Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el año pasado su determinación de llevar a cabo lo que él llamó Plan de regeneración democrática, los medios de comunicación han permanecido en el punto de mira. Tras la aprobación en primera vuelta, en enero, del anteproyecto de una nueva ley reguladora del derecho a rectificación, ha llegado el turno de la transparencia en los medios.
Para ello, el Ejecutivo daba luz verde a la futura Ley para la Mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno, también en primera vuelta, hace quinces días. El texto, conocido en el proceso de audiencia pública, pretende proteger por una parte a los consumidores o usuarios de servicios digitales, mientras que dedica la segunda parte de su articulado a exigir a los editores de prensa mayor rendición de cuentas en lo que a la estructura de la propiedad de los medios y la financiación pública se refiere. Se aborda, también, la evaluación y autorización de concentraciones en el mercado de medios.
Con esta norma se pretende resolver la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de parte del Reglamento (UE) 2024/1083, para establecer un marco común para los servicios de medios de comunicación y de modificación de la Directiva comunitaria que armoniza ciertos aspectos de las regulaciones nacionales en esta materia. Para cumplir su objetivo, el anteproyecto del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública estipula cambios en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
