QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Lejos de limitarse a un plácido intercambio entre socios de Gobierno, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, aprovechó su intervención durante el debate de investidura para evidenciar las costuras de la alianza de su formación con el PSOE.
La vicepresidenta de Trabajo en funciones no sólo avanzó al Congreso medidas que piensa poner en marcha el futuro Gobierno de coalición, sino que también expresó sus diferencias con su socio y reveló medidas que el PSOE se había resistido a aceptar en la negociación.
La reforma fiscal
El ámbito más evidente fue el fiscal, para el que Díaz asegura que, a diferencia del PSOE, en Sumar pretenden una «reforma íntegra de la política de ingresos», en base a criterios sociales, feministas y ecológicos.
Pese a que ambas formaciones acordaron en el programa de Gobierno acometer una reforma del sistema tributario, este apartado apenas concretaba medidas, más allá de la adaptación de los impuestos a la banca y a las energéticas para darles continuidad y el tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.
Otra de las medidas a incluir es la de equilibrar la relación entre rentas de capital y trabajo en la tributación en el IRPF, ya que las segundas aportan el 85% de la recaudación, según ha dicho Díaz. Sin embargo, no se fija ninguna cifra ni objetivo.
Según ha comentado la líder de Sumar, su formación pretende aplicar el IVA a los servicios sanitarios y educativos facturados por el sector privado, y no eximirlos como hasta ahora, y también rechaza las desgravaciones fiscales a los propietarios de vivienda.
Desgravaciones en vivienda
En su intervención, ha criticado las desgravaciones del 15% por la compra de vivienda, una rebaja fiscal en el IRPF eliminada por el PP durante la última la crisis financiera, si bien sigue aplicándose para aquellos contribuyentes que firmaron su hipoteca antes de 2013.
Desde el equipo de la vicepresidenta segunda en funciones aseguran que las deducciones a las que se refería Díaz eran aquellas deducciones contempladas en la Ley de Vivienda para aquellos propietarios que asumieran rebajas en la renta del alquiler de sus inquilinos.
También ha expresado su disconformidad la líder de Sumar en la ausencia de una de sus medidas estrella, la prestación de 200 euros por hijo a cargo para todas las personas, insistiendo en el valor de la universalización de las medidas como receta para la garantía de los derechos sociales.
Cómo abordar la política industrial
Finalmente, Díaz ha puesto el foco en dos aspectos de la política industrial, uno de los ministerios en los que precisamente su coalición había reclamado para gestionar en el futuro Gobierno de coalición.
Por un lado, ha criticado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sus empresas públicas sigan dependiendo del Ministerio de Hacienda.
También ha reclamado nuevas modalidades de financiación pública para los proyectos industriales. «No compartimos con ustedes que, para emprender y desarrollar la industria, nos limitemos a la financiación convencional. Los países de nuestro entorno tienen fórmulas de financiación de carácter público. Eso es lo que deberíamos hacer en España», ha dicho.
