico que refuerce sus plantillas.
En su programa abogan por evitar un funcionamiento “excesivamente burocrático y rígido”, recurrir a las nuevas tecnologías para conocer mejor las necesidades de la ciudadanía y adaptar la respuesta de la Administración y potenciar “lógicas de trabajo colaborativo”.
También unificar sistemas informáticos y bases de datos para evitar trámites innecesarios y duplicidades, la ejecución de ‘software libre’ en la Administración, con el desarrollo de tecnologías propias, y cláusulas para garantizar el código abierto en la contratación pública.
Precisamente en la contratación pública Sumar propone cláusulas que incentiven determinadas acciones dentro de las empresas, y así priorizar a empresas que mejoren condiciones salariales, faciliten la conciliación o permitan la participación de los trabajadores en la gobernanza de la compañía. También establecer un objetivo del 2% en la compra de alimentos saludables y sostenibles, definiendo para ello qué es un menú saludable y estableciendo un precio mínimo por menú en los pliegos.
