QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El sector ha hablado y el Congreso ha tomado nota. La industria trasladó a los grupos parlamentarios, tanto en reuniones como mediante propuestas de enmiendas, que las exigencias que impone el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de menores de edad en entornos digitales con respecto al etiquetado de productos tecnológicos son desproporcionadas. Varios partidos coinciden y han registrado sus respectivas enmiendas para rebajarlas.
El proyecto de ley establece la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje y en el manual de instrucciones.
Los fabricantes son muy reticentes a la medida y alegan dos motivos. Por un lado, consideran que generaría inseguridad jurídica ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico ya que dependen de factores individuales. Por otro lado, esgrimen que incrementaría el uso de papel (manuales y etiquetas) y tinta.
Como alternativa, varias patronales han demandado a los grupos parlamentarios que se pueda informar en la página web o en un formato digital fácilmente accesible. También, que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen los conjuntos de información para que sean uniformes, independientemente del fabricante.
Dicho y hecho
Hasta cinco grupos parlamentarios han impulsado enmiendas parciales en los términos solicitados por la industria: Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, PNV y Vox.
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar asume parte de las demandas, no en su integridad. Propone que los fabricantes puedan disponer un formato digital fácilmente accesible, como en la página web, pero manteniendo la información en el embalaje y en los libros de instrucciones, manuales o guías de uso. Sin embargo, sí que consideran que deben ser las autoridades y los organismos públicos determinados reglamentariamente los que deban elaborar el conjunto de información y ponerla a disposición de los fabricantes para que éstos puedan cumplir con las obligaciones requeridas por la ley.
Hasta cinco grupos parlamentarios han impulsado enmiendas parciales en los términos solicitados por la industria.
Los de Yolanda Díaz justifican que su objetivo es garantizar que los menores y sus familias puedan acceder a información “veraz, cierta y uniforme», independientemente de quien sea el fabricante. A su juicio, se evita así el riesgo de que la información sea imprecisa o esté desactualizada.
El PNV plantea que la información del etiquetado pueda ofrecerse en cualquier tipo de soporte; al igual que Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La enmienda registrada por el Grupo Republicano deja a discreción de los fabricantes si prefieren disponer la información en el etiquetado físico o en formato digital.
ERC defiende una flexibilización porque los fabricantes ya tienen la obligación de disponer cierta información en el etiquetado y en los manuales, por lo que “puede resultar en un exceso de datos en formato físico que podría causar confusión entre los consumidores”. Además, “en algunas ocasiones los consumidores no prestan atención al embalaje cuando compran un producto nuevo, por lo que la información incluida en el embalaje corre el peligro de ser ignorada”, remachan.
Para Vox, toda la información puede ofrecerse en formato digital a través de la página web o mediante un código QR.
Control parental y sistemas operativos
El consenso político es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. La disputa es entre fabricantes y operadores; y entre los que se decantan por que los productos lo tengan activado por defecto y quienes optan por aplicarlo durante la configuración inicial.
En este sentido, sendas enmiendas de PNV y Junts pretenden que se ofrezca la función del pin parental en el momento de la configuración inicial, como pide el sector. Los jeltzales explican que los fabricantes de dispositivos que carecen de sistema operativo propio son licenciatarios de los mismos, por lo que no tienen control sobre el comportamiento del sistema operativo y sus componentes de software; estando contractualmente limitados o con accesos restringidos. En consecuencia, deberían ser los desarrolladores del software, quienes están capacitados para configurar las restricciones de forma coherente.
De hecho, el grupo vasco ha impulsado otra enmienda para obligar a que sean los proveedores de sistemas operativos los que tengan que acreditar ante el fabricante que su sistema operativo permite el cumplimiento de la normativa.
La formación liderada por Carles Puigdemont ha registrado enmiendas para extender las obligaciones que se exigen a los fabricantes de productos tecnológicos a los proveedores de programas informáticos (software).
La enmienda, de prosperar, establecería obligaciones específicas para los fabricantes de software tales como emplear métodos comercialmente razonables y técnicamente viables para determinar la edad del usuario principal del dispositivo. Además, estarían obligados a integrar funcionalidades de control parental gratuitas que exijan aprobación de un adulto cuando un menor intente descargar o acceder por primera vez a aplicaciones con contenido para adultos.
Los sistemas operativos también deberán ofrecer a los desarrolladores de aplicaciones una señal estandarizada por API, indicando si el usuario es menor de 13 años, entre 13 y 16, o entre 16 y 18. Esto permitirá a las aplicaciones cumplir los requisitos de la ley y aplicar controles parentales adicionales.
Junts alega que los adolescentes utilizan decenas de aplicaciones semejantes y sería más eficaz situar el control en el propio sistema operativo. Así, se refuerza el papel de los padres al tiempo que se reduce su carga, pues la supervisión sería más sencilla.
