QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para atajar la violencia en el ámbito sanitario. Con el propósito de proteger a los profesionales sanitarios plantean medidas como la contratación de un seguro colectivo que cubra posibles gastos jurídicos derivados de conflictos, la instalación de sistemas de videovigilancia y la obligatoriedad de contar con planes de prevención.
La Organización Internacional del Trabajo reconoce la violencia en el lugar de trabajo como un peligro ocupacional que ha de ser prevenido y evitado. En el caso de los profesionales sanitarios, por las características de su trabajo, están especialmente expuestos a sufrir agresiones y situaciones de violencia. Por ello, el Grupo Popular urge a esbozar un marco regulatorio específico que los proteja y ofrezca y refuerce la seguridad, tanto en el sector público como en el privado.
Obligaciones del empleador
El propósito de la iniciativa es regular medidas mínimas y básicas a implantar por parte del empleador en los centros de trabajo.
Una de ellas es la obligatoriedad de contar con un Plan de prevención, elaborado previa consulta con los propios trabajadores. También deben articular programas para mantener la participación de los profesionales sanitarios y evaluar los riesgos en función de factores como:
- Asistencia a pacientes con historial de adicciones.
- Asistencia sanitaria domiciliaria.
- Pobreza ambiental.
- Acceso a puertas de salida.
- Tiempo de espera de pacientes.
Medidas
El texto impulsado por el PP sugiere disponer de medidas de carácter estructural como sistemas de videovigilancia en pasillos, salas de espera y admisión; dispositivos de alarma sonoros.
También recomienda medidas activas como incluir en la historia clínica del paciente si tuviera antecedentes de violencia; y organizativas como reducir los tiempos de espera, la ratio, evitar situaciones de estrés e implantar protocolos más adecuados para tratar con familiares y pacientes.
Para garantizar el cumplimiento de los planes diseñados, el empleador designará a trabajadores encargados de velar por ello. El nombramiento de los delegados de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario recaerá en miembros del correspondiente órgano de representación unitaria de los trabajadores.
Los profesionales sanitarios siempre gozarán de presunción de veracidad en los casos en que el acto denunciado se hubiere cometido en un espacio reservado o sin testigos.
Asimismo, los actos de violencia se considerarán como accidentes de trabajo y los profesionales sanitarios tendrán derecho al apoyo psicológico que requieran.
Seguro
El empleador deberá contratar un seguro que garantice al personal víctima de un acto de violencia la gratuidad de los servicios jurídicos que precisen para su defensa y reparación del daño causado, así como el resarcimiento económico de los perjuicios físicos o psíquicos derivados.
Registro y campañas
La iniciativa, de prosperar, comprometería al Ministerio de Sanidad a crear un Registro Nacional en el que se inscribirían todos los episodios de violencia, identificando tanto a la víctima como al agresor.
Por último, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la mano de Sanidad, crearía un Observatorio Nacional contra la Violencia en el ámbito sanitario; y se impulsarían campañas de sensibilización desde el Gobierno de manera bienal.
