QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quitar al Senado el derecho de veto a los objetivos de déficit y deuda es una vieja aspiración del Gobierno de Pedro Sánchez.
Llegó a Moncloa en junio de 2018 y ese mismo verano impulsó una proposición de ley. Esa legislatura llegó incluso a plantearla como enmienda a otra ley orgánica, de medidas contra la violencia de género.
Seis años después, la reforma sigue pendiente y el PSOE ha vuelto a aprovechar otra iniciativa legislativa de carácter orgánica, y también de Igualdad –la Ley de representación paritaria— para lograr este cambio con dos nuevas disposiciones.
El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, ha anulado ambas. La norma será aprobada esta semana en el Pleno del Senado sin las polémicas disposiciones pero, como en toda iniciativa legislativa, será el Congreso el que decida si mantiene los cambios o, como es previsible, recupera las disposiciones.
Gerardo Camps Devesa (Barcelona, 1963), portavoz presupuestario del Grupo Popular en el Senado, atiende a Demócrata para analizar el alcance de estos cambios y las razones que esgrimen los ‘populares’ para oponerse.
Pregunta: El Partido Popular ha criticado este cambio por su contenido pero también la forma en que se ha producido.
Respuesta: Entendemos, en primer lugar, que la forma es claramente un fraude de ley. Se está vulnerando la Constitución y, además, hay jurisprudencia constitucional en abundancia respecto a lo que está sucediendo.
Eliminar el veto de los objetivos de estabilidad en el Senado en la Ley de Paridad es claramente, y así lo han determinado los propios letrados del Congreso y del Senado, un precepto intruso.
En otras palabras, han aprovechado el trámite de aprobación de una norma para introducir preceptos que modifican otra norma sin ninguna congruencia entre la norma que se modifica ni con las enmiendas presentadas.
Y eso ya determina el Tribunal Constitucional que estamos dentro de los supuestos de incongruencia. Veremos la resolución al recurso de constitucionalidad que se presentará, pero creemos desde el Partido Popular que existe, claramente, un fraude de ley.
P: Le iba a preguntar precisamente si el PP recurrirá el cambio al Tribunal Constitucional pero ya lo da por hecho.
R: Sí, sí, una cuestión como esta tiene que ser recurrida al Tribunal Constitucional, porque además es que la propia jurisprudencia constitucional es muy clara al respecto. Y hay una vulneración flagrante de derechos.
P: La letrada de la Comisión de Igualdad en el Senado también señalaba que no debían ser los diputados y senadores de la Comisión de Igualdad los que discutieran este cambio.
R: Se vulneran varios aspectos, uno de ellos es el de especialidad parlamentaria, que va unido inmediatamente al de congruencia. Cada grupo tiene la libertad de proponer cambios sobre aquellas cuestiones que sean objeto de la ley pero no introducir materias sin ninguna relación, oorque se rompe la congruencia y eso afecta a la especialidad parlamentaria.
Porque, si no, obligas a debatir sobre cuestiones de carácter económico a los miembros de la Comisión de Igualdad, que probablemente por su preparación y capacitación sea sobre otras materias que no tienen nada que ver con esta.
Y todo por las prisas que tiene el Gobierno de intentar modificar las reglas del juego en aras de aprobar unos Presupuestos para 2025. Y como tienen prisa, la reforma no la pueden tramitar como una ley orgánica, ni siquiera por la tramitación de urgencia. Tienen que meter una enmienda deprisa y corriendo en alguna de las normas que estaban en ese momento en tramitación en el Congreso de los Diputados.
P: Pasando al fondo de la cuestión, ¿por qué justifica el Partido Popular mantener el mismo nivel al Congreso y al Senado en la tramitación de la Sena de Estabilidad?
R: Esa es una decisión que se toma en un momento determinado por el legislador. Cuando se reforma la Constitución (art. 135, en el verano de 2011), derivado de esa reforma constitucional llega la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y se toma la decisión de que, en este caso, en una decisión plenamente legítima y absolutamente constitucional, las dos cámaras estén en un plano de igualdad a los efectos de aprobar esos objetivos de estabilidad.
Los objetivos de estabilidad y de deuda son algo en lo que, entiende el legislador en su momento y entendemos en el PP, debe haber una amplia mayoría sustentándolos. Y por eso se pide el apoyo en las dos cámaras.
No estamos ante una tramitación de un proyecto de ley en la que el Senado, como cámara de segunda lectura, realiza sus aportaciones vía enmiendas, pero luego pueden ser modificadas nuevamente por el Congreso. Aquí estamos en la aprobación de unos objetivos de estabilidad presupuestaria y hay una prerrogativa del Senado que lo que intenta es que se busque el máximo consenso posible a través del diálogo.
Y siendo además el Senado una cámara de representación autonómica territorial, los objetivos de estabilidad tienen una clarísima incidencia en las comunidades autónomas, porque luego se produce el reparto de ese objetivo de estabilidad general, el objetivo de déficit entre las distintas comunidades autónomas.
Tiene toda su lógica que se coloque en el plano de igualdad Congreso y Senado. Lo que tiene que hacer el Gobierno es buscar el acuerdo con la mayoría del Senado, al igual que lo hace en el propio Congreso de los Diputados.
Y no tiene ningún sentido que lo que decida una cámara, el Senado, sobre unos objetivos de estabilidad, pueda ser modificado por la otra. No estamos hablando de un texto legal, sino de unos objetivos de estabilidad que son la base de los presupuestos del ejercicio.
P: Sería entonces como una invitación al diálogo o al acuerdo, ¿no?
R: Es una exigencia al diálogo y, que de ese diálogo, surja un acuerdo. Por eso la norma no limita las veces que tiene que volver a traerse una senda después de ser rechazada. No estamos ante una situación de bloqueo, porque el Gobierno puede traer objetivos de estabilidad una vez tras otra hasta conseguir que el Senado apruebe los mismos.
Hay un informe de la Abogacía del Estado que ya lo determina, que se puede traer todas las ocasiones que se quiera. Al menos una vez, pero eso no quiere decir que con dos rechazos el veto del Senado conlleve que no haya posibilidad de poder aprobar Presupuestos porque no hay objetivos de estabilidad presupuestaria. Se puede traer en más ocasiones.
P: Entiendo entonces que el Partido Popular estaría dispuesto a negociar con el Gobierno unos nuevos objetivos o los que presente si busca el acuerdo del Gobierno.
R: Es que ya lo estuvimos en los anteriores. Nosotros cuando el Gobierno aprobó los objetivos de estabilidad ya le dijimos al Gobierno que estábamos dispuestos a dialogar y pusimos encima de la mesa cuáles eran las materias que nosotros entendíamos sujetas a ese diálogo.
Le propusimos el que hubiera un mayor margen fiscal para comunidades autónomas y ayuntamientos. Hay que recordar que el Gobierno proponía un 0,1% (de déficit) para las comunidades autónomas, yendo en contra lo que la propia (vicepresidenta de Hacienda) María Jesús Montero había defendido cuando era consejera de Hacienda (de Andalucía).
Nosotros entendíamos que se podía dar perfectamente mayor margen de capacidad fiscal a las comunidades autónomas, más de lo que el Gobierno proponía.
Decíamos también que había que entrar en la discusión de un fondo de al menos 16.000 millones para mejorar toda la financiación autonómica, especialmente para Sanidad, Bienestar social y la Educación en las comunidades autónomas.
Queríamos sentarnos a hablar de la deflactación del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros y la rebaja del IVA para carne, pescado y conservas, y también la rebaja del IVA en la electricidad y en el gas.
Todo eso lo pusimos encima de la mesa. ¿Y qué encontramos? El silencio y la negativa por respuesta. Y a eso se unió la amenaza y el chantaje de que, si no se aprobaban esos objetivos, se reducía el margen fiscal de comunidades autónomas y ayuntamientos.
P: El Congreso aprobó una disposición transitoria –ahora anulada por el Senado, pero que podría volver a aprobarse– que permite recuperar unos objetivos rechazados incluso antes de que la Ley de Paridad entra en vigor. ¿El PP cree que esa modificación es legalmente viable?
R: El Gobierno ha traspasado todos los límites. No tiene ningún sentido que eso se produzca, pero quiere tener todas las cartas de la baraja y poder tomar la decisión que esté oportuno en el momento en que entienda que puede hacerlo. Y eso, nuevamente, estamos hablando a nuestro juicio de fraude de ley.
