QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Canarias ha asegurado la continuidad de su plan integral de empleo (PIEC) y su financiación por parte del Estado. Una enmienda aprobada en el Congreso, pese al rechazo de los grupos del Gobierno, aclarará las dudas generadas en la nueva Ley de Empleo.
Esta iniciativa, en tramitación en el Congreso, contiene una disposición específica para contemplar este plan, atendiendo a la condición de región ultraperiférica, por su insularidad y lejanía, a gestionar por la propia comunidad autónoma e independiente de los fondos de empleo de ámbito nacional que se asignen.
Para 2023, este plan alcanza 45 millones de euros, según aseguró el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de los casi 30.000 millones de euros a gestionar en su departamento.
Sin embargo, el texto que llegó al Congreso en el proyecto de ley de empleo recoge el plan como una posibilidad y deja en el aire su continuidad, al señalar que «el Estado podrá participar en la financiación» de un plan de estas características.
Para Coalición Canaria, esta posibilidad supone una «vulneración» del mandato europeo y del propio Régimen económico y fiscal (REF) diferenciado, por el cual se prevén medidas dirigidas a disminuir las altas tasas de desempleo estructural en las islas.
Su diputada Ana Oramas clamó ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la aprobación de una enmienda para cambiar el sentido de esta disposición y asegurar que el Estado «garantizará la financiación» de este plan.
Según sus palabras, la propia vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, comprometió su aprobación y continuidad, pero no así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De hecho, la enmienda llegó a ser vetada por el Gobierno para después ser indultada, previo recurso de la propia Oramas.
Poco antes de la Comisión, asegura la diputada, desde Trabajo le comunicaron el rechazo final de Hacienda a aceptar el cambio y la voluntad de mantener la redacción original.
Pese a ello, los votos de PSOE y Unidas Podemos no bastaron para tumbar la enmienda, apoyada finalmente por PP, Vox, ERC, Cs, PNV y Compromís, por lo que se incorporó al dictamen aprobado por la Comisión y elevado al Pleno.
