El Partido Popular se valdrá de su mayoría absoluta en el Senado para incorporar a la Proposición de Ley de donantes en vivo de órganos el único elemento que motivó su rechazo en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: que la potestad para ampliar los colectivos beneficiados por la nueva norma no sea del Gobierno, sino que deban tramitarse en las Cortes Generales.
La Proposición de Ley para la mejora de la protección de las personas de donantes en vivo órganos y tejidos para su posterior trasplante regula el supuesto especial de incapacidad temporal para amparar a trabajadores en procesos de donación de órganos y tejidos. El texto suscitaba un amplio concierto hasta que los grupos que componen el Gobierno, PSOE y Sumar, incorporaron una enmienda durante la ponencia para fijar un plazo de dos años para evaluar los efectos de la nueva ley y, en caso de que se haya registrado un incremento tangible y real del número de personas donantes vivas, se propondría una extensión de la misma protección a colectivos que, a día de hoy, no podrían beneficiarse, como es el caso de los autónomos y/o los desempleados.
He aquí el punto de fricción. Los populares no solo pretendían que se extendiera a los autónomos, sino que entienden que al no citar concretamente los colectivos que serían potenciales beneficiarios, queda muy desdibujado. Además, aún aceptándolo, exigían que la extensión de estos nuevos permisos pasara por las Cortes Generales, lo que no fue aceptado en comisión.
El diputado del PP y ponente de la ley, Antonio Cavacasillas, defendió que era condición sine qua non que, al menos, se comprometieran a tramitar posibles futuras ampliaciones en Congreso y Senado. Sin embargo, la diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero, argumentó que se estaría limitando la acción del Gobierno y dilatando el proceso al tener que superar una tramitación parlamentaria.
Dado el rechazo, el PP ha aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para introducir una enmienda de modificación a la Disposición adicional única sobre Seguimiento de la norma con el propósito de establecer que el Gobierno elabore en un plazo de dos años un informe de evaluación y ampliación de su ámbito de aplicación. Esta posible extensión sería remitida a las Cortes para su tramitación.
Más cobertura
El propósito de la ley es otorgar a las personas donantes una cobertura lo más amplia posible, configurando los procesos de donación como supuestos especiales de incapacidad temporal, con un régimen específico de protección, para los trabajadores por cuenta ajena y funcionarios públicos.
Las donaciones de órganos no solo implican una intervención quirúrgica, con todo lo que ello conlleva, sino un periodo en el que, en caso de ser trabajador por cuenta propia o ajena o funcionario público, requiere asistencia sanitaria y se encuentra impedido para el trabajo.
De igual forma, con carácter previo a la cirugía de extracción del órgano, existen distintos actos que requieren a la persona y van desde la naturaleza sanitaria, como pueden ser pruebas, hasta trámites burocráticos que exigen la ausencia del trabajo durante toda la jornada laboral o parte de ella.
La iniciativa dibuja estos nuevos derechos para trabajadores por cuenta ajena, funcionarios, Administración de Justicia, Fuerzas Armadas y el régimen especial del sector pesquero-marítimo.
Aunque en la actualidad los procesos de donación de órganos ya tienen cobertura a través de la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, el PSOE impulsó una proposición de ley para “reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquellas bajas laborales por donación de órganos para su trasplante, de tal manera que para tener derecho a la prestación no se exigirá ningún período previo de cotización, cubriendo tanto los días discontinuos como ininterrumpidos, en que el donante no pueda prestar servicios debido a la preparación médica de la cirugía, como los transcurridos desde el día del ingreso hospitalario para la realización de esta hasta que sea dado de alta por curación”.
Por otra parte, se propone también modificar el Estatuto de los Trabajadores y articular un permiso retribuido por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de información, “para la realización de los preceptivos informes y exámenes clínicos, incluida la exploración médica, previos a la determinación de idoneidad de los donantes vivos y de sus órganos, así como para la prestación del consentimiento, siempre que deba tener lugar dentro de la jornada de trabajo”.
En definitiva, el propósito es cubrir aquellas ausencias necesarias que, por no consistir en actos médicos, ni alcanzar en su duración toda la jornada médica, no queden cubiertas por la situación especial de incapacidad temporal.
La iniciativa recoge que quedarían bajo este paraguas legislativo los trasplantes de órganos como riñón, hígado, pulmones, páncreas, córnea, corazón, hueso, tubo digestivo, médula ósea, etc.; y durante la ponencia, se incluyeron también las donaciones de tejidos.