Con el mes de marzo ya en el retrovisor y superada la Semana Santa, los diferentes grupos parlamentarios hacen balance en Demócrata de lo que ha sido el primer trimestre del año y de las asignaturas pendientes, que han sido muchas, puesto que la guerra en Irán y su impacto han copado buena parte de la actividad, aunque también se han aprobado definitivamente leyes como la reforma de la multirreincidencia o la de Economía Social. En concreto, los socios presionan con la nueva Ley de Industria, medidas de protección social, blindaje de derechos laborales, la reforma de la denominada 'Ley Mordaza', la Ley de Secretos Oficiales y medidas en materia de vivienda y energía.
Un Gobierno, dos visiones
Los grupos parlamentarios de los partidos que habitan Moncloa, a saber, el Grupo Socialista y el Grupo Plurinacional de Sumar, comparten algunos elementos, como el plan anticrisis desplegado para aliviar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio y el rechazo frontal a Donald Trump. Sin embargo, los magenta se muestran mucho menos complacientes.
En declaraciones a Demócrata, el PSOE destaca que “el ‘No a la guerra’ retumba en las conciencias de todo el mundo” gracias a la posición liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Somos la avanzadilla de la dignidad europea”, abundan; subrayando además la respuesta articulada para “proteger a la ciudadanía con un Real Decreto-ley que moviliza 5.000 millones de euros y contiene más de 80 medidas”.
En este sentido, se congratulan por las rebajas fiscales, el IVA reducido para la electricidad, el gas y el carburante, la prohibición de cortar el suministro a las familias vulnerables, la prórroga del bono social eléctrico y térmico y la apuesta por acelerar las renovables.
Recuerdan, además, que al margen del plan anticrisis, el Ejecutivo aprobó una subida del 2,7% de las pensiones, ayudas a las víctimas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, otras a los afectados por las borrascas en Andalucía y Extremadura, y la prórroga de las ayudas al transporte público.
Por último, desde el PSOE celebran que se han aprobado definitivamente dos iniciativas. En primer lugar, la Ley de Economía Social, impulsada por el Ejecutivo como proyecto de ley y que concluyó su tramitación parlamentaria la última semana de marzo. Por otro lado, la proposición de ley sobre multirreincidencia registrada por Junts y desbloqueada por el PSOE como guiño para recuperar la sintonía. “Esta ley aplicará medidas eficaces y proporcionadas frente a la reiteración delictiva”, aseguran desde el PSOE a Demócrata, y precisan que era “una demanda de alcaldesas y alcaldesas que no ataja el problema únicamente de forma punitiva”.
Sumar, o lo mucho que queda por hacer
El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar traslada a Demócrata que el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en “reforzar la protección social” en un contexto “de incertidumbre internacional y presión económica”. “Con el impulso de Sumar, hemos consolidado una hoja de ruta centrada en la dignidad, el bolsillo de las familias y la ampliación de derechos”, remachan.
Destacan, como no podía ser de otra forma, los dos reales decretos del plan anticrisis para aliviar las consecuencias de la “guerra ilegal” de Trump y Netanyahu en Líbano en Irán; con especial hincapié en la contención de los precios de la energía y los combustibles, vinculado a “un control de márgenes empresariales”, así como el apoyo directo a sectores afectados.
“A esto se suma el refuerzo del bono social y la prórroga de la protección frente a cortes de suministros para hogares vulnerables”, dicen, en sintonía con su socio de Gobierno. También, se congratulan por el blindaje en materia laboral, pues las empresas que reciban ayudas por la crisis de la guerra en Irán no podrán despedir trabajadores.
Y, por supuesto, ponen en valor la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de las subidas mediante un real decreto-ley al que podrán acogerse los inquilinos antes de que decaiga -como se prevé- en la votación de convalidación en el Pleno del Congreso (pendiente de fijar fecha). Esta iniciativa fue propiciada por una sentada de los ministros y ministras de Sumar, que se negaron a entrar al Consejo de Ministros si no se contemplaba.
En otro orden de cosas, valoran positivamente que el Gobierno recupere el pulso de la protección de menores en entornos digitales (aunque el proyecto de ley sigue estancado, pendiente de constituir ponencia); y el anteproyecto del sistema de dependencia.
La revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del SMI hasta los 1.221 euros o la regularización de migrantes son otros de los aspectos que celebran. Sin embargo, hay muchos otros asuntos que requieren respuesta más pronto que tarde.
Sumar apuesta por profundizar en la agenda de transformación y consolidar los derechos laborales pendientes
“De cara a los próximos meses, el objetivo de Sumar es profundizar en la agenda de transformación y consolidar los derechos laborales y civiles pendientes”, aseguran desde el grupo parlamentario. Así, enumeran cuatro flancos sobre los que pretenden percutir:
- Aprobación del Estatuto del Becario, que tal y como adelantó en exclusiva Demócrata, el Consejo de Ministros ya ha aprobado y remitido al Congreso para su tramitación.
- Convalidación del real decreto con medidas urgentes en materia de vivienda. Se muestran optimistas aunque los números, de momento, no dan, “pero no nos detendremos, seguiremos avanzando en mecanismos para garantizar la vivienda como derecho”.
- Control del registro horario, “una clave imprescindible para combatir la precariedad y las horas extra no pagadas” y que ha abierto un pulso entre los ministerios de Trabajo y Economía.
- Reforma constitucional para blindar el aborto en la Carta Magna.
Con sabor valenciano
Integrado en Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, si bien celebra igualmente la prórroga de los alquileres, la regularización de migrantes o la posición de España en el contexto internacional, insta a materializar la financiación autonómica y condonación de la deuda, avanzar en la prohibición de la compra especulativa de vivienda y más medidas energéticas como la supresión de vuelos cortos.
Un trimestre “agridulce” para los grupos vascos
EH Bildu, uno de los principales socios del Gobierno, considera que “Sánchez ha tomado decisiones valientes que han supuesto una punta de lanza en Europa”. “Valoramos positivamente su posición de ‘No a la guerra’ frente a los ataques de Trump en Irán o Venezuela y su denuncia del genocidio en Palestina”, insisten.
La izquierda abertzale celebra la recuperación de algunas de las medidas decaídas del escudo social como la prohibición de los cortes de suministro y la ampliación del bono social eléctrico. No obstante, critican que “se haya cedido en exceso a las peticiones de fuerzas de derechas y que se haya optado por rebajas generalizadas de impuestos, que no compartidos y son del todo ineficaces”, esgrimen en declaraciones a Demócrata.
EH Bildu: "Se ha cedido en exceso a peticiones de la derecha, con rebajas de impuestos generalizadas que no compartimos"
Como asignaturas pendientes, señalan que “echamos en falta que el Gobierno no haya recuperado el impuesto a las energéticas para equilibrar las consecuencias de la guerra y no sean las clases populares quienes las paguen de nuevo de su bolsillo”. Además, EH Bildu urge a tramitar de una vez por todas la reforma de la Ley Mordaza y desencallar la Ley del Cine, “que deberían culminar antes de que acabe la legislatura”; como también pide “derogar la ley franquista de Secretos Oficiales y desclasificar documentos más allá del 23F”.
Por su lado, el Grupo Vasco EAJ-PNV pone el foco en “algunas cosas relevantes para nosotros” como que el Congreso ha aceptado tramitar su propuesta para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía, “un paso que fundamental para que cuando se acuerde un nuevo estatuto en Euskadi y una mayoría lo apoye también en las Cortes, una minoría política no pueda vetarlo. “Es una iniciativa importante para reforzar el autogobierno y la seguridad jurídica”, sentencian.
De igual forma, “hemos logrado que se apruebe una modificación legal para garantizar que la prestación CUME (Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra Enfermedad grave) llegue adecuadamente a las familias con menores gravemente enfermos, corrigiendo situaciones de desprotección que se venían produciendo”.
El PNV valora positivamente también las enmiendas que lograron incorporar a la ley de multirreincidencia y haber visto satisfechas varias de sus demandas en el decreto anticrisis. “A esto, se suma una PNL para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva, donde se insta al Gobierno a adoptar medidas adicionales en un contexto especialmente exigente para estos sectores por las consecuencias de la guerra de Irán”.
Sin embargo, “podemos decir que ha sido un trimestre agridulce por dos razones”, matizan. Por un lado, por las “dificultades que implica la incapacidad del Gobierno para lograr grandes consensos”, siendo la imposibilidad de sacar adelante el decreto del escudo social una buena muestra de ello. El PNV negoció con el Gobierno para blindar a los pequeños caseros, pero no se logró el beneplácito del hemiciclo por el rechazo de PP, Vox y Junts.
Y por otro lado, exigen avanzar en la desclasificación de documentos relativos a la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, entre otros episodios relevantes de la memoria democrática. “Es una demanda reiterada de nuestro grupo que continúa sin respuesta a pesar de tener el compromiso del Gobierno de Sánchez de que se tramitaría una nueva Ley de secretos oficiales. Esta inacción choca con decisiones recientes como la desclasificación de documentos vinculados al Golpe de Estado del 23F, lo que evidencia que existen mecanismos para hacerlo cuando hay voluntad política”, lamentan desde el Grupo Vasco EAJ-PNV.
Vivienda, Industria y Cataluña
El Grupo Parlamentario Republicano insta al Ejecutivo a desbloquear a la mayor celeridad posible la Proposición de Ley impulsada por la propia ERC junto a EH Bildu, Sumar, BNG y Podemos sobre alquiler de viviendas a precios asequibles.
La iniciativa superó la toma en consideración, se encuentra en el limbo de la ampliación del plazo de enmiendas y ERC recuerda que está “firmada por toda la izquierda”, por lo que existe consenso entre buena parte de los socios, aunque su aprobación queda supeditada a los designios de Junts.
Fuentes de ERC consultadas por este medio no dan crédito a que el Gobierno, “con la que está cayendo”, no haya acelerado el enquistado Proyecto de Ley de Industria y Autonomía estratégica, que duerme el sueño de los justos al calor de sistemáticas ampliaciones del plazo de enmiendas desde febrero de 2025.
La ley de industria actualizaría la actual, con más de 30 años de vigencia (data de 1992), para acompañar el proceso de reindustrialización con mecanismos para favorecer inversiones y una mayor gobernanza desde la Administración. Entre las, destacan ventajas económicas y normativas previstas para los llamados proyectos estratégicos en base al volumen de inversión movilizada, el tipo de empresa impulsora o el objetivo planteado.
ERC no entiende que no se acelere la Ley de Industria en el actual contexto
ERC también pide que se rescaten las medidas que decayeron del escudo social que contemplaba, entre otras cosas, incentivos fiscales a la movilidad eléctrica y la electrificación; suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, garantía de suministro y bono social eléctrico y medidas fiscales. Algunas de estas cuestiones fueron rescatadas en el marco del plan anticrisis, pero no todas.
Además, esperan tramitar su Proposición de ley para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya (pactado entre el Ejecutivo y ERC); y la ampliación de la Ley de Memoria Democrática hasta 1985 para reconocer a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer.
Junts ha rehusado participar de este balance.
Un recorrido por el Mixto: luces y sombras
Tanto Podemos como BNG, adscritos ambos al Mixto, consideran que el trimestre ha tenido “luces y sombras” y hay mucho por hacer para los próximos meses.
“Como nota positiva, sin duda, destacamos el acuerdo para la regularización de migrantes”, exponen fuentes de Podemos a este medio, precisando que es fruto de la “presión de colectivos sociales” y consideran “una de las medidas clave de la legislatura, tanto en clave de justicia social como en clave antifascista”.
En la otra cara de la moneda, “como cuestión estructural pendiente, nos preocupa la vivienda e impacto en el poder adquisitivo de las clases trabajadoras”. A juicio de la formación morada, “el Gobierno sigue sin adoptar ninguna medida que rebaje el precio de los alquileres, una materia sobre la que hemos presentado numerosas iniciativas”. Además, “nos preocupa que el Gobierno no esté dispuesto a topar precios de productos básicos y apueste sólo por bajadas de impuestos que, en ausencia de topes, se van a traducir en más beneficios para las grandes empresas”.
Por último, el partido liderado por Ione Belarra celebra el ‘No a la guerra’ de Moncloa, pero esgrime la necesidad de “ir más allá” y “traducirlo en hechos concretos”, como el “abandono del aumento del gasto militar, la salida de la OTAN o el cierre de las bases de Rota y Morón”.
De su lado, el BNG, con el diputado Néstor Rego al frente, traslada a Demócrata que “este ha sido un trimestre de luces y sombras”: “Luces, pocas -aclaran-, porque se han conseguido medidas que van en buena dirección”, pero “seguimos viendo una falta de ambición clara por parte del Gobierno para afrontar con la profundidad necesaria la actual situación económica y social”.
La formación gallega ve con buenos ojos algunas medidas del decreto anticrisis, pero “la guerra en Irán exige una respuesta mucho más contundente, estructural y valiente, pues no basta con parches y medidas temporales”. En este sentido, “echamos en falta medidas de control de precios en la energía y alimentos básicos, una intervención en sectores estratégicos y un refuerzo real de los servicios públicos”; además de una “política fiscal más justa”.
Asimismo, exigen cumplir con los compromisos adquiridos, agilizando el desarrollo del acuerdo de investidura e impulsando la Axenda Galega, que contempla asuntos relacionados con las infraestructuras, la financiación y la reindustrialización. “De cara a los próximos meses, creemos que es fundamental fijar una hoja de ruta clara, que permita avanzar con ambición y dar una respuesta real a las necesidades de las clases trabajadora”, sentencian.
La oposición: PP exhibe músculo y Vox sube el tono
El Grupo Parlamentario Popular reivindica un papel activo en la Cámara Baja, poniendo el acento en su capacidad de iniciativa y en el respaldo obtenido a muchas de sus propuestas. Según su balance, en lo que va de legislatura han logrado la aprobación de 440 iniciativas en el Congreso, fundamentalmente proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Solo desde enero de 2026, subrayan, han salido adelante 39 iniciativas impulsadas por el GPP, lo que interpretan como una muestra de su influencia parlamentaria pese a no formar parte del Ejecutivo.
Asimismo, los populares destacan la falta de cohesión del bloque de investidura como uno de los elementos definitorios del periodo, asegurando que los socios del Ejecutivo han divergido en al menos 68 votaciones relativas a iniciativas del PP desde septiembre de 2025.
La formación liderada por Santiago Abascal, ha puesto el foco en las políticas migratorias, cuestionando con dureza los procesos de regularización impulsados por el Ejecutivo y defendiendo reformas legislativas para endurecer las condiciones de permanencia de extranjeros en España, incluyendo la expulsión de quienes cometan delitos.
En paralelo, y a tenor de lo antecitado, desde Vox aseguran que han defendido el sistema sanitario “elevando el tono con iniciativas que se oponen frontalmente a la nueva norma que hace que el dinero de los españoles se esté dedicando también a hacer de España el hospital de medio mundo”; en referencia al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para garantizar la universalidad de la Sanidad Pública.
“Respecto al sector primario e industrial, la voz de Vox se ha escuchado una vez más en defensa de los trabajadores del campo”, dicen, y añaden que han defendido “a nuestros productores con la firme oposición al acuerdo entre la UE-MERCOSUR, sin duda perjudicial para la competitividad nacional y la rentabilidad de los que dan de comer a todos los españoles”.
Desde la formación de extrema derecha afirman haber insistido en el “acceso a una vivienda digna mediante un enfoque basado en aumentar la construcción, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y reducir la carga fiscal para los españoles”. Una crisis “agravada”, matizan, por la creciente demanda: “Por ello, hemos vinculado la solución también a la necesidad de un proceso de remigración, como parte de una estrategia orientada a facilitar el acceso de los españoles a la vivienda”.
Y concluyen: “Ante un Gobierno cuya corrupción e incompetencia mata, hemos impulsado debates sobre la gestión de las infraestructuras ferroviarias y exigido la asunción de todas las responsabilidades políticas y judiciales correspondientes”.
En definitiva, el primer trimestre deja una fotografía compleja y poliédrica de la legislatura: mientras el Gobierno reivindica su capacidad de respuesta ante un contexto internacional adverso, sus socios insisten en que los avances resultan aún insuficientes y exigen mayor ambición, especialmente en vivienda, industria o derechos sociales. Al mismo tiempo, las fuerzas de la oposición mantienen un discurso marcadamente crítico que anticipa un clima de confrontación sostenida.
Con todo, el arranque del año confirma la fragilidad parlamentaria del bloque de investidura y las próximas semanas se antojan vitales para evaluar su cohesión y la capacidad del Ejecutivo de aterrizar su agenda.