El Ministerio para la Transición Ecológica ultima los trabajos para aprobar una de las normas estructurales de la regulación energética, el nuevo Reglamento general de suministro y contratación de energía eléctrica.
Fijará una serie de requisitos y obligaciones para las empresas comercializadoras de electricidad y recogerá nuevos derechos para la protección de los consumidores de energía. Y se espera para los próximos días.
En el sector no descartan que vea la luz en el Consejo de Ministros de esta semana o en el siguiente. Año y medio después de cerrar la fase de audiencia pública, el Gobierno remitió una nueva propuesta al Consejo de Estado a final de año y ya hay respuesta.
El órgano consultivo emitió su dictamen hace dos semanas y en el informe, al que ha tenido acceso Demócrata, se hace eco de una de las grandes preocupaciones que se cierne sobre las empresas afectadas.
La intención trasladada por el Gobierno es aplicar el nuevo Reglamento de forma inmediata, sin ningún período de transición. Todos los requisitos y obligaciones entrarían en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Consejo de Estado, en su dictamen, sugiere reconsiderarlo.
Nuevas prohibiciones
La norma supone una actualización de la regulación que rodea a la contratación y al suministro de energía. Y, en algunos aspectos, introduce novedades importantes. Por ejemplo, actualiza los requisitos de información mínima que deberán contener todos los contratos de comercialización, según el borrador al que ha tenido acceso Demócrata.
Y prohíbe a las comercializadoras, o a cualquier empresa que actúe en su nombre, de contactar telefónicamente con un usuario para realizar prácticas publicitarias o de contratación, salvo petición expresa e informada del consumidor.
También prohíbe la modificación unilateral de las condiciones del contrato o su resolución antes de su vencimiento.
Garantías y atención al cliente
Con el nuevo Reglamento, cada comercializadora tendrá que contar con un departamento de atención a la clientela gratuito y accesible para la resolución de quejas y reclamaciones de sus clientes. Y deberá estar adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios para ofrecerles esta posibilidad.
Además, la nueva normativa les exige presentar una serie de garantías para poder ejercer su actividad. El Gobierno justifica esta medida para la cobertura de posibles impagos de cargos y peajes, ante los numerosos procedimientos de inhabilitación de estas sociedades.
Con la nueva regulación, Red Eléctrica podrá frenar la actividad de comercializadoras que no cumplan con sus obligaciones económicas, impidiéndole el alta de nuevos puntos de suministro o la llegada de nuevos clientes desde otra comercializadora.
En pie de guerra
Las nuevas obligaciones y su posible aplicación inmediata han levantado en pie de guerra a las comercializadoras. La Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía (ACIE) reclamó la semana pasada, entre otras alegaciones a la propuesta del Gobierno, un período transitorio de adaptación a la nueva norma.
Consideran “materialmente imposible de cumplir” la nueva regulación con carácter inmediato, especialmente para aquellas más pequeñas, y avisan el riesgo de provocar ante incumplimientos involuntarios desde el primer momento, favoreciendo a las comercializadoras de los grandes grupos energéticos.
El 'capote' del Consejo de Estado
El órgano consultivo analiza la problemática expuesta por las comercializadoras, que llevaron sus alegaciones al propio Consejo. Este reconoce la propia complejidad de la materia regulada, y las “importantes obligaciones” que de ella se desprende.
El organismo que preside la exministra del PSOE Carmen Calvo solicita al Gobierno reconsiderar su intención de aplicar la normativa de forma inmediata, si bien no plantea un plazo transitorio que las comercializadoras pudieran considerar suficiente para adaptar sus departamentos.
“Más allá de eso, se diría que una entrada en vigor de una norma tan compleja y que incide de una forma tan relevante en los derechos de sus múltiples destinatarios debe respetar, por lo menos, la regla de los veinte días recogida en el Código Civil”, sugiere.