El Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han cerrado un acuerdo para ampliar de forma significativa la planta judicial en Catalunya. El pacto contempla la creación de alrededor de 180 nuevas plazas de juezas y jueces entre 2026 y 2027, lo que supondría elevar el número actual —situado en torno a 870— hasta aproximadamente 1.050 efectivos en dos años.
91 nuevas plazas en 2026 y otras 90 en 2027
El acuerdo establece la aprobación de 91 nuevas plazas en 2026 mediante Real Decreto. A esta ampliación se sumarán en torno a 90 plazas adicionales en 2027, también acordadas con ERC en el marco de las negociaciones con el Ejecutivo.
El objetivo declarado es reforzar la capacidad operativa de los juzgados y tribunales en Cataluña y avanzar hacia una ratio de jueces por habitante más cercana a la media europea, una reivindicación recurrente de la Generalitat y que forma parte de los trabajos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.
Refuerzo de la Justicia en el marco de la Ley de Eficiencia
La ampliación de la planta judicial se enmarca en el crecimiento previsto a nivel estatal tras la aprobación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa una reorganización estructural del sistema judicial y la creación de nuevas plazas en distintos territorios.
Según el contenido del acuerdo, el refuerzo de medios humanos permitirá acompañar la entrada en vigor de la nueva regulación sobre multirreincidencia, cuya aprobación está prevista este jueves en el Congreso de los Diputados. La intención es que el endurecimiento normativo vaya acompañado de más recursos materiales y personales para garantizar su aplicación efectiva.
Hacia una mayor capacidad de respuesta judicial
El incremento de juezas y jueces pretende aliviar la carga de trabajo en los órganos judiciales catalanes y mejorar los tiempos de respuesta ante el aumento de litigiosidad en determinados ámbitos, entre ellos los delitos vinculados a la reincidencia múltiple.
Con este acuerdo, ERC vincula el apoyo a iniciativas legislativas estatales con compromisos concretos de inversión estructural en Cataluña, mientras el Gobierno refuerza su estrategia de ampliación de recursos en el sistema judicial en el conjunto del Estado.