El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso de largo este lunes su fondo soberano, bajo el epígrafe España Crece, dotado de 10.500 millones de euros, que previsiblemente, y si los inversores privados quieren, se multiplicará en 120.000 millones de euros.
La novedad de este nuevo instrumento financiero, que ya fue presentado en sociedad a mediados del mes de enero, en un acto rodedo de inversores extranjeros, incluye -como ya avanzó Carlos Cuerpo- la capacitación de este fondo para alentar la vivienda de alquiler asequible, por 23.000 millones de euros. De toda esa partida,14.000 millones vendrían vehiculados por Instituto de Crédito Oficial (ICO), una vez que el Ejecutivo desvíe de los fondos Next Generation 10.500 millones, y habiéndose dado, además, otra coyuntura, y es, que ese dinero tenga un efecto multiplicador.
En este caso, en el de la vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez espera que la parte privada invierta al menos 9.000 millones más, de manera que, la suma de los 14.000 millones de la parte ICO, sumen definitivamente 23.000 millones.
La promesa de Sánchez sobre el efecto multiplicador de este fondo soberano -explican fuentes populares a Demócrata- no deja de ser una quimera. Ahora -apuntan-, el Ejecutivo insiste en que, por cada euro público del plan (10.500 millones de euros), se van a movilizar 12 euros. Es decir, llegar a 120.000 millones, cuando "la gestión de los fondos ICO no han sido capaz de movilizar cuatro euros por cada uno".
Un recorte del 80% de los fondos Next Generation
El anuncio de Pedro Sánchez apenas se produce semanas después de la presentación en Bruselas de la séptima adenda de los fondos Next Generation. En esta última adenda, el Gobierno ha revisado a la baja varios compromisos vinculados a la construcción y la rehabilitación de vivienda. Sucede con la mejora de la eficiencia de 510.000 viviendas, iniciales, que se han transformqado en la firma de 323.390 certificados de eficiencia energética en viviendas o edificios residenciales.
Asimismo, la adenda muda la renovación de 40.000 viviendas y 690.000 m² de edificios no residenciales, condicionadas a una reducción media del 30 % de la demanda de energía primaria, a emitir 2.918 certificados para viviendas o cualquier tipo de edificio.
El Ejecutivo de Sánchez también ha eliminado de estas ayudas europeas el objetivo de renovación de 26.000 viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Un cambio que lo deja en 1.377 certificados energéticos en esos municipios o, reduce la construcción de vivienda para alquiler social un 13%, de 20.000 a 17.365 viviendas.
Escepticismo sobre el fondo soberano
Para la vicesecretaria de Economía de la dirección nacional del Partido Popular, el Gobierno plantea un fondo soberano sobre una base inestable y sin consistencia. "Puro humo", o, "el cuento de la lechera" comentan a Demócrata. Sobre todo, añade este negociado, cuando la segunda fase de este fondo, depende del apetito privado y, por lo tanto, del supuesto efecto multiplicador que viene del mercado, quien pide seguridad jurídica, cuestiones todas donde este Gobierno no controla el principal efecto multiplicador hasta los 120.000 millones de euros, en un escenario de inestabilidad regulatoria y de retornos.
El presidente del ICO, Manuel Illueca Miñoz, es más optimista. Afirma que la institución ya tiene un capital de 6.000 millones, y puede mover hasta 43.000 millones. Señala que es el Reino de España quien respalda al ICO y, que la deuda no será pública. Reconoce también, que el tiempo de movilización dependerá de la velocidad de la demanda del mercado.
"España no registra superávit desde 2007"
Santiago Calvo, doctor en Economía de la Universidad Hespérides, sostiene que un fondo soberano se nutre de superávits acumulados, como hacen Noruega con el petróleo o Singapur con su balanza comercial. Y, España -matiza- "no registra superávit presupuestario desde 2007".
De manera que -desarrolla-, "lo que el Gobierno presenta como fondo soberano es, en realidad, 10.500 millones de euros en préstamos europeos del Next Generation, que no fue capaz de ejecutar antes de que venciera el plazo en 2026, canalizados a través del ICO rebautizado para la ocasión. A partir de ahí, se promete multiplicar esa cifra hasta 120.000 millones atrayendo inversión privada, con unas expectativas de apalancamiento que resultan inverosímiles a la vista del historial de ejecución: de los 4.000 millones previstos en la línea ICO de vivienda social apenas se movilizaron 750".
"Pero la verdadera ironía es de fondo -anota-. Este es un Gobierno que lleva toda la legislatura sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, que ha renunciado a más de 60.000 millones en préstamos europeos por incapacidad de gestión. Y que ahora -puntualiza- nos presenta un 'fondo soberano' construido precisamente sobre el dinero europeo que no supo gastar. Soberano no es; fondo, apenas. Lo que es -defiende-, es sobre todo, es un ejercicio de rebranding (una estrategia de markenting que consiste en redefinir y actualizar la identidad de una manera existente para mejorar el posicionamiento y conexión con el público) presupuestario, para disimular una oportunidad perdida", afirma.
"El problema está en la regulación"
De cualquier modo, para Calvo, no hay que dejar atrás que, el 73% de los proyectos urbanísticos anunciados están hoy bloqueados. Y -añade-, "la respuesta es que hay 6,9 millones de viviendas proyectadas bloqueadas por trámites de 10-15 años (en el mejor de los casos) y el aumento de los costes ha hecho que la construcción sea uno de los sectores menos rentables". Además, "de las 18.000 viviendas públicas construidas desde 2019, en Andalucía solo se han construido cero", añade.
El compromiso de Sánchez de este lunes es que el trámite de 15.000 nuevas viviendas al año arranque en el segundo trimestre de este año. Circunstancia complicada para el economista Javier Santacruz. "Esencialmente, aclara, porque el Ejecutivo confunde el problema de la vivienda en España (exceso de demanda sobre una oferta escasísima) con su financiación. Cuando la práctica totalidad de los economistas -sostiene- "coincidimos en que no tenemos un problema de financiación de la promoción y construcción de viviendas, sino que el problema está en los permisos, desbloquear suelo disponible, generar incentivos adecuados de protección de la propiedad y la seguridad jurídica para que salgan al mercado miles de viviendas en alquiler".
El economista José Carlos Diez defiende, por su parte, que no estamos ante un fondo soberano. Más bien -detalla-, lo que hace el Gobierno "es capitalizar al ICO, para que de más crédito a las empresas que en principio están bien. Lo de la vivienda -remacha-, lo que debe hacer el Gobierno es más red eléctrica para que tengan electricidad que ahora no hay".
Finalmente, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, se pregunta, "como verá la UE este fondo soberano, que tiene previsto dotarse con fondos Next Generation no utilizados- ¿Lo permitirá?", abunda en ello. En su opinión -resuelve-, "buena parte de esa deuda provendría de las aportaciones de inversores privados y, por tanto, la pregunta pertinente es: ¿quien va a invertir con la inseguridad jurídica existente?"
El 37% de la nueva vivienda, al albor de la iniciativa privada
En 2023, Pedro Sánchez anunció un plan de vivienda de alquiler social y a precios asequibles de 184.000 viviendas. Desde 2019, ha prometido 213.000 viviendas. Desde entonces, hasta ahora, también ha presentado 12 medidas, una ley de vivienda y cinco decretos-ley. Con 67.729 viviendas movilizadas, que no acabadas, de ellas -según fuentes oficiales-, 10.411 proceden del Fondo Social de la Vivienda; 14.000 del Sareb, con 43.000 viviendas de distintos programas, siendo Madrid la Comunidad con más viviendas iniciadas (15.017) y, la provincia de Barcelona (5.897 viviendas).
Según el Banco de España, nuestro país tiene un déficit de 700.000 viviendas, a lo que suma 100.000 nuevas viviendas que necesita además, cada año.
No en vano, el Ministerio de Vivienda asegura que ya ha entregado 100.000 viviendas de las 184.000 prometidas.
Este lunes, el Gobierno ha anunciado de nuevo la promesa de construir 15.000 viviendas al año, canalizados esta vez con el nuevo fondo España crece, al albur de la iniciativa privada, que supone el 37% del total de este nuevo programa de vivienda.
Montero promete 100.000 viviendas en una legislatura y una sola región. Su Gobierno no ha construido ni 18.000 en ocho años en toda España. Pretende multiplicar por cinco la cifra en la mitad de tiempo.
— Santiago Calvo (@SantiCalvo_Eco) February 16, 2026
No es que la aritmética no cuadre: es que la credibilidad está del todo…
El diagnóstico del CIS sobre la vivienda
La vivienda se consolida como el principal problema para los españoles y vuelve a marcar un máximo histórico en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de febrero. El estudio de este lunes constata un repunte de la preocupación por la inmigración, en un contexto marcado por la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.
En detalle, la vivienda sigue encabezando la lista de inquietudes ciudadanas, con un 42,8% de menciones, dos décimas más que en enero. Además, se mantiene como el primer problema a nivel personal, con un 27,6% de respuestas.
En el ranking general de preocupaciones, la inmigración alcanza un 20,3%, lo que supone 4,4 puntos más que el mes anterior, y escala de la cuarta a la segunda posición. El tercer lugar lo ocupa la crisis económica, con un 18,1% de menciones, seguida del Gobierno y los partidos, con un 17,8%, y de los problemas ligados a la calidad del empleo, que registran un 15,9%.