El Gobierno ultima el próximo Plan Estatal de Vivienda, que será aprobado próximamente en el Consejo de Ministros, con una inversión récord de 7.000 millones de euros. La propia memoria económica que acompaña al decreto que aprobará el Ejecutivo prevé una inversión de 5.600 millones dirigidos a aumentar la oferta de vivienda social y asequible hasta 2030.
La mayor parte de recursos van destinados a aumentar la promoción de vivienda protegida y ahí el Ministerio de Vivienda marca una línea roja: la protección ha de ser permanente. El objetivo es evitar que, años después, todo este esfuerzo de recursos por abaratar el acceso a la vivienda quede en balde por la desclasificación de vivienda protegida.
Porque, pese a que el porcentaje de vivienda pública en España sea irrisorio respecto a otros países europeos, el esfuerzo acumulado no dista tanto. Pero mucha de esta vivienda acabó por desclasificarse. El ejemplo más paradigmático son las ventas de vivienda pública a fondos buitre durante los peores años de la crisis por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
Para evitarlo, el Gobierno ya introdujo en la Ley de Vivienda la prohibición de vender vivienda protegida, una garantía anulada por el Tribunal Constitucional, al considerar que vulneraba la capacidad de decisión de las comunidades autónomas, con competencia exclusiva en materia de vivienda.
El Ministerio de Vivienda no se resigna. Y si no puede prohibirlo por ley, ha decidido condicionar los fondos a una protección permanente, una decisión avalada por el propio Consejo de Estado en su dictamen sobre el decreto que regulará el plan, al que ha tenido acceso Demócrata.
“Nada obsta para que el Estado promueva este tipo de viviendas protegidas por medio del condicionamiento de las ayudas previstas en el Plan Estatal”, esgrime este órgano, que en todo caso advierte del posible impacto que pueda tener en la compra de vivienda privada y de la necesidad de que las comunidades adecúen su normativa.
Las comunidades, continúa el Consejo de Estado, contemplan períodos de protección amplios en sus normativas, pero no permanentes, lo que obligaría a cambios legales que podrían retrasar la ejecución del plan. Fuentes del Ministerio de Vivienda explican a Demócrata que muchas comunidades han ido adaptando su normativa y pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid, Galicia o Andalucía.
Pero, en todo caso, el Gobierno prevé una segunda medida, en caso de que la normativa autonómica no esté lista: exigir una nota marginal en el Registro de la Propiedad que refleje la protección permanente, una cláusula adelantada por Demócrata el pasado enero. En ese caso, la comunidad autónoma deberá regular de forma adicional a la nota registral la limitación de precio de alquiler y venta durante todo el período de protección.
“No es una fórmula adecuada”
El Consejo de Estado considera que el planteamiento de Vivienda “no es una fórmula adecuada” ni considera “apropiado” que pueda sustituir a la protección permanente por ley en las normativas autonómicas. Propone suprimir la posibilidad de sustituirlo, sin perjuicio de que esta protección adicional pueda practicarse una vez se obtenga la calificación por la vía legal.
Considera que el proceso ya regulado en varias comunidades no es equiparable a dejar constancia de la protección permanente ni considera que la función del Registro de la Propiedad sea ejercer como un registro administrativo o instrumento para obtener una calificación “puramente administrativa” que correspondería a las comunidades.
“Establecer esa equivalencia”, argumenta, “corre el riesgo de rebajar las garantías para la calificación de una vivienda como sometida a un régimen de protección pública permanente”.
"Lo ideal es que adapten su normativa"
La observación, en todo caso, no tiene carácter esencial. Desde el Ministerio de Vivienda asumen que “lo ideal es que las comunidades adapten su normativa”, si bien celebran que muchas lo han ido haciendo para reflejar la protección permanente.
Y defienden que el Consejo de Estado no ve mal la anotación registral propuesta por el Gobierno, sino que ve deseable buscar más garantías.
Por otro lado, aseguran que el Ministerio ha tenido en cuenta prácticamente la totalidad del resto de observaciones y recomendaciones trasladadas por el órgano consultivo, que aprobó el dictamen de la norma el pasado marzo.
El Ejecutivo decidió elevar a este órgano el plan para contar con la máxima seguridad jurídica, al tratarse de un plan con mayor protagonismo estatal, tras la aprobación de la Ley de Vivienda.