QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Apenas una semana después de cerrar el acuerdo con Unidas Podemos y citar a sindicatos y patronal, el Gobierno aprueba por decreto ley la segunda parte de pensiones este jueves.
Sin embargo, tal y como informó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la Comisión del Pacto de Toledo, aceptará tramitar el decreto como proyecto de ley para negociar cambios con los grupos parlamentarios.
Una vez el Gobierno apruebe la reforma en Consejo de Ministros extraordinario, el decreto ley deberá ser examinado por el Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación. A partir de ahí, la Cámara tiene la oportunidad de aprobar su tramitación como proyecto de ley y permitir el registro de enmiendas.
Durante su comparecencia para explicar la reforma, Escrivá ha asegurado que su intención inicial era la de enviar al Congreso un proyecto de ley, pero su retraso a la hora de acordar los cambios con la Comisión Europea le ha empujado a hacerlo por decreto.
En este sentido, ha justificado el retraso en que la reforma de pensiones era la primera que evaluaban las autoridades europeas y que, por tanto, su examen iban a ser «particularmente rigurosos». Pese a que el examen europeo a las reformas es posterior a su aprobación, ha dicho que la Comisión Europea le pidió acordarla antes, debido a su importancia.
En contraposición con el caso español, ha dicho que otros colegas de gobiernos de coalición «centroeuropeos» le han reconocido su dificultad para aprobar sus reformas, e incluso dudas de su viabilidad.
Entre las aportaciones lanzadas por los grupos en la Comisión, el PNV y el PDeCAT han mostrado su preferencia por aumentar los ingresos del sistema por la vía de los impuestos, con transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, y no por un aumento de cotizaciones.
En el caso del PDeCAT, han planteado que la llamada ‘cuota de solidaridad’ sea lineal y ha propuesto introducir tramos para que, al menos, sea progresiva, una propuesta que el ministro ha avanzado que estudiará.
El PNV también ha lamentado la ausencia de integración de los autónomos del ámbito cooperativo en la reforma, pero también ha pedido la garantía de la bonificación en las cotizaciones para prácticas curriculares o extracurriculares.
ERC y Bildu han reivindicado que el índice al que se van a vincular las pensiones mínimas sea el salario mínimo interprofesional, y no la renta mediana, y en todo caso no ven que sea suficiente.
«Las pensiones no contributivas se siguen quedando al 60% de este umbral de la pobreza», ha dicho el portavoz de Bildu en Comisión, Iñaki Ruiz de Pinedo, que ve este aspecto como «el principal vacío de la reforma».
Por otro lado, ante la preocupación del PDeCAT, Escrivá ha asegura que algunos de los elementos acordados en el Pacto de Toledo para mejorar el acceso a la pensión de personas con discapacidad, una vez finalice el proceso de consultas ya iniciado, serán aprobadas en un nuevo decreto ley.
