El Gobierno ha intensificado su apuesta por reforzar la seguridad en los entornos digitales, con iniciativas como el Proyecto de Ley de protección de menores en red, en cuyo marco prevé introducir restricciones al acceso de menores a redes sociales. En paralelo, el etiquetado de contenidos en internet se ha consolidado como uno de los ejes centrales del debate regulatorio, impulsado por la revisión en curso de la normativa tanto a nivel nacional como europeo.
Iniciativas como el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea —Digital Services Act— han introducido nuevas obligaciones para las plataformas en materia de gestión de contenidos, evaluación de riesgos y protección de usuarios, mientras que, simultáneamente, avanzan propuestas centradas en la verificación de edad y el control parental.
Con este escenario como telón de fondo, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, que reúne a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología y transformación digital, sostiene que la responsabilidad debe recaer en las plataformas digitales.
Actores clave
A su juicio, las plataformas digitales son los únicos actores con control efectivo sobre la publicación, clasificación y presentación de los contenidos. “Cualquier obligación relativa a la calificación por edades, etiquetado o descriptores debe recaer claramente en ellas, y no en actores sin capacidad de intervención directa, como operadores de telecomunicaciones o fabricantes de dispositivos”, señalan desde DigitalES a Demócrata.
Las plataformas digitales son los únicos actores con control efectivo sobre la publicación, clasificación y presentación de los contenidos
La discusión no es menor, ya que el etiquetado se perfila como una pieza esencial para que funcionen correctamente otras herramientas regulatorias. Según DigitalES, la eficacia de sistemas como la verificación de edad o los controles parentales depende de la existencia de un modelo de clasificación de contenidos “fiable y consistente”. De ahí que la patronal reclame un sistema homogéneo, claro y visible, estandarizado y comprensible tanto para menores como para sus familias, y presente de forma coherente en todos los dispositivos y servicios digitales.
Control parental, ¿quién lo asume?
El consenso político es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. La disputa es entre fabricantes y operadores; y entre los que se decantan por que los productos lo tengan activado por defecto y quienes optan por aplicarlo durante la configuración inicial.
Además, la organización subraya que el etiquetado no debe limitarse a una simple indicación de edad recomendada. Consideran necesario incorporar descriptores que informen sobre la naturaleza de los contenidos —violencia, sexo, lenguaje o conductas de riesgo— con el objetivo de reforzar la transparencia. Este enfoque entronca con prácticas ya consolidadas en otros ámbitos, lo que lleva a la patronal a pedir que el sistema digital se alinee con estándares existentes en el sector audiovisual, evitando así la fragmentación y mejorando la experiencia del usuario.
El posicionamiento de DigitalES se inserta, en definitiva, en un momento de redefinición de las reglas del entorno digital, en el que el reparto de responsabilidades entre plataformas, operadores y fabricantes, así como la concreción técnica de medidas como el etiquetado, marcarán la eficacia real de las políticas públicas en materia de protección de usuarios.
Contenidos IA, bajo lupa
El Reglamento de Inteligencia Artificial obligará a partir de agosto de 2026 a identificar de forma clara todo contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. La norma exigirá que textos, imágenes, vídeos o audios incluyan avisos visibles sobre su origen artificial, así como mecanismos técnicos que permitan su detección automatizada, con el objetivo de reforzar la transparencia y evitar engaños.
La obligación, recogida en el artículo 50, afectará especialmente a sectores como los medios, el entretenimiento, el marketing digital o las plataformas tecnológicas, aunque no será absoluta: solo se aplicará cuando la intervención de la IA sea sustancial y pueda inducir a error sobre la autenticidad del contenido.
El incumplimiento podrá acarrear sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación global —e incluso más en los casos más graves—, bajo la supervisión en España de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
De las etiquetas de contenido a las de productos
Tan importante es el correcto y transparente etiquetado de contenidos en internet como de los productos que permiten el acceso a la red. En este sentido, el Proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales, que se encuentra en tramitación parlamentaria pendiente de constituir ponencia, incluye la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos con conexión a la red informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje y en el manual de instrucciones.
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Los fabricantes son muy reticentes a la medida por dos motivos. En primer lugar, porque consideran que genera inseguridad jurídica, ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico, pues dependen de factores individuales. Por otro lado, esgrimen que incrementaría el uso de papel (manuales y etiquetas) y tinta.
Como alternativa, el sector plantea a los grupos parlamentarios que se pueda integrar la información en la página web o en un formato digital fácilmente accesible, además de que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen una etiqueta con información estandarizada para que sea uniforme, independientemente del fabricante.
En una entrevista con Demócrata, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explica que el Gobierno está digiriendo todas las enmiendas y que la decisión podría ejecutarse a través de un desarrollo reglamentario posterior.
