El diputado de Sumar Enrique Santiago (Izquierda Unida) es uno de los diputados del momento. El Pleno del Congreso ha tomado en consideración la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Mordaza, un texto que a pesar de sus esfuerzos negociadores, decayó la legislatura pasada por falta de acuerdo. Ahora lo hay, y no solo eso, sino que se prevé una amplia agenda regulatoria en materia de Justicia, donde Enrique Santiago es, al igual que en Interior, portavoz.
La esfera legislativa ha sido, además, salpimentada por el caso Errejón, que ha desencadenado la necesidad de reestructurar el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Las familias que lo componen (IU, En Comú, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Mes) buscan un nuevo portavoz y pugnan por ganar más peso en la reorganización de las portavocías adjuntas y las comisiones.
Demócrata habla de todos estos asuntos con Enrique Santiago, quien asegura que la reforma de Mordaza es un importante avance de clase porque cambia la perspectiva; anticipa los puntos donde Sumar pretende percutir en materia de Justicia y critica la falta de un participación democrática en la elaboración de líneas estratégicas por parte de Sumar.
Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
Pregunta: El Pleno del Congreso ya ha tomado en consideración la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Mordaza. Este texto ya decayó la pasada legislatura. ¿Qué ingredientes nuevos integra para que, en esta ocasión, sí se den las circunstancias y prospere?
Respuesta: Efectivamente es un texto muy similar, diría que en un 95%, al que decayó en la anterior legislatura. Es el resultado de un gran acuerdo entre todas las fuerzas democráticas de este Congreso que quieren recuperar libertades y que quieren que la regulación no sea simplemente sobre seguridad, sino sobre convivencia, que es la orientación que tiene todo el texto de la ley.
Fueron cuatro elementos los que impidieron su aprobación en la anterior legislatura. Dos de ellos claramente relacionados con la Ley de Seguridad Ciudadana: las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad, que son desgraciadamente las que más frecuentemente se han utilizado porque tenían un margen de arbitrariedad muy amplio. Se han utilizado abusando.
Y luego, no se consiguió aprobar por otros dos contenidos que desde nuestro punto de vista técnico-jurídico, no se corresponde a esa ley. Son la utilización de material antidisturbios, que es una regulación que corresponde a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las correspondientes leyes de policía autonómica; y las denominadas devoluciones en caliente o, mejor explicado, el acceso a fronteras de extranjeros y especialmente solicitantes de asilo, que es una materia que obviamente hay que regular, bien sea en la Ley de Extranjería o bien sea en la Ley de Asilo.
No solo estamos hablando de la derogación de los aspectos lesivos aprobados por el Partido Popular. Lo que estamos es poniendo sobre la mesa una nueva legislación que aborda un distinto punto de vista, más orientado a la convivencia, a la recuperación de libertades y al cambio del modelo sancionador y del modelo de intervención en cuestiones de orden público. Un modelo de intervención para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado más profesional, que se les va a dotar además de más medios, más formación, más adaptado a nuestro entorno, más disuasorio, más preventivo.
También, un nuevo modelo sancionador más proporcional y adaptado a la defensa de los derechos de la ciudadanía.
P: El uso de las pelotas de goma era uno de los puntos más calientes, pero su sustitución requiere de un proceso ¿Cómo se va a ejecutar este cambio?
R: Existen ya modelos que se aplican en distintas legislaciones en nuestro país, concretamente en el País Vasco o en Cataluña. En Cataluña hubo prácticamente una prohibición y su sustitución por otros proyectiles, los foam, yo creo que son igual de lesivos, quizás un poco menos.
En cambio, en el País Vasco hay un modelo que es muy interesante, que es un modelo preventivo de utilización, con unos protocolos muy estrictos para su utilización.
En todo caso, está abierto el periodo de enmiendas y todo es susceptible de mejora. Hay un pre acuerdo muy amplio para la sustitución en un periodo de seis meses por medios menos lesivos.
P: Hablando de las enmiendas, ¿va a presentar Sumar, ya sea en solitario o con el PSOE?
R: Nuestro grupo parlamentario, igual que todos los grupos que hemos llegado al acuerdo, en principio, no tenemos que presentar más enmiendas. Lo que sí tendríamos es un margen en la ponencia y luego en la comisión para realizar enmiendas transaccionales con las que puedan presentar otros grupos. Siempre que mejoren, por supuesto.
P: Las devoluciones en caliente se van a abordar mediante la Ley de Extranjería. ¿Va a haber unos plazos para ejecutar esos cambios?
R: La opinión de nuestro grupo es que es urgente una reforma del artículo 38 de la Ley de Asilo, que es el que regula uno de los aspectos importantes del acceso del procedimiento: acceso a instalaciones diplomáticas españolas, que está previsto en la ley, pero no hay un desarrollo, con lo cual es muy difícil llevarlo adelante.
Todo el problema de las devoluciones en caliente tiene que ver con que, aunque la ley lo prevé, en la práctica no es posible el acceso de solicitantes de asilo en frontera a la solicitud de asilo. Si ese procedimiento se garantizara y estuviera perfectamente regulado, es unánime entre las organizaciones de Derechos Humanos que sucesos como los de la valla de Melilla, que causaron tanto dolor y tantas víctimas, nunca habrían tenido por qué ocurrir.
P: Con respecto a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia, el texto habla de eliminar la subjetivación. ¿Cómo se puede hacer?
R: Lo que se pretende es que sea acorde a unos estándares ya recogidos por la jurisprudencia, lo más similar es a lo que se consideran injurias o calumnias. Es decir, la falta de respeto tiene que ser objetivable. No puede ser una falta de respeto, por ejemplo, una mirada, que es algo que ha ocurrido muchas veces para imponer sanciones. “Me estás mirando mal”, eso no es posible.
El punto de encuentro de todas las partes con la redacción que ya hay sobre la mesa de una enmienda es eso, es atender a los criterios declarados por nuestros tribunales para los casos de injurias o calumnias. No es lo mismo, pero es aproximado.
P: Hay cuerpos policiales, o mejor dicho, algunos sindicatos, que no ven la reforma con buenos ojos. ¿A qué cree que se debe?
R: Hay una clarísima utilización política de muchas organizaciones sindicales. Curiosamente, las mismas fuerzas políticas que cuando gobiernan no suben el salario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reducen las plantillas, presupuestos para material… Es lo que ha hecho el Partido Popular, cuando están en la oposición se ponen muy estupendos pidiendo todo lo que no han hecho y calentando a las organizaciones sindicales.
Las organizaciones sindicales deben centrarse en la actividad sindical, en los derechos de los trabajadores y, obviamente, claro que pueden tener criterios sobre las políticas criminales, pero no deben sustituir la actividad de atención de hechos laborales del colectivo por la teorización de cuáles son las políticas de orden público o las políticas de convivencia en nuestro país, porque, obviamente, no es su función.
¿Qué medios van a perder? Ninguno. Van a tener que tener protocolos más estrictos para la utilización de métodos de represión, pero van a tener muchos más medios de disuasión, van a incluir métodos de formación, resolución de conflictos, mediación…
P: La ley incorpora como gran novedad las sanciones en función de la capacidad económica.
R: Francamente, creo que es el avance más importante y solamente por eso creo que merecería la pena haber aprobado ya la ley. Es una ley que va a incorporar una perspectiva de clase, es decir, la misma conducta va a ser sancionada con proporcionalidad en función de los ingresos de la persona que la realiza.
«Es una ley que va a incorporar una perspectiva de clase, es decir, la misma conducta va a ser sancionada con proporcionalidad en función de los ingresos de la persona que la realiza».
Estamos cansados de que nos comenten oficiales de la Guardia Civil, sobre todo de tráfico, que están hartos de parar personas que están practicando una conducción temeraria, ponerles la multa y poco menos que reírse de ellos y decir “pago tres como estas”, y seguir haciendo el loco.
También la norma lo que prevé es eliminar sanciones económicas, sustituirlas por sanciones de reparación, es decir, si yo he roto algo, lo reparo. O también tareas de resocialización, para que se realice un trabajo comunitario y la persona infractora vea el alcance que tiene el comportamiento indebido que altera la convivencia; y de sensibilización, para la prevención y la disuasión en la comisión de esa conducta.
Personas que perciban los ingresos hasta 1,5 veces el salario mínimo, tendrán una reducción de un 50%. Quienes perciban ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo, la reducción será de un 25%. solamente quienes cobran más de esas cantidades las tendrán que abonar el 100%.
Esto es muy importante porque la misma sanción, la misma cantidad económica no grava igual a una persona que es un desempleado, que es una persona que es rica, es evidente y no disuade igual de cometer la conducta.
P: También hay cambios en la organización y las responsabilidades en manifestaciones.
R: La propuesta incluye una modificación de la normativa de derecho a la manifestación. Yo creo que son dos grandes reformas. En primer lugar, a partir de ahora, ante acontecimientos imprevistos y siempre y cuando las manifestaciones no lleven aparejada una actitud violenta, no será requisito la convocatoria previa cuando esté justificada ante un acontecimiento urgente. Por ejemplo, el día en que ocurrieron los hechos de La Manada, ustedes recordarán que un montón de gente espontáneamente, se concentró delante del Ministerio de Justicia.
Esa manifestación no tenía ningún tipo de comunicación previa y como tal es una manifestación sancionable. Eso es lo que vamos a evitar.
Y en segundo lugar, se va a objetivar mucho más las responsabilidades de los sucesos que ocurren las manifestaciones. No se puede sancionar automáticamente al convocante de la manifestación por los desmanes o problemas que ocurran. O no siempre debería ser así.
Reformas en Justicia
P: Seguridad Ciudadana al margen, usted también es portavoz en la Comisión de Justicia. ¿Cuáles son las prioridades de Sumar? Hay pendiente, por ejemplo, una Ley de Justicia Gratuita.
R: Nosotros ya hemos presentado distintas iniciativas de lo que denominamos un Plan integral de reforma de la Justicia. En España la justicia está descontrolada. Quiero expresamente señalar un acontecimiento tan grave como la intervención de los teléfonos móviles del Fiscal General del Estado. Estamos en un país en el que cualquier intervención que hace un juzgado de materiales documentales, incluyendo los contenidos en un dispositivo informático, acaban filtrados automáticamente a la prensa y a la opinión pública sin que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad. Tenemos un serio problema.
Hemos visto la utilización política de los procedimientos judiciales, como el del caso Neurona, con 12 piezas separadas para acabar con el prestigio de una fuerza política, de Unidas Podemos. Y luego no llegan a nada, no es que sean absueltas las personas, es que no llegan ni a juicio. ¿Quién repara ese daño?
Con las reformas del 2015 de las leyes Mordaza, el Partido Popular también eliminó el mecanismo para exigir responsabilidad civil de jueces y magistrados, la única profesión en España que no tiene un mecanismo para que se exijan responsabilidades.
P: Y el PSOE, su socio de Gobierno, ¿está de acuerdo en recuperar esto?
R: En estas cosas el PSOE no acaba de estar de acuerdo.
También hemos presentado ya una iniciativa para modificar el acceso a la carrera judicial. No puede ser un acceso para élites endogámico, tenemos un sistema de acceso a la carrera judicial de 1860. Un sistema basado exclusivamente en la memoria, claro, en 1860 no había ordenadores, no había bases de datos de jurisprudencia y, sobre todo, uno estudiaba la carrera con el Código Penal y se jubilaba de abogado con el mismo Código Penal, porque las leyes no variaban como varían ahora.
Hace falta mucha más práctica en la equidad, en la aplicación de la justicia, la imparcialidad, la neutralidad y propiciar que haya una extracción de clase variada, que no solamente ingresen masivamente gente de un estrato económico elevado.
P: Y en esto, el PSOE…
R: Tampoco nos ha contestado.
Otra cuestión es el procedimiento de instrucción. Tiene que estar en manos de los fiscales, igual que está ya en todos los países de nuestro entorno y no solo de nuestro entorno.
Nuestro sistema es una anomalía. Un sistema de instrucción en manos de jueces que a la vez tienen que hacer las funciones de jueces de garantía, a la vez que hacen las funciones de investigación.
Esto tiene que variar. Incluso a la hora de trasponer directivas tenemos problemas.
Cuando se traspuso la directiva que regula la Fiscalía Europea, tuvimos problemas, porque somos el único país en el que no concuerdan las funciones de la Fiscalía con lo que hacen todos los países de Europa. Hay que abordarlo para hacer una separación: que los fiscales instruyan y los jueces sean jueces de garantías.
También creemos que hay mucho margen para la reforma de las competencias del Consejo del Poder Judicial. Hay muchas competencias del CGPJ que en otros países están en el Ministerio de Justicia. Quizá hemos dado demasiados poderes a un poder del Estado que no se somete al veredicto de las urnas.
«Hay mucho margen para la reforma de las competencias del Consejo del Poder Judicial».
Organización y reestructuración de Sumar
P: Entiendo que para usted, toda esta agenda que me está detallando es prioritaria, pero ¿cómo lo gestiona internamente Sumar? Y entro ya en la parte más orgánica de funcionamiento del grupo parlamentario, porque al final son diferentes familias. Hay un responsable de cada materia, pero ¿cómo se pone esto en común?
R: El funcionamiento del grupo parlamentario es bastante cohesionado; pero es que no corresponde al grupo tomar decisiones de política estratégica. En cualquier fuerza política, las decisiones de política estratégica las toman las direcciones de las fuerzas políticas. Y eso es lo que Izquierda Unida critica. Falta un ámbito de participación democrática, de debate sosegado, de elaboración de líneas estratégicas, que realmente sea el equivalente a los acuerdos de una dirección de una fuerza política.
«No corresponde al grupo tomar decisiones de política estratégica. No puede ser que un partido sea el que decida por 14 partidos».
Yo creo que, muchas veces, el grupo parlamentario tiene una presión excesiva a la hora de tener que fijar posiciones. Es más, la única vez que yo recuerdo recientemente que se ha hecho bien ese trabajo ha sido cuando preparamos las propuestas para los Presupuestos Generales del Estado, porque se hicieron en coordinación.
Para nosotros y para Izquierda Unida es muy importante haber puesto en marcha una coalición de hasta 14 fuerzas políticas que reúne una pluralidad de la izquierda, eso hay que preservarlo, pero también hay que dotarlo de unos contenidos, de democratización. No puede ser que la parte sustituya al todo.
No puede ser que un partido sea el que decida por 14 partidos. Al final tiene que ser una puesta en común que tiene que ver con las leyes que hay en tramitación, pero hay una discusión previa.
P: Estamos ahora ante una posible reestructuración con motivo del caso Errejón. ¿Cree que se tienen que reequilibrar las fuerzas de cada familia que componen el grupo?
R: Sin duda alguna tiene que generarse un ambiente en el que todas las partes se sientan cómodas y debidamente representadas. Y nuestro punto de vista es que, ahora, no hay una debida proporción.
Izquierda Unida saca adelante mucha actividad legislativa porque tenemos equipos de trabajo muy expertos, con una larga trayectoria, pero francamente creemos que a la hora de tomar las decisiones estratégicas muchas veces nos vienen un poco dadas.
P: Esta reorganización no solo busca un nuevo portavoz, sino que afectará a las portavocías adjuntas y comisiones.
R: Hay siempre cosas que hay que mejorar en el funcionamiento. Yo quiero quitar presión al grupo parlamentario, creo que está teniendo demasiada presión por responsabilidades que no le corresponden, que le corresponden a las fuerzas políticas.
Sí es verdad que hay que reorganizar y sobre todo reasignar recursos. Hay muchos recursos, por ejemplo, en materia de comunicación, y no tantos o no los que debería haber en materia de producción legislativa, que es lo que se hace en un parlamento.
Obviamente, al elegir un nuevo portavoz, habrá que reestructurar las portavocías adjuntas.
P: ¿Usted aspira a que Izquierda Unida pueda atesorar esa portavocía?
R: Nosotros no renunciamos a nada. He sido la primera persona que he dicho públicamente que entendemos que tiene que ser una mujer que genere un espíritu de trabajo como corresponde, que sea capaz de tener una empatía también respecto a quienes han padecido lo que se ha hecho mal y que contribuya también a que no vuelvan a ocurrir. Hay que tener mecanismos para detectarlo a tiempo y cortarlo de inmediato.
P: ¿Esos mecanismos deberían traducirse en nuevos protocolos?
R: El artículo 17 de la Ley del solo si es si lo dice claramente: las fuerzas políticas y las organizaciones sociales tienen la obligación de tener un mecanismo de detección y prevención de la violencia, especialmente la violencia contra las mujeres,
IU los tiene. No simplemente por tener un mecanismo se evitan situaciones de violencia o de abuso de poder, pero si se detectan rápido y se abortan, que es lo importante, se impide que eso continúe.
Nosotros dimos ejemplo. En la anterior legislatura tuvimos un caso donde en un procedimiento civil, que ni siquiera penal, salió un supuesto de violencia familiar. Inmediatamente tomamos la decisión de pedirle el acta al diputado que se había afectado y entregó el acta. Dos años después no hay nada para pensar que hubiera habido un supuesto de violencia, pero todo el mundo entendió en Izquierda Unida que era lo que había que hacer. Actuamos al momento, y si nos volviera a pasar, también actuaríamos al momento.
Está claro que esos mecanismos no han estado debidamente funcionando [en el caso Errejón].
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