QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Una semana más. Y ya son dos de retraso. El Gobierno pretende despachar el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de menores de edad en entornos digitales antes de finalizar el año y, para ello, su intención era cerrar el plazo de enmiendas el pasado 12 de noviembre. No fue entonces y tampoco este 19, como estaba previsto. El plazo se dilata hasta el 26 de noviembre, lo que complica el calendario.
Las razones que motivan la demora son diversas: dar más tiempo a los grupos para elaborar sus enmiendas tras recibir un aluvión de propuestas por parte del sector, la pugna de la industria entre fabricantes y operadores, la ruptura de Junts con el Gobierno, y un último punto que ha adquirido especial relevancia en los últimos días, el etiquetado de los productos.
Etiquetado: ¿Qué se propone y qué pide el sector?
El proyecto de ley establece la obligatoriedad de que los fabricantes de smartphones, tablets, ordenadores, televisiones digitales y otros dispositivos informen en sus etiquetas de los riesgos derivados del acceso a contenidos perjudiciales para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de los menores. Debería ser visible en el embalaje, como en el manual de instrucciones.
El sector es muy reticente a esta medida y, según ha podido saber Demócrata, está presionando para eliminar la obligatoriedad del etiquetado o, al menos, rebajarla.
La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC), que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, apuesta por la supresión.
Alegan que generaría inseguridad jurídica ya que cada fabricante indicaría información distinta, entre otras cosas, porque elementos como los tiempos de recomendación están fuera de su control y no hay consenso científico ya que dependen de factores individuales.
Como solución alternativa, AMETIC propone que se pueda informar en la página web o en un formato digital fácilmente accesible para, entre otras cosas, reducir el impacto ambiental al disminuir el uso de papel (manuales y etiquetas) y tintas. Sugieren, también, que sean las autoridades y organismos públicos los que diseñen los conjuntos de información para que sean uniformes, independientemente del fabricante.
De su lado, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, patronal que reúne a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, apuesta por garantizar la correcta clasificación y etiquetado de los contenidos para adultos por parte de quienes los alojan en sus webs y plataformas (también de los intermediarios).
Operadores vs. fabricantes
El consenso político es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. Según ha podido saber Demócrata, ni siquiera existe un criterio común entre las principales patronales digitales (AMETIC, DigitalES y Adigital). Incluso, hay diferentes sensibilidades dentro de una misma patronal.
Prueba de ello es que, en las enmiendas entregadas por AMETIC, que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, a las que ha tenido acceso Demócrata, se apuesta por dos frentes de trabajo diferenciados.
Uno, opta por la supresión completa del artículo 4, es decir, de las obligaciones a fabricantes. Otro, por descafeinar cada uno de sus preceptos de forma individual.
Así las cosas, entre las cuestiones que piden rebajar, se encuentra que el pin parental no esté activado por defecto sino que se tenga que configurar al arrancar el dispositivo; que solo se aplique la normativa a los teléfonos móviles y no a tablets, ordenadores o televisores inteligentes; y que se elimine la obligatoriedad de información del etiquetado.
De su lado, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, patronal que reúne a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, apuesta por que los desarrolladores de software, plataformas y redes sociales sean los que asuman la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso.
Además, proponen medidas como impulsar el control parental; fomentar la supervisión activa por parte de padres, madres y tutores; que las páginas web que generen o gestionen estos contenidos incorporen sistemas efectivos de verificación de edad; y promover campañas de sensibilización y educación digital.
Todos los actores, políticos y sectoriales, coinciden en la imperiosa necesidad de proteger a la infancia de riesgos. Las preguntas a resolver son cuándo se hará -si es que prospera-, cómo y quién asume tamaña responsabilidad.
Sin Junts, nada que hablar
El anuncio de Junts de ruptura con el Gobierno amenaza con condenar la norma. Los de Carles Puigdemont anticiparon el registro de enmiendas de totalidad a 25 leyes y que no respaldarán otras 21 en fase más avanzada. Solo se salvan cinco iniciativas y el Proyecto de Ley de Protección de menores en red no figura en la lista de agraciadas.
Para más inri, se trata de una ley orgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto José Luis Ábalos (que suele mantener la disciplina de voto), Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 172. Faltarían cuatro votos de difícil cosecha salvo equívoco de señorías de PP, Vox y UPN.
