El Ministerio de Vivienda saca las uñas. La derogación de la moratoria ‘antidesahucios’ ha puesto en el centro del debate público cómo afrontar las situaciones de vulnerabilidad. Y cómo impedir posibles consecuencias negativas.
El PP y Junts justificaron su rechazo en el impacto que tenía para los pequeños propietarios. Y ante el argumento de que ya existen compensaciones para paliar los impagos en la renta, los independentistas catalanes denunciaron que no estaban llegando a los caseros.
Estas compensaciones, reguladas desde la primera prórroga de la moratoria, a finales de 2020, van a cuenta de los fondos del Plan Estatal de Vivienda y, por tanto, gestionadas por las comunidades autónomas.
En una comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso, la ministra Isabel Rodríguez ha expuesto las brechas que hay entre las comunidades a la hora de ejecutar estas compensaciones.
Cataluña, diez veces más que la segunda
Según los datos expuestos, Cataluña es la comunidad que, con diferencia, más compensaciones ha abonado: 8,1 millones de euros, si bien fuentes de este Ministerio trasladan que hay reconocidos hasta 14 millones en compensaciones, según los datos que les trasladan desde la Generalitat.
Y, a partir de ahí, una brecha sideral. Baleares es la siguiente comunidad con mayor volumen de compensaciones, con 744.000 euros, seguida de Aragón, con 313.000 euros.
Hay que bajar al cuarto puesto para encontrar a la Comunidad de Madrid, que ha compensado con 255.000 euros a los propietarios de pisos afectados por procedimiento de desahucio. Rodríguez ha dado datos sobre una quinta comunidad, Galicia, con 33.000 euros en compensaciones.
Según el Ministerio de Vivienda, son los únicos importes comunicados por las comunidades autónomas, si bien se ha solicitado la justificación de los mismos.
Rodríguez ha realizado estas declaraciones después de que Marta Madrenas, portavoz de Vivienda de Junts, criticara que en Cataluña únicamente habían podido acceder a estas compensaciones medio millar de propietarios, un 4% de los 13.000 desahucios suspendidos a través de la moratoria.
La moratoria, derogada como parte del llamado decreto-ley ómnibus, es una cláusula que permite a un juez la suspensión de un procedimiento de lanzamiento siempre que el inquilino cumpla una serie de requisitos y acredite una situación de vulnerabilidad, a través de los servicios sociales competentes. En todo caso, queda en manos de decisión judicial.