Superada la votación de totalidad, la Ley de Movilidad se encamina hacia la discusión de modificaciones parciales. La pasada legislatura los grupos registraron casi un millar de enmiendas, un volumen que el Grupo Socialista trabaja por reducir desde hace semanas para el segundo asalto parlamentario del proyecto.
Según informan a Demócrata fuentes parlamentarias y de grupos de interés que han mantenido reuniones para explicar sus propuestas, desde la formación mayoritaria del Gobierno trasladan su negativa a incluir en la ley modificaciones de carácter fiscal.
Y, más concretamente, que esas reticencias a introducir cambios tributarios proceden del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Un portavoz oficial de este departamento aseguró no tener constancia de ningún posicionamiento al respecto.
En el Grupo Socialista niegan haber trasladado a grupos o asociaciones este rechazo, pero sí reconocen su posición contraria a incluir enmiendas que afecten al sistema tributario: «Temas fiscales no vamos a tratar, es una ley de movilidad», sostiene uno de los diputados encargados de negociar en el Congreso el proyecto.
Puente ya avisó: «No es esta la ley para abordar cambios fiscales
La posición del Gobierno, en todo caso, es pública al respecto. Tras las advertencias lanzadas en las semanas previas, el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aprovechó el primer debate parlamentario del proyecto para lanzar un aviso al resto de los grupos.
«No es esta la ley donde se tienen que abordar los cambios fiscales. La fiscalidad ‘verde’ va mucho más allá y debe de tratarse de forma global«, defendió el ministro en tribuna.
Puente esgrimió que «el Gobierno está trabajando en profundidad» en esta materia y que lo «abordará de forma integral, no con medidas aisladas de reforma de determinados impuestos».
Una reforma en estado de espera desde 2018
Esta fiscalidad ‘verde’, en la que España sale especialmente señalada por su ausencia en las recomendaciones de organismos internacionales, se esperaba en la reforma fiscal, una de las grandes promesas del PSOE desde antes de su regreso al Gobierno en junio de 2018, con María Jesús Montero como responsable de Hacienda.
Tras más de seis años al frente del Ministerio, la reforma aún no ha visto la luz. Y el actual equilibrio parlamentario, con una mayoría más precaria que nunca, no es el escenario más propicio para llevarla a cabo.
El acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos la pasada legislatura contenía la aprobación de esta reforma –bastaban entonces con los votos de ERC y Bildu para lograr mayoría absoluta–, pero Hacienda la condicionó a las conclusiones de un grupo de trabajo. Cuando vieron la luz, en marzo de 2022, la ministra aclaró que, en plena crisis energética y de precios desatada por la invasión rusa de Ucrania, las medidas planteadas no eran viables.
El escenario de crisis sí propició tres nuevos gravámenes a entidades de crédito, grandes energéticas y grandes fortunas, pero la fiscalidad ‘verde’ volvió a quedar en espera.
A falta de reforma, enmiendas
Las propuestas, en todo caso, fueron rescatadas como enmiendas al proyecto de ley por parte de uno de los socios del Gobierno, Unidas Podemos. Entre ellas, un rediseño de la fiscalidad en el Impuesto de Matriculación para aplicarlo en función del volumen y peso de los vehículos, una equiparación del diésel con la gasolina en el Impuesto sobre Hidrocarburos y nuevos impuestos sobre el queroseno y cualquier combustible fósil utilizado en la aviación y el transporte marítimo.
Las estimaciones realizadas por el grupo de expertos para la reforma fiscal estimaron el impacto recaudatorio de estas medidas en hasta 6.500 millones de euros adicionales para las arcas públicas.
Otros partidos, como ERC, PDeCAT, Bildu o Más País también plantearon cambios en materia tributaria. Por ejemplo, para facilitar desgravaciones a empresas que realizaran pagos en especie de tarjetas de transporte público o rebajas del IVA aplicado a la compraventa de bicicletas.
Las limitaciones de Hacienda para vetar enmiendas
Además del rechazo a las enmiendas como posición estratégica durante el debate del proyecto, el Gobierno tiene la posibilidad de vetar cualquier propuesta que suponga un aumento de gasto o una minoración de ingresos, por lo que podría vetar incentivos fiscales.
Las subidas de impuestos, en todo caso, quedarían fuera de los vetos gubernamentales. Pero es que incluso el alcance de esta prerrogativa está en cuestión, ya que la jurisprudencia limita todo veto al presupuesto en vigor, y no sobre aquellos aún no aprobados.