Decir que el Gobierno se juega su plan de respuesta económica a la guerra de Irán quizás sería ir demasiado lejos. El Ejecutivo cerró sus apoyos hace días y, de hecho, fue especialmente cuidadoso para no incluir ninguna medida que pudiera provocar la derogación del decreto-ley en el Congreso.
O en otras palabras, asegurar en todo momento que contaba con el visto bueno de Junts, y así evitar depender del poco fiable voto del PP. Pese a que los 'populares' celebraron en un primer momento las rebajas fiscales y presumieron que el Gobierno les copiaba las medidas, pasaron después a pedir su retirada para incluir más propuestas.
A falta de aclarar el voto de los 'populares', el pescado está vendido. Junts ya avanzó su apoyo y Podemos su abstención. El resto de socios también lo apoyarán. Hay apoyo suficiente para las medidas, que serán convalidadas por la Cámara.
¿Cuáles son estas medidas que el Ejecutivo cuantifica en 5.000 millones de euros?
Factura energética
- Rebaja del 21% al 10% del IVA aplicado a las facturas de electricidad y gas natural, y las compras de pellets y leña
- Bajada del 21% al 10% del IVA aplicado a los carburantes
- Rebaja al mínimo permitido por la UE del Impuesto de hidrocarburos
- Rebaja al 0,5% el Impuesto especial sobre la electricidad
- Suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica que pagan las eléctricas al 7% queda suspendido.
- Congelación del precio máximo en butano y propano
- Flexibilización en el cambio de contratos de suministro energético para empresas y hogares sin coste
Ayudas a empresas e industrias
- Ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, agricultores y ganaderos
- Rebaja al 80% de los peajes para la industria electrointensiva
- Compensación parcial de incrementos de costes operativos para servicios de transporte marítimo regular de pasajeros
Protección a hogares vulnerables
- Prohibición de cortes de suministros básicos (agua y energía)
- Prórroga de los descuentos en bono social (42,5% para vulnerables y 57,5% a vulnerables severos) y ampliación de la ayuda en el bono social térmico a 50 euros
Control de precios
- Obligaciones de información semanal a los distribuidores de productos petrolíferos para reportar sus márgenes empresariales y de cualquier requerimiento a toda empresa de comercialización o distribución (sanciones de hasta 6 millones si se niegan)
- Mayor capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la supervisión del sector y elaboración de un estudio sobre el mercado de distribución y comercialización de carburantes.
- La CNMC elaborará recomendaciones en función de la evolución de estos márgenes, habilitando la posibilidad de intervenir precios por parte del Gobierno.
Protección en las empresas
- Prohibición del despido por causas objetivas relacionadas con la subida de precios y la guerra
- Las empresas beneficiarias de ayudas deberán negociar y elaborar planes de movilidad sostenible
- Prórroga de la suspensión de disolución por pérdidas
Incentivos fiscales a electrificación
- Desgravaciones en IRPF por la compra de vehículos eléctricos, la instalación placas solares, puntos de recarga, bombas de calor y actuaciones de eficiencia energética
- Libertad de amortización para inversiones renovables en la sustitución de equipos fósles
- Habilitación a ayuntamientos para bonificar hasta el 50% del IBI en sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico con renovables
- Bonificación de hasta el 95% para obras e instalaciones de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico con renovables
- Modificación Ley Propiedad Horizontal. Facilidades para sustitución de calderas por bombas de calor.
Redes eléctricas
- Tasa creciente por el permiso. Exigencia de una prestación por reserva de la capacidad de conexión para que el solicitante asuma un coste a partir de un determinado momento y con una cuantía creciente para incentivar la puesta en marcha.
- 'Amnistía' a quien salga. Posibilidad de renunciar a los proyectos sin pérdida del aval en los tres próximos meses.
- No será quien llega primero. Examen de solicitudes durante cuatro meses para evaluar y seleccionar en base a consumos prioritarios (vivienda, servicios esenciales, proyectos estratégicos que elija el Gobierno y consumos existentes que quieran ampliar su capacidad).
- Proyectos estratégicos. Un comité podrá declarar como estratégicos a determinados proyectos de inversión que serán prioritarios en su acceso a la red.
- Almacenamiento reservado. Las instalaciones hidroeléctricas podrán reservar capacidad para desarrollar futuros bombeos para evitar quedarse sin margen en la red.
- Más hitos. La caducidad de los permisos, introducida en el Decreto-ley 8/2023 se completa con nuevos hitos para asegurar la seriedad del proyecto.
- Usos del consumo. Se identificará a qué piensa dedicarse el consumo para asegurar que tienen un fin y, si no es así, descartarlo.
- Reporte de solicitudes. Semestralmente se publicará un informe con los permisos concedidos y las solicitudes para supervisar posibles situaciones anómalas.
- Planificación flexible. Se recupera la posibilidad de adaptar la planificación y facilitar modificaciones, medida derogada del decreto-ley 'antiapagones'.
Despliegue de renovables
- Así non. La repercusión de beneficios sociales y económicos en el territprio de los proyectos renovables deja de ser una recomendación y pasa a ser obligatorio.
- Más margen. Ampliación de los plazos de participación pública en los períodcos de tramitación.
- Sello de excelencia. En base a una serie de indicadores, los proyectos podrán tener prioridad en concursos de capacidad o subastas.
- Criterios para elegir zonas. Pese a que la designación de las zonas será a cargo de las comunidades autónomas, el Gobierno define criterios para la elección de espacios.
- Nueva definición de repotenciación.
- Green data. Regulación de criterios de sostenibilidad ambiental para que cada unidad de consumo se acompañe de nueva capacidad de generación renovable.
- Gases renovables. Establecimiento de cuotas mínimas de biometano a las comercializadoras de gas, condicionados a que los proyectos cumplan criterios sociales y medioambientales.
- Comunidades energéticas. Aumento de 2 km a 5 km la distancia máxima entre la generación y el consumo
- Habilitación a entidades locales a promover nuevas modalidades de comunidades energéticas
- Declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico