QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Para financiar la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el Gobierno ha propuesto que cada entidad pague 250 euros por cada asunto que deba dirimirse en ella. Sea favorable o no la resolución para los intereses del reclamante.
¿Es lícito que la banca pague por un litigio, aun cuando la Autoridad confirma el criterio de la entidad para desestimar la reclamación? La patronal bancaria AEB (Asociación Española de Banca) llegó a avisar de que el sistema alentaría a lo que denominó ‘industria del pleito’, con bufetes recomendando denunciar cualquier asunto, ya que las entidades estarían forzadas a pagar por cualquier reclamación de importe inferior a 250 euros.
El Ministerio de Asuntos Económicos ya ha precisado que esta tasa sólo se pagaría en caso de que el procedimiento se admitiera a trámite. Es decir, que tenga cierta base como para ser considerada.
Asufin, Asociación de Usuarios Financieros, abundó que la litigiosidad no la genera el cliente ni el diseño de la tasa, sino el abuso de las entidades y la falta de soluciones en los servicios de reclamación.
Calviño abre la puerta a pactar cambios
La vicepresidenta Nadia Calviño ya ha dado el primer paso para ceder y en su defensa del proyecto en el Pleno del Congreso abrió la puerta a introducir cambios en el sistema. La propia presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, expresó esta semana pasada su confianza de que, atendiendo a sus palabras, así fuera.
La propuesta que la patronal ha trasladado a los grupos parlamentarios, sin embargo, genera dudas por su viabilidad. Plantea bonificar la tasa o la devolución de la misma para esos casos por tasa indebida. “Eso no es ingreso indebido”, matiza Ferrán Bel, portavoz del PDeCAT, que recuerda además que la Ley de Tasas impide bonificar las mismas.
En Ciudadanos, por ejemplo, estudian si directamente quitar la obligación de pago, o mantenerla y que en una resolución favorable a los intereses de la entidad, esta pueda recuperarla en concepto de costas.
Sin embargo, desde esta misma formación reconocían la vía que les había adelantado el PDeCAT, dada la complejidad del asunto. “Al ser una tasa, esto no es fácil de instrumentalizar legalmente. Desde nuestra óptica, una tasa ni la puedes modificar ni devolver cuando se ha prestado un servicio”, explica Bel.Por ello, su propuesta pasa por redefinir la prestación del servicio por la que se paga la tasa, y que esta sólo sea cuando la resolución no sea favorable para los intereses del cliente.
¿Por qué no liquidar después?
Si en el proyecto el pago de la tasa se exige una vez se admita a trámite la propuesta, el PDeCAT plantea la liquidación definitiva de la tasa una vez finalice el procedimiento, con un pago a cuenta más reducido al inicio del mismo. Concretamente, 50 euros de los 250 euros en total que supondría la tasa.
Cuando se inicia el procedimiento, la entidad tendría que hacer un ingreso a cuenta de 50 euros. Y en caso de que la resolución fuera favorable a sus intereses, este pago a cuenta sería objeto de devolución. Esta devolución sería posible porque el concepto a devolver es un ingreso a cuenta, no una tasa, figura jurídica que el PDeCAT preserva en su propuesta.
“Si resuelven favorablemente para la entidad, la Autoridad devolvería de oficio. Y si es desfavorable, la entidad seguirá teniendo que pagar la tasa”, resume el diputado catalán, que así ve posible el encaje legal del que, probablemente, sea el asunto más espinoso del proyecto.
Qué ley es: Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Qué regula: La nueva autoridad que concentrará la resolución extrajudicial de conflictos en el sector financiero. Dónde está: Congreso (desde diciembre de 2022). Estado de tramitación: Comisión de Asuntos Económicos. Grado de tensión: Medio-Alto (sólo Vox apoyó su devolución, pero hay dudas sobre varios aspectos de su regulación; la patronal bancaria se opone frontalmente). ¿Siguiente paso?: Registro de enmiendas el próximo miércoles 22 de marzo. Nombres clave: Gonzalo García Andrés (secretario de Estado de Economía), Pedro Casares (PSOE), Miguel Ángel Paniagua (PP), Rubén Manso Olivar (Vox), Txema Guijarro (Unidas Podemos), Joan Capdevila (ERC), María Muñoz (Cs), Ferrán Bel (PDeCAT).
