Sumar no esconde que el funcionamiento del sistema financiero es una de sus grandes preocupaciones. En año y medio de legislatura ha desplegado toda una batería de propuestas dirigidas a aumentar la transparencia y la competencia en el sector. También defiende un mayor protagonismo del sector público como vía para reorientar el comportamiento de las entidades y también como palanca de transformación frente a retos como la crisis de acceso a la vivienda, la reindustrialización o la transición ecológica.
Varias de sus propuestas se vehiculan ahora en el Congreso como enmiendas a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso la pasada legislatura pero no pudo acabar su tramitación antes de la disolución de las Cortes en mayo de 2023.
Carlos Martín (Madrid, 1968), que pilota el área económica de Sumar, expone en esta entrevista a Demócrata las enmiendas que su grupo ha registrado en la Cámara Baja, también para acabar de perfilar algunas de las cuestiones que plantea el Ministerio de Economía para la futura autoridad de resolución extrajudicial de conflictos.
¿Por qué es tan importante para Sumar la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero?
Porque reúne todos los servicios de reclamación que ahora mismo tenemos en el Banco de España, en la Dirección General de Seguros y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en una única autoridad. Y con una diferencia sustancial con respecto a estos servicios de reclamación: ahora las decisiones de la autoridad van a ser vinculantes. Es decir, que bancos, aseguradoras y ‘brokers’ van a estar obligados a cumplirlas.
¿Qué problemas ve sumar del sistema vigente, del sistema no centralizado, sino depositado en las autoridades de supervisión?
Fundamentalmente dos, el primero es justamente que lo que decidían no era vinculante. Y otro, que no se aprovechan las sinergias que hay entre unos y otros departamentos. Unificándolo vamos a tener un departamento mucho más eficiente y mucho más efectivo del que teníamos hasta ahora. De aquí el interés de generar esta autoridad.
Respecto a las resoluciones vinculantes o no, que se establece un umbral, Sumar propone enmiendas para ampliar ese umbral o directamente hacerlo desaparecer. ¿Cuáles son las razones?
Entendemos la autoridad como un mecanismo extrajudicial de solución de conflictos para el pequeño ahorrador o la pequeña y mediana empresa, para las cuales es gravoso judicializar un proceso. Queremos, en principio, que quede vinculado a estos dos colectivos. Las grandes empresas están fuera del ámbito de la autoridad, pero no así los inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, que nosotros querríamos dejar fuera del ámbito de la autoridad porque entendemos que tienen músculo suficiente para ir directamente a la vía judicial.
Esto nos llevaría también a borrar el límite que hay actualmente de 20.000 euros de pérdida que tiene uno de los clientes frente a una de las entidades que se podrían reclamar. Por encima de esa reclamación habría que ir a la vía judicial. Y si no es posible acabar con ese límite, al menos querríamos ampliarlo en las reclamaciones de seguros, porque suelen estar habitualmente por encima. Pero lo ideal sería eliminar ese límite y circunscribir la autoridad al pequeño ahorrador y la pequeña y mediana empresa.
Otra de las propuestas de Sumar es que la Autoridad sea la responsable de elaborar la guía de buenas prácticas que cada año debe actualizarse y que actualmente elaboran los supervisores. ¿Por qué prefiere que sea la autoridad y no los supervisores que están reconocidos actualmente?
Este es uno de los temas clave para nosotros. Quien elabore ese código de buenas prácticas es quien decide lo que está bien y lo que está mal. Y si lo dicen autoridades como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) nos tememos que pueden primar otros elementos que no tienen que ver con la defensa de los consumidores, por ejemplo, la solvencia de las entidades de los bancos o la rentabilidad o la estabilidad financiera. Si esto es una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, quien tiene que decir qué son buenas prácticas o qué son malas prácticas tiene que ser la propia autoridad.
También plantean cambios en el diseño de la tasa que fue acordado la pasada legislatura y que se repartía entre las reclamaciones recibidas y las reclamaciones que efectivamente fueran resueltas en contra de la entidad. ¿Cuáles son los cambios que propone?
La tasa obviamente se tiene que girar sobre las entidades que están provocando el problema y tienen que financiar la autoridad a través de esa tasa. Con la enmienda, además de esa tasa se añaden sanciones. Esto es lo relevante. No es solo que haya una tasa que van a pagar aseguradoras, bancos y brókers financieros y que financia la autoridad, que no le va a costar nada al taxpayer, al ciudadano, sino que también va a haber sanciones añadidas a esa tasa que simplemente es una tasa de gestión.
También proponen la posibilidad de que la autoridad pueda reconocer el carácter abusivo o no de las cláusulas. ¿En el diseño actual qué es lo que impide a la autoridad poder hacerlo? ¿Debe de ser una autoridad judicial la que reconozca el carácter abusivo?
No es tanto que planteemos esto en el ideal, pero aquí hay un conflicto entre áreas jurisdiccionales. En realidad, lo que planteamos es que una serie de áreas que han quedado fuera de la autoridad se incluyan. Determinar si una cláusula es abusiva lo puede hacer un tribunal, pero la autoridad puede aplicarlo de manera rápida, efectiva y generalizada. Las soluciones no tendrían que ser individualizadas, sino que la autoridad establecería ya un mecanismo automático de resolución, una vez que han sido declaradas abusivas por los tribunales. Esto facilitaría un trato homogéneo y justo a los clientes.
Los bancos viven de una concesión pública muy relevante, la de poder crear crédito. No necesitan que nadie deposite dinero para poder prestarlo, sino simplemente lo crean tecleándolo en sus terminales. Y no le estamos exigiendo a los bancos obligaciones que se derivarían de esta gran concesión, obligaciones de servicio público o de interés general. Como por ejemplo que no puedan retirar productos básicos, como han hecho con su oferta hipotecaria, atrapando a hogares que han querido saltar de una hipoteca variable a una a tipo fijo para evitar la subida de tipos de interés. Esto lo queremos evitar con la autoridad y queremos que la autoridad pueda impedir que los bancos, que tienen esa concesión, puedan retirar productos básicos.
Pero queremos ir incluso más allá con la autoridad. Ahora mismo un banco puede denegar financiación a alguien que es solvente. Sería como si alguien está enfermo y un farmacéutico le negase los medicamentos; pondríamos todos el grito en el cielo. Pues esto los bancos lo pueden hacer. Si a los bancos les viene mal porque tienen que reducir el crédito para cumplir con los ratios de solvencia, pueden denegar financiación y no cumplir con su función social, que es dar crédito a aquellos que son solventes.
La propuesta precisamente para evitar restricciones de crédito es, si no me equivoco, la obligación de publicar toda la oferta hipotecaria y también los criterios para la determinación de perfiles de ingreso.
Sí, efectivamente. Esto haría el mercado más transparente. Igual esto escapa a la Autoridad, que puede ver caso a caso las denuncias de un cliente al que no dejan subrogar su hipoteca. Pero la solución depende del Ministerio de Economía, que debería obligar a las entidades de crédito a hacer transparentes y públicos los perfiles de riesgo asociados que hay que cumplir para acceder a la financiación. Esto permitiría que haya portabilidad de hipotecas. Lo mismo que en el pasado la conseguimos para la telefonía móvil, que antes no te dejaban cambiar de compañía porque perdías el número hasta que intervino la autoridad pública y estableció mecanismos claros, transparentes y automáticos de portabilidad de teléfonos entre compañías. Y esto aumentó la competencia e hizo bajar los precios.
Eso no lo tenemos en la banca ahora. Ahora es muy difícil cambiarse de banco o de hipoteca. Es tanta la mochila que tienes en un banco que hacer el cambio es muy complicado, y tenemos que intervenir. No puede haber un mercado que sea ajeno a la competencia.
Sumar también ha propuesto una hipoteca regulada y también una cuenta regulada sin comisiones, que iría más allá de la actual cuenta de pago básica.
Son dos cambios que tienen que ver con una serie de obligaciones de servicio público, resultado de esa gran concesión que les damos. Esta crisis inflacionista ha permitido comprobar que nuestra economía está muy expuesta a las subidas de tipos de interés, a diferencia de las economías del norte. Aquí la mayoría de las hipotecas se conceden a tipo variable, mientras que en Alemania o Francia la mayoría se conceden a tipo fijo y sus hogares están protegidos frente a las subidas de tipos.
La manera que han utilizado estas economías para hacerlo es que las entidades tienen que ofrecer, al menos, una hipoteca que tiene un carácter regulado, que sea tipo fijo y que su tipo de interés está conectado con el tipo de interés que paga el Estado a largo plazo. Porque una hipoteca tiene el mismo riesgo que el Estado, por lo menos en España, porque la garantía es doble: no sólo el bien que hipoteca, sino que las garantías son personales. Aquí no existe la dación en pago, con la que si tú dejas de pagar, devuelves la vivienda y la deuda se salda. Aquí la presión sobre el hogar es muy alta.
Entendemos que esta hipoteca puede servir, porque las entidades obviamente a largo plazo ganan más con el variable. Hacen una política comercial agresiva para meter por los ojos de los hogares, que no son capaces de evaluar los riesgos a largo plazo. Por eso la mayoría de nuestras familias están muy expuestas a los riesgos de inflación y esto supone más beneficio para las entidades. Entendemos que esa hipoteca fija, a tipo fijo, regulada desde el Estado, va a venir a solucionarlo. También porque incorpora una serie de cláusulas que permiten comparar lo que te ofrece el banco con esa como referencia.
Otro elemento que nosotros pensamos que es una obligación de servicio público, que hemos perdido y que deberíamos recuperar, es que antes los bancos eran plataformas de pago gratuitas. Tú te abrías una cuenta, no te costaba nada y ahí podías poner todos tus recibos de la luz, del gas, de Netflix… de lo que fuera. Esto lo hemos perdido porque en un momento dado alguien decidió garantizarle a los bancos una rentabilidad del 10%. La presión de los accionistas y de los fondos de inversión extranjeros, que son los que los poseen ahora. Aunque tengan la sede aquí, los accionistas mayoritarios son fondos británicos, norteamericanos que entraron durante la crisis de la burbuja inmobiliaria porque las acciones de los bancos estuvieron muy baratas.
Esas rentabilidades que ahora están incluso por encima del 10% son excesivas, sobre todo porque este es un mercado muy maduro. La banca ya tendría que ser una infraestructura pública más, como la tenemos en educación, en sanidad, en el transporte. Esto es hacia donde tendríamos que tender. Hay muchos intereses que impiden que esto sea así, pero Sumar empuja en esa dirección.
Si con la cuenta de pago básica y con la hipoteca regulada parecen plantear una especie de servicio mínimo bancario, para tenerlo como referencia y abaratar el producto, también se plantean cambios en el FROB en el mismo sentido.
Siempre hemos pensado que, en un servicio básico para la economía, como es la banca, porque el crédito es básico para hogares y empresas, el sector público tiene que tener una presencia importante. La hemos perdido, perdiendo las cajas, o los bancos públicos que había antes reunidos alrededor de Argentaria. Y eso se traduce en que los precios sean más caros. En la disposición del dinero, en la energía o en cualquier otro ámbito.
Lo vemos muy bien en la sanidad. Tenemos una sanidad pública todavía potente y de calidad y esto obliga a que la sanidad privada sea barata en este país también. En cambio, en otros modelos como el norteamericano, donde no hay presencia pública, los precios allí son altísimos y se producen situaciones luctuosas en todos los sentidos.
A pesar de la subida de tipos, la remuneración del ahorro en los hogares españoles ha sido mucho más baja que en el resto de Europa. Y esto es como consecuencia de la falta de competencia. Al mismo tiempo, en cambio, las subidas de tipos de interés han sido más altas que en el resto de Europa, porque aquí los hogares están expuestos a hipotecas a tipo variable.
Tenemos en el FROB y el ICO el germen para generar un banco público que reequilibre estas dinámicas. También con la antigua caja postal y toda la red de oficinas de Correos. Al mismo tiempo, queremos que la Sareb sea una pieza importante en la generación de un gran parque público de vivienda no descalificable de alquiler asequible. Y, para ello, proponemos cambiar su objeto social para primar este objetivo, frente al objeto actual de liquidación de sus activos, y que este sea subsidiario.
No entendemos, por ejemplo, que la SAREB esté en un proceso de privatización de su inmobiliaria, que gestiona 14.000 empresas, Árqura, cuando al mismo tiempo el presidente del Gobierno acaba de decir que se crea una gran empresa pública para gestionar todos esos activos.
Vemos todavía cierta disonancia cognitiva, por decirlo así, entre estos dos discursos que esperamos que se aclare en breve y que la apuesta sea por un sector público que se remanga y que convierte a la vivienda en una infraestructura pública más asequible para los ciudadanos, como lo ha hecho en la educación, en la sanidad y en muchas infraestructuras públicas.
¿Es posible avanzar en esta ley en la empresa pública que ha anunciado el presidente o dar pasos en esa dirección, pero de la mano también de la SAREB? ¿Le van a plantear esa propuesta a su socio de Gobierno?
Sí, de hecho hemos planteado para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene crear un gran fondo de 40.000 millones que procederían de la Adenda del Plan de Recuperación. Queremos reorientar los fondos ya asignados pero que no se van a gastar, 90.000 millones de créditos blandos que tenemos concedidos, para crear un gran fondo que financie políticas de vivienda..
Queremos que se cree un gran fondo para financiar políticas de vivienda en dos sentidos. Primero, para movilizar vivienda vacía. Hay 800.000 viviendas vacías, según el último censo de población y vivienda, en las seis ciudades más grandes de España y su conurbación. ¿Cómo podrían movilizarse? Pues impulsando que comunidades autónomas y ayuntamientos, pero también empresas públicas estatales, puedan crear agencias para el alquiler seguro y garantizado y asequible al mismo tiempo. Es decir, que llamen a la puerta de los propietarios de estas viviendas vacías y ofrezcan los servicios y los traigan a esta agencia.
La segunda es que en zonas tensionadas en el que la movilización de vivienda vacía sea insuficiente, se construyan más viviendas. Ahí planteamos como elemento diferencial que el Estado sea un Estado promotor. Cuenta con estos 40.000 millones de fondos europeos que corre el riesgo de perder si no los ejecuta, y existe mucho suelo público. No sólo de titularidad autonómica o municipal, sino también de Adif, Renfe, Sareb o el Ejército.
Pero el elemento diferencial es que sea promotor y se saque de la ecuación a las inmobiliarias.. Para generar un gran parque público no descalificable y a precios asequibles hay que sacar al sector privado del negocio. Aparte de que lo hacen mas caro, porque tienen que tener márgenes de rentabilidad, luego operan para que, pasado un tiempo, esa vivienda vuelva al mercado especulativo. Por eso es tan importante contar con empresas públicas.
Tiene disponible la entrevista completa en el siguiente enlace.