El Gobierno dotará con 300 millones las ayudas para propietarios con impagos de inquilinos reclamadas por Junts

El Ejecutivo activa la dotación presupuestaria de la línea de avales para pequeños arrendadores en pleno debate parlamentario sobre el decreto del escudo social, que previsiblemente será derogado por el rechazo de PP, Vox y Junts

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El ministro Félix Bolaños en la sesion plenaria extraordinaria del Congreso del 27 de enero | Europa Press

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este martes en el Congreso que las ayudas a propietarios por impagos de inquilinos, reclamadas por Junts, contarán con una dotación de 300 millones de euros, tras un acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros.

El anuncio se ha producido durante la defensa del decreto-ley ómnibus que incluye medidas del escudo social, como la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y del corte de suministros básicos a personas vulnerables. Este texto, según lo previsto, quedará derogado por el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Una medida ya aprobada, ahora con presupuesto 

Bolaños ha recordado que la línea de avales para arrendadores fue aprobada el pasado mes de diciembre mediante real decreto, aunque hasta ahora no contaba con dotación presupuestaria. “El pasado mes de diciembre aprobamos una novedosa línea de avales para arrendadores que hoy mismo hemos dotado con 300 millones de euros en Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores”, ha señalado desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Posible ampliación del mecanismo

El ministro ha avanzado, además, que el Ejecutivo está “estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores”, al considerar que “no hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia”.

Requisitos para acceder a la cobertura 

Para beneficiarse de esta cobertura, los arrendadores deberán cumplir varios requisitos: firmar contratos con menores de 35 años o personas vulnerables —según la definición establecida en cada comunidad autónoma—, fijar una renta que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria del alquiler y sus actualizaciones, y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler conforme al modelo aprobado por la Administración.