QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
“Iban a ser el gran revulsivo para reflotar la economía y son una oportunidad histórica desperdiciada”. Ese es el diagnóstico que hacen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el área económica del Partido Popular que dirigen Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, y Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras
El programa europeo diseñado para afrontar la crisis económica desencadenada por la pandemia de Covid-19 encara su recta final y toca hacer balance. Máxime cuando el Gobierno ha tomado una decisión trascendental: España renuncia a 60.000 millones de euros en créditos blandos
La decisión ha sido trasladada ya a la Comisión y no se comparte ni a izquierda ni derecha. Sumar presionó, sin éxito, para solicitar los préstamos y poner en marcha inversiones productivas y levantar un gran parque público de vivienda. En el PP tampoco ven sentido a la decisión.
¿Por qué nos quedamos sin préstamos?
En el PP la crítica es especialmente en diferido. Entienden que ahora no existe tanta ventaja competitiva, si bien son préstamos a un interés menor que el que afrontan comunidades autónomas y empresas menos solventes. Además, apuntan a que recurrir a la línea de préstamos podría abaratar las líneas de financiación del Tesoro.
Y, en todo caso, cuestionan la estrategia seguida. “Ahora es cuando no sirve para nada, pero sí habría servido si se hubieran utilizado como hicieron el resto de países”, esgrime Alberto Nadal, que pone el ejemplo de Italia: “Utilizó préstamos cuando había más estrés financiero en las empresas”.
¿Dónde está la transformación?
Lo peor, en todo caso, es el resultado del programa hasta ahora. “No se ha conseguido el efecto disruptivo que se quería conseguir”, lamenta Juan Bravo. Los dirigentes ‘populares’ atribuyen los resultados a la mala gestión de los fondos y a una rebaja progresiva de la ambición en los programas.
Y como muestra, señalan una ristra de modificaciones que reducían los programas de inversión o, directamente, quedaban suprimidos. El plan inicial era forzar un efecto arrastre de la inversión privada y subir el potencial del PIB un 2%. “Los fondos asignados suponen un 12% del PIB. Eso es una salvajada”, reflexiona Nadal, que ve en los 163.000 millones que correspondían a España “un volumen suficiente para transformar la economía”.
La inversión, igual que hace seis años
Nada de ello ha llegado, critican. La productividad ha caído un 0,9% respecto a 2018. La inversión privada, en términos reales, es un 5,1% inferior a la de 2019. Y el peso de la inversión en el PIB es la misma. “O la inversión ha caído o los fondos no han servido para nada. La inversión no se ha movido”, esgrime Nadal.
Las críticas también se dirigen a la baja ejecución de los fondos. Según datos de Eurostat, hasta 2024 España había gastado el 19% de los fondos asignados, en el vagón de cola de la Unión Europea. La media comunitaria se sitúa en el 30%.
Salvavidas de Sánchez
Si para algo han servido los fondos, apuntan, es para permitir al Gobierno sobrevivir sin Presupuestos. La culpa de ello, la normativa que regula la gestión de los fondos, que les permite movilizar partidas sin necesidad de pasar por el Congreso. Basta un acuerdo de Consejo de Ministros. Recuerdan que ese decreto-ley (Decreto-ley 36/2020) sólo pudo salir adelante con la abstención de Vox.
¿Y a qué se debe la situación? Fundamentalmente, a un mal diseño de los programas. Creen que las transferencias deberían haberse acompañados con préstamos, y señalan también la falta de coordinación con el sector privado y las comunidades autónomas para asegurar líneas de ayudas más atractivas.
Las transferencias también tienen coste
“No contestaron cuando les remitimos nuestros proyectos estratégicos”, lamentan los ‘populares’, que temen un coste oculto del Plan. Primero, con la devolución de fondos que no han sido posible ejecutar.
También por la resaca sobrevenida con el fin del programa. La inversión pública en los últimos años ha venido en buena medida de los fondos europeos. Y esos fondos acaban en 2026, por mucho que puedas justificar fondos pendientes de ejecución cuando los programas ya estén en marcha.
Y, dejando a un lado el coste de oportunidad, por el coste que tendrán en los próximos años. Aunque la vía elegida haya sido la de las transferencias directas, estos fondos también tendrán un coste en forma de aportaciones adicionales de los países a partir de 2027.
En el PP estiman que este coste, atendiendo al peso de España en la UE, será de unos 2.000 millones de euros al año. Y será el mismo, se ejecuten o no los fondos que aún no han sido gastados.
