QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Apenas dos días después de vetar sus enmiendas, el Gobierno pactó con PNV y PDeCAT excluir las actividades reguladas del nuevo impuesto energético. ¿Cuánto coste tendrá esta decisión en la recaudación prevista?
Según el Gobierno, unos 960 millones de euros. Casi la mitad de los 2.000 millones de recaudación prevista cuando el pasado mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en el Congreso su propuesta para compensar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Entre todas las exenciones y compensaciones planteadas por la oposición en sus enmiendas, PNV y PDeCAT propusieron dejar fuera de los ingresos que estarían gravados –la prestación patrimonial se aplica sobre los ingresos generados por los operadores, no sus beneficios– aquellos derivados de las actividades reguladas.
Se trata de ingresos que están ya fijados atendiendo a sus costes según normativa del regulador del mercado y, por tanto, según alegaban estas formaciones y las propias compañías energéticas, no podían acarrear el beneficio extraordinario que legitima la creación de este impuesto.
El Gobierno veta, deshace el veto y acepta cambios en 48 horas
Ambas propuestas fueron vetadas por el Gobierno, que las incluyó en el escrito remitido al Congreso poco antes de iniciarse la ponencia: un listado de 42 enmiendas excluidas de la tramitación. Junto a la breve descripción de cada una, una estimación de la minoración de ingresos que suponía. En el caso de la exclusión de las actividades reguladas, 960 millones de euros.
¿Cómo, si fue vetada la enmienda, ha podido aprobarse otra que tiene origen en esta? Un día después de vetarla, el Gobierno remitió un escrito al Congreso para invalidar el anterior escrito, por lo que todas las enmiendas pudieron ser defendidas.
Finalmente, PSOE y Unidas Podemos pactaron cambios con PNV y PDeCAT para excluir las actividades reguladas, pero también para limitar el impuesto a los ingresos obtenidos dentro de España y excluir otros ingresos derivados por otros impuestos.
Los cambios fueron avalados por todos los grupos, desde PP y Vox hasta ERC y Bildu. Desde Unidas Podemos aseguran a Demócrata que la recaudación estimada por el Gobierno ya contenía la previsión de no gravar ingresos fuera de España, y justifican, igual que su socio, el sinsentido que tendría gravar ingresos que ya están regulados y que, por tanto, no se han alterado por la crisis de precios que justifica el impuesto.
Este era además uno de los principales fuertes de un posible recurso de las compañías ante los tribunales, que esgrimían la incongruencia de gravar estos ingresos.
Desde el PP también comparten este argumento, y el riesgo de una anulación del impuesto pero también apuntan a otras señales emitidas por las grandes energéticas: los anuncios de desinversiones en España de Enel (venta del negocio gasístico de Endesa, aunque concentrará inversiones en energía renovable) o Iberdrola.
No se gravarán los ingresos por la tarifa PVPC
Al dejar fuera del impuesto las actividades reguladas, no computarán los ingresos de las compañías que estén fijadas por normativa. Es el caso de las actividades de transporte y distribución, pero también la retribución regulada en la generación, el llamado ‘Recore’ (determinadas plantas de renovables, cogeneración y residuos) y en los territorios no peninsulares.
Se trata de costes fijos que el consumidor final paga en su factura como peajes de acceso (para cubrir el coste del transporte y la distribución) y los cargos (donde se financia el citado ‘Recore’).
También los derivados del suministro a precio regulado y enumera las diferentes tarifas reguladas: PVPC (precio voluntario del pequeño consumidor) en caso del suministro eléctrico, TUR (tarifa de último recurso) de gas y GLP (gas licuado de petróleo) envasado y GLP por canalización. Según explican a Demócrata fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, los márgenes comerciales de las comercializadoras por estas tarifas también están regulados.
Eso sí, los ingresos por el precio que deben afrontar los consumidores PVPC, el más expuesto en la crisis energética al estar asociado directamente al ‘pool’ diario, sí que estará gravado porque son ingresos que van directamente a las eléctricas generadoras.
