QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Más de cinco meses después desde que el Pleno del Congreso de los Diputados tomara en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre regularización extraordinaria de migrantes impulsada por la organización Regularización ya, el Gobierno cierra un acuerdo para concretarla. El Grupo Socialista y Sumar pactaron cerrar el plazo de enmiendas y este miércoles han registrado una conjunta que, a falta de negociar con sus socios parlamentarios, ampliaría el marco temporal de los potenciales solicitantes.
El Ejecutivo mantiene de la ILP original la reforma de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería). El texto original solicitaba que el Gobierno, en un plazo de seis meses, aprobase un Real Decreto para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021; mientras que con la enmienda de los socialistas y de Sumar, podrán acceder a una autorización de residencia y/o trabajo todas aquellas personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio nacional antes del 31 de diciembre del 2023.
Asimismo, introducen que la autorización estará sujeta a motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios.
Algunos socios piden más
Si bien es cierto que el Gobierno ha ampliado el marco temporal de estancia para solicitar la autorización de residencia y/o trabajo, a sus socios habituales aún les resulta insuficiente.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Podemos y el BNG (ambos adscritos al Grupo Mixto) han registrado una enmienda conjunta en la demandan que puedan pedirlo todos los extranjeros que se encuentren en territorio español en el momento de la entrada en vigor de la presente norma.
Solo con contrato
El PNV, por su parte, ha registrado una enmienda con el objetivo de vincular la concesión de la autorización de residencia con la existencia de un contrato de trabajo. Así, la formación jeltzale propone que, en el plazo de desde la entrada en vigor de la ley, “las personas empresarias o empleadoras que pretendan contratar a una persona extranjera que se encuentre en el territorio estatal antes del 1 septiembre de 2024 puedan solicitar que se le otorgue una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena”.
El periodo de vigencia será de dos años y la persona extranjera podrá presentar “ulteriores solicitudes de autorización”.
Para ello se tendrán que cumplir algunas condiciones, como que la persona trabajadora figure empadronada en un municipio del Estado, al menos, con seis meses de anterioridad a la entrada en vigor de la norma y que se encuentre en el Estado en el momento de realizar la solicitud.
Además, que en el contrato de trabajo la persona empresaria se comprometa al mantenimiento de la prestación laboral por un periodo de seis meses, salvo en algunos sectores con ciertas especificidades, como son el agrario, hostelero o el de la construcción, o en el caso de quienes trabajen a tiempo parcial.
Podrían solicitar igualmente la concesión las personas extranjeras que pretendan desarrollar su actividad en el ámbito del servicio del hogar familiar.
Junts, en el ‘no’
El Grupo Parlamentario de Junts propone únicamente que el Gobierno estudie una propuesta de regularización y la remita a las Cortes para valorarla, teniendo además en cuenta “los cambios normativos que se produzcan, como es la transferencia de competencias en inmigración en el caso de Catalunya”.
A su juicio, la fundamentación de la ILP “es del todo insuficiente” para justificar una propuesta de modificación legal del calibre planteado.
Proceso individualizado
El Partido Popular ha registrado enmiendas para que la regularización sea “individualizada” y manteniendo como fecha las personas que se encontrasen en territorio nacional antes del 1 de noviembre del 2021 y no sean reincidentes por delitos menos graves o leves, ni tengan antecedentes penales no cancelados.
Asimismo, el PP espera que cada solicitante acredite inserción o arraigo mediante un contrato de trabajo o una propuesta de empleo a formalizar; un documento que manifieste actividad económica continuada por un tiempo no menor a un año; contar con un proyecto viable; o solicitar protección internacional.
Por último, los de Alberto Núñez Feijóo exigen que el Gobierno acompañe la regularización con una planificación detallada de recursos materiales y humanos.
