Bolaños anticipa una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Fiscalía instruya causas penales

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso para adelantar nuevos proyectos de IA que facilitarán la accesibilidad

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, llega a la Comisión de Justicia, en el Congreso de los Diputados | Eduardo Parra (Europa Press).

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, llega a la Comisión de Justicia, en el Congreso de los Diputados | Eduardo Parra (Europa Press).

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el Gobierno reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para implementar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en investigaciones penales. Además, ha adelantado que desde el próximo mes se podrá usar IA para traducir documentos en lenguaje jurídico a uno más claro para hacerlo accesible.

Reforma de la LeCrim

El ministro ha adelantado que prevé reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para homologar el proceso penal a la UE, de manera que se atribuya la investigación y la instrucción penal al Ministerio Fiscal, bajo la supervisión de un juez que vele por los derechos fundamentales y las garantías penales.

De igual forma, se incluirán nuevas herramientas en la lucha contra la criminalidad, como la regulación de investigación mediante marcadores de ADN, el tratamiento automatizado de datos, búsquedas inteligentes, el uso de IA y las investigaciones en entornos digitales.

IA y accesibilidad

Bolaños ha destacado que uno de los principales ejes de su hoja de ruta para la presente legislatura es la digitalización de la Justicia y el desarrollo de proyectos de IA aplicables a la rama.

En el marco de la Ley de Derecho de Defensa, aprobada definitivamente en el Senado el pasado mes de octubre, el ministro pretende hacer más accesibles las resoluciones judiciales mediante el uso de la tecnología.

La Ley de Derecho de Defensa tenía como propósito blindar el acceso a los Tribunales de Justicia. Para ello se reguló que los actos y comunicaciones procesales se redactasen en un lenguaje más sencillo y teniendo en cuenta las características personales y necesidades concretas de las personas con discapacidad. Se avaló el uso de sistemas alternativos como el braille, pictogramas o dispositivos multimedia entre otros.

En sintonía, ya está operativo un sistema de generación de resúmenes de cualquier resolución judicial en lenguaje sencillo, tanto para operadores jurídicos como para ciudadanos. Y desde el próximo mes, según Bolaños, se podrá también realizar la conversión, de cualquier documento sin resumir, en un lenguaje sencillo.

Carrera judicial

En otro orden de cosas, Bolaños ha abundado en la necesidad de reformar el acceso a la carrera judicial. El Consejo de Ministros aprobó en enero el Anteproyecto de la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. ¿Su objetivo? Adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a la misma.

Dicho texto plantea regular el cuarto turno para asegurar que, cada vez que se convoque el turno libre, se convoque también el concurso oposición. Así se garantiza que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia.

También se prevé, por primera vez, el cuarto turno en la Carrera Fiscal; y se regula un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, como exige la Comisión Europea.

La iniciativa recoge cambios en las oposiciones para romper la barrera de clase mediante la consolidación de las Becas SERÉ, unas ayudas a opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia. Además, se garantizará que la cuantía sea equivalente, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual; y tendrán una duración de hasta cuatro años.

Por último, el Centro de Estudios Jurídicos sería transformado en un centro público de preparación de oposiciones.

Vocación social

Félix Bolaños también ha asegurado que duplicará la plantilla de las oficinas de atención a las víctimas del delito ya que reconoce que las 26 actuales son un número demasiado bajo y se requieren de más recursos.

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