QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En plenas negociaciones de Hacienda y sus socios para diseñar el futuro impuesto energético, la votación más inmediata en el Congreso no será para decidir su continuidad, sino su derogación.
El PP ha aprovechado su mayoría en el Senado para tratar de dar la puntilla al impuesto e impedir su prórroga automática antes del 31 de diciembre.
Los ‘populares’ han impulsado la derogación del gravamen a través de una enmienda al paquete fiscal que ya forma parte del texto que la Cámara Alta enviará al Congreso la próxima semana.
La derogación, aprobada este miércoles en la reunión de ponencia junto al resto de enmiendas del PP, obligaría al Gobierno a crear de cero el gravamen ya que no podría prorrogarlo con una simple extensión de su alcance temporal vía decreto-ley: tendría que crear un nuevo gravamen.
En manos de Junts y PNV
Y, además, deja en manos de Junts y el PNV dar carpetazo a una figura de la que han renegado reiteradamente, desvinculándose de cualquier negociación para darle continuidad.
El propio portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha insistido estas las últimas semanas en su rechazo a salvar el gravamen, alegando que esta figura queda al margen del Concierto económico suscrito entre la Administración General del Estado y el País Vasco.
La derogación tiene implicaciones políticas evidentes. La votación podría evidenciar el rechazo de la Cámara a esta figura, y daría al traste con los esfuerzos de los socios del Gobierno por crear un nuevo impuesto a través de una proposición de ley.
También podría impedir la discusión de su continuidad con un debate específico, como el que tendría lugar cuando la Cámara examinara la proposición de ley o la prórroga del gravamen a través de un decreto-ley.
Una de las bazas que juegan Podemos, ERC y Bildu es, precisamente, retar a Junts y PNV a retratarse como responsables de librar a las energéticas de contribuir con un pago adicional a las arcas públicas. La votación de la enmienda, sin un debate propio, rebajaría en buena medida su impacto en la opinión pública.
¿Es viable crear un gravamen con un decreto-ley?
Y, además de políticas, la derogación del gravamen también tiene implicaciones técnicas. Para darle continuidad antes del 31 de diciembre, tal y como comprometió a ERC, Bildu, Podemos y BNG, el Gobierno tendría que impulsar de nuevo su creación, con la duda de si es jurídicamente viable impulsar un nuevo gravamen por la vía del decreto-ley.
Para poner en marcha los gravámenes a banca y energéticas, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no utilizó la vía del decreto; recurrió a sus grupos parlamentarios para registrar en el Congreso una proposición de ley.
Sí que empleó un decreto-ley para aprobar su extensión a finales del año pasado, tal y como ha comprometido ahora el Ejecutivo a sus socios de izquierda para antes del 31 de diciembre.
La creación de nuevo del gravamen por decreto-ley abriría la puerta a la interposición de recursos de inconstitucionalidad, ante la duda de que el Gobierno no pudiera justificar la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Carta Magna para aprobar normas con este instrumento.
Y, para ello, no podría servirse de los mismos argumentos que legitimaron la creación del gravamen actual, aprobado en un contexto de excepcionalidad, en plena crisis energética por los elevados precios del gas.
Aún hay más
No es la única traba planteada por el PP para entorpecer una hipotética modificación del gravamen. Los ‘populares’ han incorporado al paquete fiscal dos exigencias más que retrasarían los planes del Gobierno para el gravamen.
Una de ellas obligaría al Ejecutivo a consultar al Consejo de Estado si quisiera aprobar cualquier modificación de los gravámenes por decreto-ley –no sólo el energético, también el dirigido al sector financiero– para que evaluara la necesidad de hacerlo a través de este instrumento y no con un proyecto de ley.
Por otro lado, buscan que cualquier modificación normativa que afecte a la financiación de las comunidades autónomas y suponga su participación en la gestión –como prevé el nuevo impuesto a la banca– exija informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiero.
