QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno ha anunciado el lanzamiento del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, un plan estratégico con el que se pretende impulsar todo el sector para construir más y más rápido. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, atiende a Demócrata para explicar en profundidad todos los detalles, así como otros asuntos como el Plan Estatal de Vivienda 2026, la situación del suelo y la posibilidad de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Pregunta: El Gobierno ha lanzado el PERTE de la Industrialización de la Vivienda. ¿Qué es esto y por qué es tan importante para el sector?
Respuesta: Es que las partes de una vivienda se puedan construir en una industria, que sean compatibles con otros sistemas constructivos que hacen otras industrias y que puedan ser fácilmente ensamblables en el territorio donde van a estar las viviendas o en zonas intermedias.
Lo que se pretende es que las industrias, no solamente las empresas constructoras, sino las industrias, puedan hacer piezas, módulos de la vivienda que compatibilicen con otros módulos de otras viviendas y de esa manera producir en serie y hacer posible que produzcamos más viviendas y que lo hagamos en el menor tiempo posible, que el producto sea de mayor calidad y, además, conseguir algunos efectos colaterales como es mayor seguridad para los trabajadores, que los jóvenes se acerquen a la construcción de viviendas y que el sector empiece a ser un poquito menos masculino. Que haya más mujeres que se acerquen, que seguramente en la industria, en empresas techadas y cerradas, va a ser mucho más factible que en las obras.
También creo es fundamental la industrialización de la construcción para garantizar la competencia y la competitividad de nuestras empresas. Hay otras empresas en otras latitudes del mundo que vienen apretando muy fuerte con la industrialización de la vivienda y nuestro sector necesita de esa adaptación para ser más competitivo.
P: El PERTE está dotado con 1.300 millones de euros a 10 años. ¿Desde cuándo estarán disponibles para las empresas?
R: Van a tener la disponibilidad de manera casi inmediata, el tiempo que tardemos en llegar a los convenios y acuerdos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es donde están los recursos.
Hemos puesto 1.300 millones, y no significa que sean 130 millones al año. Son 1.300 millones a disposición de las empresas de manera inminente. ¿Para qué? Para dos acciones fundamentales. Para financiar proyectos industriales, para financiar también proyectos constructivos que se acerquen al ámbito de la industrialización; y sobre todo, para capitalizar empresas, industrias que posibiliten una transformación en el ámbito de la industrialización de la construcción.
El dinero va a estar a disposición de esas empresas de manera inminente, lo van a poder utilizar rápidamente para ir transformando las empresas y si fuera necesario, esas líneas de financiación es posible que pudiera aportar más recursos.
Son 1.300 millones a disposición de las empresas de manera inminente.
P: ¿Qué empresas se podrán beneficiar?
R: Hay dos ámbitos fundamentales. Uno para generar oferta de vivienda industrializada, es decir, para que haya industrias que se adentren en la industrialización de la construcción, para que empiecen a fabricar estas piezas fácilmente ensamblables luego en la obra o en zonas intermedias. Y otro, para dinamizar la demanda. Es decir, que haya empresas constructoras que demanden también las piezas industrializadas.
También queremos poder conjugar la necesidad de las empresas constructoras y la oferta que puedan generar las empresas industriales.
«Queremos poder conjugar la necesidad de las empresas constructoras y la oferta que puedan generar las empresas industriales».
P: ¿Cómo ayuda la industrialización a solucionar el problema de la vivienda en España?
R: Por dos cuestiones. Por una parte, la velocidad de la construcción. Vamos a hacer más viviendas en menos tiempo. Y por otra, vamos a conseguir que haya más calidad, porque el proceso constructivo industrializado tiene más calidad que la obra tradicional, que la construcción a la intemperie.
P: Por aclarar posibles confusiones. La industrialización no está relacionada con las casas prefabricadas.
R: No, no son casas prefabricadas tradicionales como siempre se conocieron, sino que cada empresa hará una pieza o varias piezas de una casa. Lo importante es que esas piezas que cada uno haga en su industria sean compatibles, que sean ensamblables fácilmente sobre el territorio o en zonas intermedias y que puedan construir casas.
P: ¿Cuál es el objetivo, tanto en número de viviendas como en lo que pueda repercutir?
R: Pretendemos que las industrias se transformen, que las empresas constructoras avancen en la industrialización de la construcción y hemos marcado unos objetivos que creemos que pueden ser alcanzables, que son 15.000 viviendas que la mayor parte de su proceso constructivo sea industrializado.
Creo que se va a conseguir. Hay muchísima voluntad por parte de las industrias, de las empresas, y era necesario ese impulso por parte de la Administración.
P: Para llegar a este punto, habéis mantenido numerosas conversaciones con diferentes empresas del sector, la industria… ¿Cuál es el feedback? ¿Se han atendido sus demandas?
R: Hemos hablado con entidades financieras, tanto bancos como cajas, hemos hablado con el sector industrial, con el sector de la promoción, de la construcción… y todos coinciden en que era necesario. Todo el mundo tiene la vocación de aportar y de transformarse porque creen que es inevitable y es el futuro de la construcción de viviendas.
Hemos recogido sus propuestas y, a partir de aquí, es importantísimo seguir con el contacto. Esto obtendrá los objetivos que perseguimos si la alianza público-privada que hemos planteado en el PERTE.
P: Un punto clave. ¿En qué suelo se van a construir estas viviendas?
R: Nosotros hemos trabajado en varias direcciones, una de ellas es la posible modificación de la ley del Suelo que diera seguridad jurídica a los planes generales de organización urbana de los ayuntamientos, que tienen dificultades de seguridad por la legislación que hay en estos momentos. Lo hemos intentado llevar a cabo, pero lamentablemente el Partido Popular, que en un primer momento nos dijo que sí que iba a estar en esa modificación, porque nos lo habían pedido sus comunidades autónomas y también sus ayuntamientos, donde dije digo, digo Diego.
Es un hándicap, pero eso no significa que no podamos seguir avanzando. Los planes están ahí, el suelo está disponible, y paralelamente a eso, seguiremos concertando con comunidades autónomas y ayuntamientos los suelos disponibles.
Un ejemplo ha sido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hemos firmado más de 25.000 viviendas, aportando suelo a las diferentes administraciones para la construcción de viviendas. La creación de la Empresa Pública Estatal de Vivienda y Suelo ha posibilitado la movilización de todo el suelo de la Administración General del Estado y de esa red susceptible de poder ser residencial.
Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para poner suelo a disposición, y a partir de ahí, junto con el que tienen las entidades privadas, serán elementos fundamentales para poder avanzar en la industrialización de la construcción.
P: Volviendo al tema del PERTE. ¿No habrá ayudas directas?
R: Creo que lo que tenemos que hacer es, por una parte, la financiación, por otra parte, la capitalización, por otra parte, que las empresas públicas, tanto la Empresa Pública del Estado como las empresas públicas de Comunidades Autónomas y Alimentarias, se comprometan a que en las licitaciones de obra que van a ejecutar también se incorporen los procesos de industrialización de la construcción.
Eso va a invitar a que las empresas puedan construir, pero sí es cierto que falta también una parte, que pueden ser las ayudas. Se está trabajando en esta línea en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que va a entrar en vigor a partir del año 2026, para también establecer mecanismos de ayuda que favorezcan la industrialización de la construcción.
P: ¿De dónde proceden los fondos, los 1.300 millones? ¿Líneas ICO ya constituidas o cómo se va a canalizar?
R: Hay varias partes. La primera de ellas es la financiación y la capitalización, que será a través de las líneas ICO. Desde el Ministerio de Industria también se han puesto en marcha y a disposición algunas líneas de actuación que ellos tienen en materia industrial para complementar. Y luego, lo que le estaba comentando hace un momento, que eran los fondos del Plan Estatal de Vivienda, que están enraizados en propuestas directas de los Presupuestos Generales del Estado.
Todo ello va a ser una conjunción que, a la vez que se posibilita una mayor intervención del sector privado, puede dar como elemento final una industrialización de la construcción de viviendas en escala, que es lo que pretendemos que se produzca.
P: Unas líneas ICO que aún tendrán que fijarse las condiciones… ¿Alguna pista? ¿Cuándo se concretarán?
R: Tenemos que sentarnos con el ICO y avanzar en algo que ya venimos trabajando, porque han participado también en la conformación del PERTE y en la aportación de soluciones financieras, tanto de capitalización como de financiación. Están volcados al 100%, y lo que tenemos que hacer es ir fijando condiciones, acuerdos que favorezcan que las empresas se vayan incorporando.
No le puedo decir exactamente las fechas concretas, pero las conversaciones ya se están produciendo y esperemos que sea lo antes posible.
P: Pero, ¿tiene el Ministerio un calendario aproximado que esperan cumplir? ¿Cuándo las empresas podrán comenzar a presentar sus proyectos?
R: Espero que a lo largo del próximo trimestre podamos tener preparadas esas líneas de financiación sin mayor dificultad. Luego, hay otras acciones, como es una plataforma colaborativa, que estamos trabajando con el sector privado, en donde se pueden establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre las administraciones y el sector privado.
El sector constructivo es un sector muy parcializado. Por una parte están los constructores, están los promotores… Son diferentes acciones que se suman, pero que no se interconectan. La plataforma colaborativa lo que pretende es establecer esa interconexión entre todos y sobre todo que las experiencias que vayan teniendo se extiendan a otras empresas, constructoras, a otras industrias para nutrirse del expertís necesario para avanzar en la industrialización de la construcción.
Está también la Ciudad de la Industrialización de la Construcción en Valencia, que no pretende ser un espacio donde vayan a ir las empresas constructoras o las industrias a trabajar. Es un espacio de investigación, de desarrollo, de experiencias piloto, de establecer esos mecanismos de cooperación y colaboración, de hacer posible que ese centro de investigación de I+D+i, pueda nutrir a toda la industria y a todas las empresas constructoras.
Tenemos el suelo. Son 50.000 metros cuadrados los que inicialmente se han puesto a disposición por empresa estatal de Vivienda y Suelo. Y a partir de ahí, hay una alianza público-privada que vamos a conformar con las empresas para establecer mecanismos de colaboración entre las administraciones y el sector privado, para hacer la inversión necesaria para el desarrollo de estos proyectos.
P: ¿Habrá algún organismo o entidad encargado de nutrir o engrasar esa colaboración público-privada?
R: Sí, dos instrumentos. Un comité interministerial que está liderado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por esta Secretaría de Estado y, por supuesto, por la ministra Isabel Rodríguez; y los diez ministerios que tienen y pueden aportar cuestiones fundamentales a lo que es el desarrollo del PERTE.
Y luego, esta gobernanza se complementa con lo que he comentado antes, la alianza público-privada donde van a estar los ministerios y el sector privado, sector privado que se compone no solamente de las empresas, no solamente constructoras industriales, sino también el ámbito sindical, CCOO, UGT…
P: Hablando del ámbito laboral. ¿Cómo puede impactar el PERTE en el mercado laboral del sector?
R: Lo que va a hacer es generar más empleo, porque si aumentamos el número productivo de viviendas va a haber una necesidad mayor de trabajadores en el ámbito de la construcción.
En segundo lugar, pretendemos que se desmasculinice el sector. Hasta ahora es muy elevada la masculinización. Es un trabajo muy físico, en obra principalmente, y no ha sido proclive para que las mujeres se acercaran a él. Trabajar en una industria techada, en una producción en serie etc. es mucho más factible y eso va a provocar que haya muchas más mujeres que se incorporen en el ámbito del trabajo.
También, ir acercando a los jóvenes, que en las últimas décadas no han querido acercarse al ámbito de la construcción.
Creo que iremos recuperando ese empleo que en algún momento hubo en el ámbito de la construcción y que se fue perdiendo después de las últimas crisis.
P: Antes ha comentado trazas del Plan Estatal de Vivienda de 2026. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué otras medidas nutrirán el paquete?
R: El Plan se va a centrar en tres ámbitos fundamentales. El primero de ellos es la construcción de viviendas. Tenemos que aumentar la oferta de vivienda, la oferta de vivienda asequible, para que el mayor número posible de personas que necesitan vivienda puedan tener acceso a la misma. Esto se fundamenta en la construcción y en la colaboración entre administraciones, como son autónomas y ayuntamientos.
El segundo de ellos es continuar la senda de la de renovación, que ya hemos iniciado con el Plan de Recuperación. No nos preocupa solamente nuevas viviendas, sino la calidad de lo construido. Tenemos un parque de viviendas antiguo que tiene falta de eficiencia energética, falta de accesibilidad… Y eso provoca mucha pobreza energética en muchísimas viviendas.
Luego también tenemos que seguir ayudando a aquellos que tienen más dificultades económicas para acceder a una vivienda, a aquellos que por tener más inestabilidad laboral, como son los jóvenes, tienen dificultades, o también a aquellos otros que teniendo posibilidades, han caído sobrevenidamente en dificultades económicas para afrontar el pago de la misma.
P: ¿Podrían ampliarse los fondos, la financiación, para este PERTE?
R: Quiero ser prudente. Lo que tenemos son 1.300 millones. Esperemos que esos 1.300 millones se puedan utilizar, que se puedan absorber por parte de las empresas, y si ocurriera que el PERTE es exitoso y se consumen estos recursos, seguramente se podrían poner a disposición más financiación.
P: Recientemente se ha desbloqueado la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que proponen los socios del Gobierno, entre otros Sumar y ERC.
R: Siempre hemos peleado por ello. Uno de los mandatos de la Ley de Vivienda precisamente era establecer un grupo de trabajo que posibilitara propuestas que modificaran la Ley de Arrendamientos Urbanos, sobre todo para eliminar el fraude que en estos momentos se produce con los alquileres de temporada.
Los alquileres de temporada es evidente que son necesarios cuando son justificados por motivos de trabajo. Si alguien se desplaza a algún sitio necesita temporalmente una vivienda por motivos de estudios, tratamientos médicos en algún sitio de manera necesaria y puntual, pero actualmente los alquileres de temporada se están utilizando de manera fraudulenta para ocultar alquileres residenciales permanentes y eludir la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Hemos venido trabajando en esa línea, queremos que esa modificación se pueda producir y espero que pueda ser lo antes posible.
Desde el Ministerio hemos venido trabajando en instrumentos tan importantes como es el registro y la ventanilla única de arrendamientos temporales para tener un control de los mismos y para ir garantizando la causalidad del arrendamiento de temporada que evite ese fraude que le comentaba antes de los alquileres de temporada como alquileres residenciales.
P: ¿Se está midiendo el resultado de estas medidas? ¿Está funcionando el registro?
R: Está funcionando el registro, sí. Teníamos un periodo de seis meses. Hasta el 1 de julio tenemos un plazo para ir adaptándolo. Yo invito a todas las plataformas a que en este mes y medio que queda vayan registrando sus viviendas, porque eso va a garantizar la seguridad de los arrendadores, la seguridad de los arrendatarios y, sobre todo, que no haya un fraude.
Nuestra gran batalla ha sido evitar que las viviendas, que tienen que ser para que las personas vivan a diario, se conviertan en alquileres de temporada o se conviertan en alquileres de uso turístico. Nuestra principal preocupación y nuestro principal objetivo es que haya más número de viviendas residenciales y que, a la vez que construimos más, que las existentes puedan seguir siendo de uso residencial para las familias españolas.
Creo que se está trabajando una buena dirección. Intentamos solventar problemas no desde el punto de vista coyuntural, sino sobre todo, políticas estructurales que eviten en el futuro las situaciones que hemos venido arrastrando a lo largo de este tiempo.
Estamos haciendo posible que aquello que nosotros construimos o aquello que financiamos tenga una protección permanente para que esas viviendas, en algún momento que en otro periodo se descalificaron, no se descalifiquen y sigan siendo útiles para personas en las mismas condiciones que las que las adquirieron y para las cuales la Administración Pública puso dinero a su disposición.
P: Al hilo de esto, el PSOE ha registrado, en connivencia con Vivienda, una PL que incluye un paquete fiscal para garantizar vivienda asequible. Medidas como subir el IVA de los pisos turísticos al 21%, un nuevo impuesto, subidas para las SOCIMI al 25%… ¿Hay mayoría en el Congreso para sacar esto adelante?
R: El objetivo que se persigue con la PL es generar más vivienda en alquiler asequible y garantizar el acceso a una vivienda digna como establece el artículo 47 de la Constitución Española, regulándose diferentes medidas para conseguir este objetivo. La intención es conseguir las mayorías necesarias. Somos plenamente conscientes y conocedores de la dificultad parlamentaria, y por eso ya hemos abordado en el amplio campo que tenemos desde el Ejecutivo distintas acciones dirigidas a esta misma finalidad, y ahora lo que se persigue es ampliar esa visión con un carácter legal y hacerlo desde el Parlamento.
P: Con respecto a la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿se ha hablado con otros grupos? ¿Es optimista?
R: Quiero ser optimista porque es necesario. Es un reclamo por parte de la ciudadanía española porque son cada vez más los alquileres de temporada que, siendo alquileres residenciales habituales, se disfrazan como de temporada.
Creo que eso va en detrimento de los derechos del arrendador y del arrendatario. Tenemos que establecer mecanismos que eviten ese fraude y, sobre todo, que haga posible que la gente tenga seguridad a la hora de poder alquilar; y en ese objetivo están todas las formaciones políticas que estamos defendiendo estas propuestas, las del arco parlamentario de progreso de la izquierda. Estoy convencido de que seremos capaces de acordar soluciones.
P: ¿Ve un posible apoyo del Partido Popular en alguno de los elementos que hemos mencionado?
R: El Partido Popular está en la liberalización del suelo, en la liberalización del mercado, en el no control de los alquileres de temporada, en el no control de las viviendas de uso turístico, en dejar que todo lo que es el sector campe a sus anchas.
Creo que tenemos una obligación con un derecho constitucional, contemplado en el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Podremos tener el mejor sistema sanitario público, o el mejor sistema educativo público, o el mejor sistema de pensiones o de protección por desempleo; pero si la gente no tiene un espacio físico donde poder vivir, el estado y el bienestar social cojea. Esto es fundamental y esto es lo que no acaba de entender el Partido Popular.
Sé que la batalla es dura, porque tenemos a todo el espectro de la derecha, además el Partido Popular que se ha mimetizado con las posiciones que tiene Vox, la ultraderecha en España, y es muy difícil encontrarlos en el camino. Pero estoy convencido que las formaciones de progreso y las que están más centradas en el arco parlamentario serán capaces de visualizar este problema.
P: Se han anunciado también 35 millones para las CCAA que hayan declarado zonas tensionadas. ¿Cómo se va a disponer y cuándo?
R: Como anunció la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, hemos trabajado en la habilitación de una partida extraordinaria de 35 millones de euros para aquellas Comunidades Autónomas que estén tramitando o hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Ahora trabajaremos en una propuesta de Real Decreto que deberá aprobarse por Consejo de Ministros y que se impulsará lo antes posible, teniendo en cuenta el procedimiento administrativo que lleva la aprobación de un Real Decreto.
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