La batalla entre el PSOE y Sumar continúa una vez acabado el Consejo de Ministros. Pese a haber alcanzado un acuerdo para desbloquear el plan de respuesta a la guerra de Irán, ambas formaciones trasladan versiones diferentes del acuerdo alcanzado.
Además de la prórroga de contratos del alquiler, los de Yolanda Díaz exigían medidas efectivas en el control de los márgenes empresariales, particularmente en las gasolineras, con los precios disparados desde los primeros compases del conflicto.
Y, acabado el Consejo, celebraron un acuerdo que implicaría adoptar límites en los márgenes de los operadores petrolíferos. Desde el Ministerio de Economía rechazan tal conclusión y matizan: habrá control por parte del supervisor, que emitirá una recomendación al respecto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó ante los medios de comunicación que el decreto-ley anticrisis reforzaría la capacidad de supervisión y de sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y anticipaba castigos “con dureza” para aquellas “que, por pura codicia” intentaran “sacar tajada de esta guerra”.
¿Qué prevé el nuevo decreto-ley?
La nueva regulación prevé mayores exigencias de información para que la CNMC pueda controlar los márgenes empresariales en este sector y el encargo por parte del Gobierno de una evaluación de los mismos, con recomendaciones para, si fuese necesario, intervenir precios.
Según el contenido del decreto-ley al que ha tenido acceso Demócrata, el supervisor tendrá que emitir recomendaciones en base a la evolución de estos márgenes, con carácter excepcional al artículo 38 de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos.
Este artículo establece que los precios de los productos derivados del petróleo son libres, por lo que su excepción abre la puerta a la intervención. El Gobierno se reserva el derecho a actuar en consecuencia, ya que prevé que, en base a las recomendaciones que efectúe la CNMC, “podrá adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de dicho objetivo”.
Cómo se efectúa ese control
El supervisor podrá solicitar cualquier información a los operadores en materia de formación de precios, volúmenes de venta, costes o cualquier otro dato que permita analizar el mercado.
El control de los márgenes se prevé para el conjunto de la cadena de valor pero, particularmente, la comercialización y distribución de combustible.
Los operadores, según la normativa a la que ha tenido acceso Demócrata, deberán reportar cada semana a la CNMC información sobre sus precios de compra y de venta de productos petrolíferos, tanto en estaciones de servicio integradas en su red de distribución como a otras estaciones.
Esta información será trasladada también por el supervisor a los ministerios de Economía, Hacienda, Transición Ecológica y Derechos Sociales.
Sanciones de hasta 6 millones
Si el operador incumple un requerimiento de información se enfrentaría a una sanción de hasta seis millones de euros o, como máximo, el 5% de su facturación anual, al tipificarse como infracción grave.
La CNMC publicará un estudio sobre cómo funciona la comercialización y distribución de carburantes, con atención especial a los precios y al grado de competencia efectiva, así como al comportamiento de los márgenes.
El estudio, que deberá publicarse antes del 31 de mayo, deberá valorar la necesidad de adoptar reformas al respecto.