La digitalización impulsada en la última reforma de la Ley del Notariado tendrá efectos sobre su arancel. El Gobierno plantea un importe de 60 euros por la generación del expediente electrónico, su conservación y las diligencias consecuentes que obliga el protocolo electrónico regulado en la norma.
Esta es la propuesta realizada por el PSOE, a través de una enmienda registrada en el Congreso al proyecto de ley derivado del Decreto-ley 6/2023, el conocido como decreto-ley ómnibus aprobado a finales del año pasado, que sirvió para aprobar de un plumazo varias normativas, o parte de ellas, comprometidas con la Comisión Europea y que habían quedado pendientes al concluir la legislatura.
En ese decreto, ahora proyecto de ley, el PSOE plantea modificar el Decreto 1426/1989 por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, y reflejar en él los cambios previstos en la reforma.
La formación mayoritaria del Gobierno defiende, por razones de predictividad, un importe fijo (60 euros), aunque propone bonificaciones en base a la capacidad económica del otorgante y al carácter social del negocio jurídico documentado.
Bonificaciones entre el 25% y 100%
Para aquellos documentos sin cuantía y aquellos con una cuantía de hasta 12.000 euros de base arancelaria se prevé una bonificación del 50%. Y para los poderes para un pleito, un 75%.
La compra de vivienda de protección oficial de régimen especial, por ejemplo, tendría una bonificación del 100%, al igual que toda escritura pública, acta o póliza que otorguen personas en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género.
En caso de tratarse de una vivienda de protección oficial de régimen general, la bonificación propuesta es del 75%.
También estaría bonificado el arancel, en un 25%, en la compra de de vivienda por debajo de 200.000 euros cuando el adquiriente sea menor de 36 años.
Finalmente, también quedarían bonificadas las escrituras públicas de medidas de apoyos voluntarios y autotutela, las de poderes preventivos y las actas de constancia de guardas de hecho de menores y mayores discapacitados, con un 75%.
Reforma de la Ley del Notariado
El cambio en el arancel es consecuencia de la reforma de la Ley del Notariado incluida en la Ley 11/2023, que traspuso varias directivas europeas la pasada legislatura en un sólo proyecto y contempló, entre otras medidas, la generación la matriz en formato electrónico.
A partir de entonces, la matriz, que hasta ahora únicamente se generaba en papel, debe conservarse también en soporte digital. Ello ha obligado a establecer un protocolo electrónico, del que el Estado es titular y el notario autorizante custodio.
Este protocolo electrónico debe conservarse encriptadamente en el Consejo General del Notariado, a disposición del notario custodio y plenamente legible durante, al menos, cien años, garantizando que cualquier migración de soporte no provoca ninguna pérdida de información ni afecta a su legibilidad.
Frente al régimen anterior, que sólo permitía la entrega de la copia autorizada electrónica a jueces, fiscales y administraciones públicas, la reforma permite la entrega a cualquier persona física o jurídica.
Ello conlleva la necesidad de generación de un código seguro de verificación (csv), como medio a través del cual, con carácter permanente, se garantiza la indemnidad y se permite conocer las notas de coordinación y de modificación, y las comunicaciones judiciales y administrativas, que deben incorporarse en el protocolo electrónico.