QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno quiere que la próxima Ley de Industria dé cobertura para que grandes proyectos industriales puedan beneficiarse de ventajas económicas y normativas. Entre ellas, la posibilidad de recibir ayudas públicas ‘a dedo’, reducción de plazos administrativos o el apoyo para obtener permisos o licencias en todos los niveles de la Administración.
Estas son algunas de las facilidades previstas para proyectos declarados como estratégicos en el Anteproyecto de Ley de Industria, lanzado a audiencia pública por el Ministerio que dirige Jordi Hereu hasta este jueves 11 de julio.
El borrador –aún deberá ser aprobado como proyecto de ley para su remisión a las Cortes Generales– contiene dos figuras de nomenclatura similar para definir este tipo de proyectos: Proyectos Industriales Estratégicos (art.27) y Proyectos Estratégicos de Inversión (DA 3), de idénticos requisitos y tramitación y ventajas reconocidas muy similares.
¿Qué requisitos tienen?
Podrá ser declarado como proyecto estratégico cualquier iniciativa empresarial en las que concurran razones de interés público, social y económico que cumpla cualquiera de estos requisitos:
- movilizar un volumen de inversión relevante
- ser impulsado por una empresa estratégica
- facilitar una solución propuesta y adoptada en la Mesa de Reindustrialización
Esta Mesa de Reindustrialización, otra nueva figura prevista en el anteproyecto, es un órgano colegiado de carácter temporal constituido ante un posible cierre industrial o una pérdida importante de actividad, con el fin de explorar alternativas y mantener las capacidades industriales y el empleo.
Para ser declarados como estratégicos, los proyectos que cumplan los citados requisitos serán valorados a partir de una serie de elementos, como su contribución a la transición ecológica, la autonomía estratégica del país y a la seguridad nacional, sus efectos sobre el empleo, su esfuerzo innovador, o el desarrollo de ecosistemas alrededor del proyecto, entre otros.
¿Qué ventajas tienen reconocidas?
El reconocimiento de un proyecto como estratégico habilitaría beneficios y medidas de apoyo como:
- Tramitación prioritaria, reducción de plazos administrativos a través de su tramitación de urgencia, y declaración de sus obras públicas como de interés general
- Preferencia de acceso a fondos públicos y financiación, acceso a programas específicos de apoyo y concesión de ayudas sin concurrencia competitiva
- Acompañamiento personalizado y apoyo durante toda la fase de tramitación en procedimientos de ámbito autonómico, provincial o municipal (obtención de licencias, permisos y autorizaciones)
- Facilidades en el acceso y conexión a infraestructuras eléctricas y de otro tipo, en las declaraciones de utilidad pública e interés social, expropiatorios, prevalencia sobre utilidades públicas, y servidumbres para líneas de transporte
- Tramitación preferente de solicitudes de patentes, marcas y nombres comerciales de los proyectos
¿Cómo pueden ser reconocidos?
La declaración de un proyecto estratégico debe ser solicitada por la parte inversora ante el Ministerio de Industria y Turismo y aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).
El anteproyecto prevé un desarrollo reglamentario para fijar la forma y los términos de la solicitud, que en todo caso deberá detallar qué actuaciones en infraestructuras son esenciales para la consecución del proyecto.
El Ministerio de Industria deberá constatar el cumplimiento de los requisitos a través de un informe y, visto el mismo en el Comité de Inversiones Estratégicas –un nuevo órgano dependiente de Presidencia para ejecutar la estrategia del Gobierno en inversión nacional y extranjera en proyectos estratégicos–, deberá elevarse una propuesta a la CDGAE.
Comisión Permanente de Apoyo
Para los proyectos industriales estratégicos, el Gobierno prevé la creación de un órgano de seguimiento, la Comisión Permanente de Apoyo al Proyecto Industrial Estratégico, con la presencia de todas las administraciones involucradas en la tramitación de procedimientos administrativos.
Presidencia del Gobierno designaría la persona encargada de presidir la comisión y el Ministerio de Industria elegiría su secretaría. La responsabilidad del proceso recaería Dirección General de Programas Industriales.
