El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la reforma del Código Penal impulsada por Junts para endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia. La iniciativa, desbloqueada por el PSOE como guiño para recuperar cierta sintonía con la formación de Carles Puigdemont, recibió varias modificaciones durante su tramitación en el Senado que, este jueves, la Cámara Baja ha mantenido.
La propuesta supone importantes modificaciones del Código Penal para endurecer las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes y que cometan delitos de manera continuada.
La norma dispone que el robo de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo electrónico sea un agravante, estableciendo penas de prisión de uno a tres años; e impone de seis a 18 meses de prisión para quienes acumulen tres condenas por hurto leve sin necesidad de que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros. Asimismo, se tipifica como delito el denominado petaqueo, que consiste en suministrar gasolina a narcolanchas.
Subiendo aún más el listón
Durante la tramitación en el Senado, PP y Vox se mostraron proclives a endurecer aún más la norma, sobre todo en lo relativo a extranjería. En esta línea, los populares incluyeron cambios alegando que "no se puede combatir eficazmente la multirreincidencia si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales accedan o mantengan autorizaciones de residencia".
Así las cosas, los de Alberto Núñez Feijóo recurrieron a su mayoría absoluta para incorporar al texto que las autorizaciones de residencia requieran la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en los países de residencia anteriores, así como la inexistencia de procedimientos penales relevantes.
De igual forma, plantearon denegar la residencia a quienes hayan sido condenados como reincidentes y establece que la Administración pueda recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para valorar posibles amenazas al orden público. Por último, incluyeron que los procedimientos de expulsión no se suspendan por la solicitud de permisos de residencia.
Vox, con el beneplácito del PP, logró incorporar una enmienda relativa a la cooperación internacional para facilitar que los delincuentes reincidentes expulsados cumplan sus penas en sus países de origen.
PP, PNV y Junts acordaron una enmienda 'in voce' que establece penas de prisión de uno a cinco años por el denominado 'petaqueo', vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.
La votación de las enmiendas ha sido en conjunto y ha salido adelante con el respaldo de PP, PSOE, Junts, PNV y UPN y CC. Por su parte, Vox, Sumar, EH Bildu, Podemos, BNG y Águeda Micó (Mixto), se han opuesto; mientras que ERC se ha abstenido.
Fraude eléctrico ligado a las drogas
PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para incorporar una enmienda que endurece las penas por el uso de electricidad para alimentar cultivos ilegales de drogas, como por ejemplo, marihuana.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 255 del Código Penal de manera que se castigue con penas de prisión de seis a 18 meses o multa de 12 a 24 cualquier fraude que se cometa con la finalidad de abastecer de energía eléctrica instalaciones utilizadas para el cultivo de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas, independientemente de la cuantía defraudada.