(Actualización de la noticia a las 10:15 de este miércoles)
El nuevo modelo para la representación de acciones colectivas en materia de consumo se cae de la reforma de eficiencia judicial. El PSOE ha aceptado retirar esta parte de la reforma ante la falta de apoyos y la exigencia de los socios en los que debe apoyarse para aprobar el proyecto.
Según informan a Demócrata fuentes del Grupo Socialista, se aceptará una enmienda para suprimir todo este apartado en la ley para tramitar las medidas de manera separada en otro proyecto.
ERC y Junts no querían la reforma en la ley. Tampoco el PP, que centró su oposición en el debate de totalidad —trató de devolver el proyecto a la primera— en criticar este nuevo modelo. Todas estas formaciones, también EH-Bildu, planteban cambios en la propuesta del Gobierno, pero Esquerra llegó a registrar una enmienda para suprimir todo el apartado. Y al menos populares y los de Puigdemont estaban dispuestos a apoyarla.
¿Qué regulaba la norma?
La reforma tiene origen en la trasposición de la Directiva 20220/1828, que exige a los Estados a configurar un procedimiento para permitir acciones colectivas en sus dos modalidades (cesación y resarcimiento), bajo el principio de autonomía procesal. Cada Estado podía elegir el sistema que aprobar.
El Gobierno optó por el llamado sistema opt-out, en el que la reclamación representa a todos los consumidores, que tienen opción de desvincularse. De esta forma, una sentencia afectaría a todo consumidor y usuario, salvo que hubieran solicitado expresamente su exclusión.
Según el Ejecutivo, este modelo permitiría proteger de forma más amplia y generalizada los intereses de consumidores y usuarios y tampoco supondría una novedad en el sistema procesal español, poniendo como ejemplo la acción civil que ejerce el Ministerio Fiscal en procesos penales o los propios conflictos colectivos en ámbito laboral.
¿Dónde se tramita?
La propuesta está inserta en el proyecto de ley de eficiencia en el Servicio Público de Justicia, una importante reforma judicial no culminada la pasada legislatura que busca reordenar su estructura organizativa y descargar de actividad a los juzgados a través de medios alternativos de solución de conflicto.
Tras varias reuniones de la ponencia y entre los grupos, el PSOE quiere votar el proyecto este miércoles para elevarlo a comisión la próxima semana y poder aprobarlo y enviarlo al Senado en el pleno del 14 de noviembre.
¿Qué dudas despierta?
La elección de un sistema opt-out ha movilizado a la gran empresa, que a través de la patronal CEOE ha hecho llegar al Congreso advertencias del riesgo que supondría el modelo. Entre ellos, la entrada en masa de fondos de litigación extranjeros, con mayor músculo para afrontar demandas y que coparían la defensa de los consumidores en detrimento de las asociaciones.
No sólo las empresas han alzado la voz. Organizaciones de consumidores, como Facua, también han criticado la propuesta, por hacer recaer la financiación de los gastos de la acción colectiva en terceros, abriendo la puerta a su mercantilización como nueva vía de negocio.
Una práctica, sostienen en esta organización, contraria al espíritu de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que prohíbe a las asociaciones recibir dinero de las empresas. El planteamiento obliga a las asociaciones a asumir todo el coste y el riesgo del procedimiento.
ERC y Junts exigen un proyecto específico
La curiosa alianza de patronal y asociaciones de consumidores ha removido sensibilidades tan distantes como las del PP, Junts o ERC, que piden al Gobierno replantear el modelo.
Tanto ERC como Junts pidieron al PSOE sacar esta parte del proyecto para poder aprobarlo y, si desea acometer una reforma específica del modelo actual, debatirlo en una iniciativa aparte tras un debate y una reflexión, tanto con los grupos como con las asociaciones de consumidores afectadas por la norma.
«No entramos en si el modelo es bueno o es malo, es que no toca. Tenemos que discutirlo muchísimo más», precisan desde Esquerra. Esta formación incide en que la norma debería suplir la debilidad del consumidor frente a las empresas por el desequilibrio de capacidad para afrontar gastos de un proceso judicial y, lejos de ello, critica que el modelo planteado «entiende la acción colectiva como un negocio».
Frente a ello, plantea facilitar fórmulas de financiación pública a estos procesos, particularmente a las asociaciones de consumidores, el pleno reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita y eximirlas del pago de las costas en sentencias condenatorias.