QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La red de oficinas bancarias y cajeros automáticos no deja de caer. Según los datos del Banco de España, el total de cajeros a 30 de septiembre era de 43.620 terminales, un 3,68% menos que un año anterior. Es la cifra más baja desde que en 2000 se inició la estadística. En el caso de sucursales, estas se redujeron entre 2021 y 2022 un 7,2%, hasta las 17.648 oficinas.
La dinámica tiene lugar ante un erial de acciones legislativas. Toda iniciativa para intentar ponerle freno ha encallado en las Cortes, que en estos momentos tramita una proposición de ley de Junts para reconocer el derecho a contar con un cajero automático en municipios en riesgo de exclusión. La propuesta ya fue tramitada en la pasada legislatura, pero cayó con el resto de iniciativas sin aprobar con el adelanto electoral.
Hasta ahora, la acción pública ha sido liderada desde el Gobierno, y dirigida no a fijar obligaciones legales, sino a conseguir compromisos de las entidades, que han sido plasmados en un protocolo suscrito en julio de 2021, y sujeto a sucesivas actualizaciones desde entonces.
Alternativas a los cajeros y oficinas
En una de ellas, en octubre de 2022, las patronales bancarias acordaron una serie de pasos para asegurar atención presencial en todos los municipios. Compromiso compatible con el proceso de cierre de oficinas y cajeros, ya que este podría también podría cumplirse con oficinas móviles o agentes financieros en los municipios de más de 500 habitantes. En los municipios más pequeños el compromiso es garantizar el acceso a dinero efectivo a través de acuerdos con terceros, ayuntamientos o comercios, o incluso a través de carteros rurales.
Una filosofía planteada por PSOE y PP en sus enmiendas a la citada proposición de ley sobre el derecho a contar con cajero automático. El PSOE, de hecho, planteó rebautizar la iniciativa para que el reconocimiento del derecho fuese a la retirada de efectivo, y no al servicio de cajero.
Las dos formaciones proponían que las entidades pudieran llegar a acuerdos con Correos o prestar los servicios a través de oficinas móviles para cumplir con las exigencias de la ley, suprimiendo toda disposición sobre la instalación obligatoria de cajeros. Las enmiendas fueron registradas pocos días antes del compromiso de la banca, pero no llegaron a ser votadas. La Comisión de Asuntos Económicos no constituyó una ponencia para su discusión en los meses finales de legislatura.
Enmienda en la Autoridad del Cliente Financiero
Precisamente el último gran proyecto de esta Comisión, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, sí contempló una importante reforma relacionada con la inclusión financiera, al habilitar a las entidades de pago para la tramitación de prestaciones de la Seguridad Social.
La propuesta modificaba la Ley General de la Seguridad Social para especificar que las entidades financieras, sus agrupaciones o asociaciones registradas en el Banco de España pueden colaborar en el pago de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social, en línea con lo establecido en el Reglamento de Gestión Financiera de la Seguridad Social pero no en el Reglamento de Recaudación.
En este último únicamente se contemplan como entidades colaboradoras en la gestión bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, otras entidades y administraciones públicas o entidades particulares con funciones de recaudación encomendadas, pero no así las entidades de pago.
Normativa no actualizada
Mónica Correia, consejera delegada de Nickel, una de estas entidades de pago, perteneciente a BNP Paribas, explica que esta contradicción entre los reglamentos responde a una falta de actualización de la normativa. La aparición de estas entidades data de 2009, cinco años después de la aprobación del citado reglamento. “Es por desactualización de la ley, no hay una voluntad de impedir la gestión a las entidades de pago”, asegura.
La falta de una referencia específica impide a estas entidades gestionar pensiones de jubilación, una prestación por desempleo o el ingreso mínimo vital. “En otros países somos entidades colaboradoras, pero en España un cliente que reciba su nómina con nosotros no puede recibir su pensión una vez que se jubile”, lamenta Correia.
Eso llevó a la compañía a trasladar a los grupos parlamentarios esta problemática durante la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El PSOE y Sumar registraron una enmienda para modificarla, que fue incluida en el dictamen que aprobó el Congreso. El proyecto, sin embargo, no pudo ver la luz: la convocatoria anticipada de elecciones impidió su aprobación por el Senado.
Al poco de conformarse el nuevo Gobierno, el Ministerio de Economía retomó los trabajos para la creación de la nueva autoridad. El 14 de diciembre sacó a audiencia pública el anteproyecto de ley, con una grata sorpresa para todo aquel implicado en la tramitación de la pasada legislatura: la propuesta del Gobierno recogía prácticamente todas las aportaciones realizadas por el Congreso. También la reforma de la Ley General de la Seguridad Social para contemplar las entidades de pago como entidades colaboradoras.
Modelo orientado a la inclusión financiera
La consejera delegada defiende el modelo de negocio de Nickel, como entidad de pago, como complementario al de la banca tradicional. En su caso, orientado a la inclusión financiera. Con la única exigencia de demostrar la identidad a través de un pasaporte, esta entidad permite la apertura de una cuenta, equipada con una tarjeta de débito universal. Sin requerir unos ingresos mínimos o la domiciliación de una nómina.
Para acceder a su cuenta y poder retirar dinero en efectivo, esta entidad cuenta con una red de puntos ubicados en comercios, con los que llega a un acuerdo. La entidad provee al establecimiento del material necesario –un terminal de pago y una tablet– y abona una comisión por las operaciones realizadas.
Estos puntos, al menos en el caso de Nickel, son principalmente establecimientos de lotería y estancos. “Tenemos mucha afinidad con este canal. Está muy acostumbrado a trabajar con efectivo, tiene un horario de funcionamiento muy amplio y son comercios muy estables, de toda la vida. Los clientes los conocen”, remarca la consejera de esta entidad. También hay especificidades territoriales. “En Canarias estamos en los bazares, porque es el comercio más representativo allí”.
¿La solución a la falta de servicios financieros?
Correia destaca cómo esta red de puntos es, en ocasiones, “la última solución” para que un vecino de una pequeña localidad pueda tener acceso al dinero en efectivo. Pero también en las grandes ciudades, la vía para abrirse una cuenta a personas con más dificultades para poder hacerlo.
El citado proyecto de ley para la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero recogía cambios legales para facilitar al acceso de la cuenta de pago básica en las entidades financieras ante las dificultades que se estaban registrando.
El proceso de cierre de oficinas y cajeros, y la ausencia de regulaciones que lo impidan, sitúa este tipo de negocios como una poderosa alternativa a la banca tradicional.
Seguimiento de las situaciones de exclusión
En su negociación con el Gobierno, las patronales bancarias han impulsado el Observatorio de Inclusión Financiera, una entidad dirigida a hacer seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las propias entidades.
A través del Observatorio, la banca publica periódicamente estadísticas sobre el grado de exclusión financiera en el territorio. En julio de 2022, el ‘Informe sobre la Inclusión Financiera en España’ permitió identificar 243 municipios de más de 500 habitantes sin ningún tipo de acceso presencial a servicios bancarios. Sin oficina, cajero, ni agente u oficina de Correos, a 31 de diciembre de 2021. La exclusión afectaba a 211.550 habitantes.
El compromiso de la banca fue realizar seguimiento de todos estos municipios y reportar periódicamente su evolución. Casi dos años después, a 30 de septiembre de 2023, esta situación afectaba a 85 localidades, reduciéndose a 74.680 habitantes la población excluida, un 65% menos.
