QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una iniciativa cuyo propósito es garantizar los derechos de los jóvenes en el ámbito digital, especialmente en lo que respecta al derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Para ello, entre otras cosas, se prohibirá a menores de 16 años registrarse en redes sociales y las cajas botín (loot boxes) de videojuegos a los menores de 18.
El anteproyecto de ley se compone de medidas que pretenden profundizar en la concienciación de las familias y mejorar el conocimiento de los propios menores sobre los riesgos de la red. En paralelo a esta labor, se modificará la legislación, incluido el Código Penal, para sancionar de forma adecuada la vulneración de derechos que puedan producirse en este entorno, como por ejemplo, la difusión de imágenes generadas por Inteligencia Artificial, imponiendo obligaciones a grandes operadores e influencers.
El texto prohíbe el acceso de los menores de edad a los denominados loot boxes, esto es, mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas. Asimismo, se obligará a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer enlaces a los canales de denuncias y a los influencers a avisar en caso de que el contenido que estén difundiendo sea potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral.
Deepfakes
Los deepfakes son vídeos hiperrealistas que simulan la realidad tanto a nivel visual como auditivo de tal manera que consiguen generar falsas imágenes y/o voces de personas. Según la compañía de investigación Sensity AI, entre el 90% y el 95% de ellos están relacionados con la pornografía, afectando fundamentalmente a mujeres, lo que a su vez, aumenta el riesgo a casos de acoso y otras formas de violencia de género.
La ley pretende modificar el marco legal para tipificar como delitos los deepfakes pornográficos. También regulará el alejamiento online, introducirá el denominado grooming (engaño online a menores) como circunstancia agravante en diferentes delitos contra la libertad sexual de menores y se reforzará la tipificación de la difusión de material pornográfico a los niños y niñas.
En cuanto a la edad mínima para dar consentimiento del tratamiento de datos personales, se elevará de 14 a 16 años, por lo que, de facto, no podrán registrarse en redes sociales.
Este punto es uno de los más conflictivos dada la dificultad de implementación. El pasado mes de diciembre la Agencia Española de Protección de Datos ya presentó un sistema de verificación de edad y se prevé que esté lista en el verano de 2024. Se desconoce aún si se trata de una aplicación, un código QR o un certificado digital. Sí que ha trascendido que el mecanismo tratará el atributo de la edad sin que la identidad de la persona sea accesible para páginas web
Educación y Sanidad
La norma obligará a los poderes públicos a elaborar una Estrategia Nacional sobre la protección a la infancia y la adolescencia en entornos digitales. Concretamente, se habrán de impulsar campañas específicas de sensibilización, haciendo especial hincapié en el consumo de material pornográfico.
También se investigarán los efectos de la tecnología en el desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes.
En el ámbito educativo, se articularán planes de formación específica con educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática y sobre la privacidad y la propiedad intelectual.
Por su parte, en el ámbito sanitario, se dispondrán medidas para detectar, prevenir y atender a los menores con patologías asociadas al uso inadecuado de dispositivos.
