El Gobierno ha aprovechado la tramitación del Proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública para impulsar la prohibición de que las universidades y centros privados paguen a empresas para asegurar a sus alumnos plazas para prácticas.
Los grupos que conforman el Ejecutivo, PSOE y Sumar, han registrado una enmienda al proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario. El propósito es añadir al articulado la prohibición expresa a que los centros educativos puedan alcanzar acuerdos con entidades que conlleven una contraprestación.
En los Planes de Estudio de Grado y Máster es obligatoria la realización de prácticas para complementar la formación académica. Es habitual que algunas universidades y centros de titularidad privada pacten con empresas un número fijo de plazas para sus alumnos a cambio de una “donación” o similar.
Con el propósito de “salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas”, PSOE y Sumar prevén aprobar la enmienda para incluir en la Ley del Sistema Universitario que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas oficiales puedan suscribir acuerdos con empresas, instituciones, entidades u organismos para asegurar las prácticas del estudiantado; pero “no podrán vincularse a contraprestación o donación” ni por parte de los centros ni a través de fundaciones relacionadas.
Asimismo, se insiste en que las prácticas han de mantener el carácter formativo, por lo que en ningún caso se establecerán obligaciones propias de una relación laboral y tampoco podrán sustituir puestos de trabajo.