QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Apaciguado el incendio de la futura tasa para financiar la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el Congreso ha abierto la puerta a nuevas tasas en otros servicios de carácter básico, como pueden ser el suministro de energía, la telefonía o el transporte.
El proyecto ya contemplaba la modificación de la Ley 8/1989 de tasas y precios públicos, para permitir el establecimiento de una nueva dirigida a sostener económicamente la nueva autoridad.
Ahora, los grupos del Gobierno han aceptado el envite de Esquerra Republicana, que proponía ampliar esta nueva habilitación y extenderla a la resolución extrajudicial de conflictos en servicios básicos.
Concretamente, la enmienda planteada por ERC y finalmente incorporada al proyecto, permite el establecimiento de tasas “a las empresas prestadoras de servicios básicos con un alto volumen de reclamaciones”.
En el momento de registrar la enmienda, esta formación justificaba que la posibilidad de cobrar mediante tasa el coste de la gestión administrativa de las reclamaciones de determinadas entidades no debía limitarse a las entidades financieras.
Por ello, defendían esta modificación introducida ahora para posibilitar que las diferentes administraciones aprueben tasas para la gestión de las reclamaciones en los diferentes sectores de actividad y en materias de su competencia.
La enmienda fue utilizada para reformar las subvenciones
Curiosamente, esta enmienda fue la que dio pie a la incorporación ‘in voce’ de varias propuestas ajenas por completo a la tramitación del proyecto, como la reforma de la Ley General de Subvenciones para permitir el acceso a fondos públicos a empresas incumplidoras con la Ley contra la morosidad –incluso de forma retroactiva, en convocatorias ya abiertas–.
También otra reforma para dar seis meses a las industrias gasintensivas para ponerse al día con sus proveedores y así acceder a la línea de ayudas de 450 millones de euros aprobada en diciembre de 2022.
La enmienda fue registrada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, y la parte dedicada a la fijación de tasas fue aprobada con el voto en contra de PP y Vox.
El PP había exigido la votación por puntos de la enmienda para avalar su incorporación ‘in voce’ a las votaciones –exige unanimidad–, ante las dudas que suscitaba en sus filas la disposición transitoria que permitía el acceso de empresas morosas a procesos ya iniciados. Creen que la medida es claramente inconstitucional.
La referencia de la Ley de atención a la clientela
La propuesta aprobada no define a qué sectores se podría aplicar esta tasa, más allá de señalar a empresas prestadoras de servicios básicos.
Sin embargo, como referencia, el Congreso ha acotado recientemente el alcance de servicios básicos en el proyecto de ley de servicios de la atención a la clientela, aprobada y enviada al Senado el pasado 27 de abril.
En esta norma se consideran servicios de carácter básico de interés general los servicios de suministro y distribución de agua y energía, transporte, servicios postales, comunicaciones electrónicas (incluidos los telefónicos) y los financieros. Se excluyeron, aunque sí fueron contemplados en un principio, los de comunicación audiovisual cuando fueran de pago o se exigiera un registro.
