QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno quiere completar la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia realizada la pasada legislatura con la medida que acaparó más titulares: un endurecimiento de las sanciones por infracciones de la normativa de competencia con multas de hasta 400.000 euros para directivos de las empresas.
La propuesta se tramita ya en el Congreso como enmienda del PSOE al proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, iniciativa que espera en la Comisión de Economía a la discusión de las propuestas de los grupos, tras cerrar el pasado miércoles su plazo de enmiendas parciales.
La reforma, además, actualiza el importe de las sanciones cuando no sea posible delimitar el volumen de negocios de la empresa infractora de las normas de la competencia.
La LDC establece castigos en relación al volumen de negocios mundial total de la empresa en el ejercicio anterior a la sanción, con multas de un 1% del mismo para las infracciones leves, un 5% para las graves y un 10% para las muy graves.
El PSOE propone en su enmienda precisar que estas sanciones se calculen como un porcentaje respecto al volumen de negocios mundial de toda la empresa o la asociación de empresas y que, si no es posible precisarlo respecto al ejercicio anterior, se refiera al último ejercicio disponible.
Cuando no sea posible delimitar el volumen de negocios mundial, la ley prevé una horquilla para cada tipo de infracción, que el grupo mayoritario del Gobierno también pretende actualizar.
Concretamente, propone elevar el castigo máximo a las infracciones leves hasta el millón de euros –ahora mismo están entre los 100.000 euros, mínimo que el PSOE suprime, y los 500.000 euros– y establecer un tope de 50 millones de euros para las infracciones de mayor gravedad, para las que no existe ahora ningún máximo –sólo tienen como referencia un mínimo de 10 millones–.
La propuesta también precisa que el importe de las multas se determinará «motivadamente y de conformidad con el principio de proporcionalidad».
En la justificación de su enmienda, el PSOE defiende que los nuevos límites son «adecuados y proporcionados conforme al derecho comparado y a los existentes en otros regímenes jurídicos» y que «garantizan un suficiente elemento disuasorio».
En el caso de las sanciones a los directivos, la enmienda eleva sustancialmente el castigo máximo a los representantes legales o directivos de la empresa que hayan intervenido en la conducta delictiva, que pasaría de los 60.000 euros actuales hasta los 400.000 euros.
Además, se precisa en la norma que el cálculo de la multa se realizará atendiendo a la participación de estas personas en la infracción.
El PSOE justifica la cantidad elegida en las sanciones establecidas en el Decreto Legislativo 4/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que prevé sanciones complementarias de este alcance a administradores o directivos en el caso de las infracciones más graves (art. 306).
