El famoso Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción y dispensación y uso de medicamentos veterinarios mantiene al sector agitado desde su implementación. El descontento es tal que el Gobierno, tal y como adelantó Demócrata, ha dado los primeros pasos para rectificarlo por la presión de los facultativos. Con este escenario como telón de fondo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pactó con el PSOE la creación de una subcomisión para una revisión integral. Las comparecencias ya han arrancado y lo han hecho con una polémica que enfrenta a la industria farmacéutica y a la profesión veterinaria.
El pasado 25 de marzo compareció ante la subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario en España el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar Santamaría, quien acusó a los veterinarios de prescribir principalmente tres antibióticos de la categoría D por presuntos intereses económicos.
Aguilar Santamaría afirmo que “el 70% de las prescripciones de antibióticos que se usan en los animales de compañía se concentran en solo tres principios activos de los 33 disponibles: amoxicilina, metronidazol y doxiciclina”. “Somos conscientes del riesgo de generar resistencias antimicrobianas y del grave impacto en la salud global y en la salud de nuestros animales de compañía?”, cuestionó.
“Cuando se utiliza de forma masiva un número tan limitado de antimicrobianos por criterios posiblemente económicos y no clínicos, no solo se vulnera el marco legal vigente, sino que se compromete la salud pública y se favorece la aparición de resistencias”, aseveró.
¿Qué hay de cierto?
Sus duras acusaciones no cayeron en saco roto. Desde VetWarriors (Asociación de veterinarios transversal y estatal), una de las organizaciones que más ha presionado al Ejecutivo para reformar el RD 666, lamentaron las acusaciones y esgrimen que no hacen más que ceñirse al estricto cumplimiento de la normativa vigente.
A juicio de la asociación, el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos “se presentó con un argumentario lleno de acusaciones graves hacia los veterinarios que no tenían fundamento”. En declaraciones a Demócrata, VetWarriors asegura que “a los conocedores del tema y de la coyuntura nos dejó perplejos y boquiabiertos”.
“Nos acusó de usar preferentemente tres tipos concretos de antibióticos, alegando nuestro lucro económico, cuando en realidad son los tres a los que nos obliga la ley a escoger como primera opción y que, precisamente, son muy económicos y accesibles”, explican, “todo en el marco del RD 666 y la Ley de Garantías del 2015. En consecuencia, “demostró una ignorancia supina en el campo del medicamento veterinario”.
Tras lo ocurrido, VetWarriors ha solicitado a la Organización Colegial Veterinaria que reclame explicaciones y una rectificación pública al Consejo General de Colegios Farmacéuticos. A día de hoy, el Colegio de Veterinarios de Barcelona ha sido el único de su clase que lo ha pedido.
Una reforma en camino
A finales del mes de enero, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sacó a Audiencia Pública un proyecto de Real Decreto que modifica el polémico RD 666. La iniciativa propone cambios relevantes en algunos de los puntos más conflictivos y que los facultativos urgían a cambiar con el propósito de mantener el equilibrio entre un uso prudente de los medicamentos veterinarios en el marco de la lucha contra las resistencias antimicrobianas y preservar su criterio clínico.
El borrador plantea una nueva redacción a la cesión de medicamentos, clarifica la prescripción y uso de antibióticos, y reduce las cargas administrativas derivadas de la base de datos Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET).
Aclara expresamente que podrá entregarse medicación al propietario o responsable del animal sin ánimo de lucro cuando sea necesario para garantizar la continuidad del tratamiento y existan dificultades de acceso. En el caso de animales de compañía, se habilita también la cesión para completar tratamientos ya iniciados, siempre dentro de los límites fijados por la norma y excluyendo aquellos medicamentos cuya administración sea exclusivamente veterinaria. Esta modificación responde a una de las principales reclamaciones del sector, que advertía de situaciones en las que la normativa impedía resolver problemas clínicos inmediatos.
De aprobarse, permitiría al veterinario adaptar el tratamiento cuando concurran circunstancias clínicas no previstas, basándose en su juicio profesional y en el bienestar animal. A la vez, se refuerza la obligación de notificar los casos de ineficacia terapéutica al sistema de farmacovigilancia en un plazo máximo de quince días, incorporando esta comunicación como parte estructural del control sanitario.
En el caso de tratamientos crónicos, una sola receta pueda cubrir hasta seis meses; y autoriza, con condiciones, el uso de medicamentos sobrantes en la misma explotación ganadera, salvo en el caso de piensos medicamentosos para animales de producción.
De igual forma, la propuesta simplifica la comunicación de recetas y establece una periodicidad mínima mensual para el envío de información, tanto en prescripciones ordinarias como excepcionales. Este ajuste busca aliviar una de las críticas más recurrentes del sector, que denunciaba un sistema de reporte excesivamente rígido y poco adaptado a la práctica diaria.