El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pretende garantizar la veracidad de las reseñas para no perjudicar a las empresas, sobre todo, de restauración y turismo, según ha podido confirmar Demócrata. Para ello, se modificará la Ley General para la Defensa de los Consumidores mediante una enmienda impulsada por PSOE y Sumar al Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que ya cuenta con instrumentos para evitar las reseñas falsas y que el consumidor pueda tomar decisiones de compra de forma consciente.
En primer lugar, el departamento comandado por Pablo Bustinduy pretende limitar el plazo para dejar reseñas a los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio con el propósito de garantizar que la reseña se corresponda con una opinión real y reciente del cliente.
También se ofrecerá la posibilidad de réplica por parte del empresario para que los consumidores puedan recibir una información más completa.
Por último, Consumo quiere que el empresario pueda solicitar la eliminación de una reseña toda vez que pueda demostrar que no es real. Se exigirá que acredite de forma fehaciente que la reseña no es real, bien porque el consumidor no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, o bien porque su contenido no es verídico.
Al ser una norma de ámbito general, no se entra a concretar la forma en que el empresario deberá acreditar la falta de veracidad de la reseña, pudiéndose utilizar elementos adaptados al caso concreto: pruebas que demuestren que una factura que se muestra en la reseña ha sido manipulada; pruebas que demuestren que los precios a los que aluden las reseñas no son reales; listas de clientes que acrediten que la persona que ha puesto la reseña no ha disfrutado del servicio, etc.
Todas estas novedades se suman a algunos instrumentos que ya contempla el Proyecto de Ley de Atención a la Clientela, como la prohibición de la compraventa de reseñas o la obligación de indicar si se ha verificado que la reseña ha sido interpuesta por un consumidor real.
La iniciativa se encuentra en a las puertas de convocar la ponencia para comenzar a trabajar el dictamen y poder elevarlo al Pleno del Congreso de los Diputados.