El accidente de Adamuz (Córdoba) evidenció que el Gobierno incumplió el plazo legal para poner en marcha la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Este organismo debía estar ya listo para asumir la investigación, sin embargo, tuvo que recaer en la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), una entidad condenada a desaparecer. El problema radica en que el Ejecutivo no aprobó en tiempo y forma el estatuto de la Autoridad Independiente, pero a raíz de la tragedia de la pasada semana, ha pisado el acelerador y, según ha podido saber Demócrata, el proyecto ya ha entrado en el Consejo de Estado con carácter de urgencia.
En concreto, la consulta llegó al Consejo de Estado el pasado viernes 23 de enero. Al ser con carácter de urgencia, cuentan con un plazo de 15 días, por lo que el dictamen deberá estar resuelto el jueves 12 de febrero, a lo sumo.
Un Reglamento en camino
La Ley de creación de la Autoridad Independiente para para investigar accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil fue publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 2 de agosto de 2024. La idea del Ejecutivo, apremiado por la Agencia Europea Ferroviaria, era articular una nueva entidad que aglutinase las investigaciones de los diferentes siniestros.
El texto recogía en su Disposición final sexta que el Gobierno disponía de un año de plazo para aprobar su Estatuto orgánico mediante real decreto. No se cumplió. El estatuto sigue en tramitación. El trámite de Audiencia Pública del borrador finalizó hace nueve meses, en concreto, el 1 de abril de 2025.
El pasado miércoles 21 de enero, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señaló en declaraciones a Demócrata que “está en proceso de recabar informes” y “esperamos que pueda ver pronto la luz”. 48 horas después, el Consejo de Estado ya disponía del proyecto y el encargo.
¿Fisura regulatoria?
No es frecuente que expiren los plazos para aprobar los estatutos que rigen el funcionamiento de organismos de reciente creación, pero tampoco es un caso aislado. Ya ocurrió con la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).
La ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción entró en vigor en febrero de 2023. El Consejo de Ministros disponía de un plazo de un año para aprobar mediante Real Decreto una propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública el Estatuto de la Autoridad Independiente con todo lo relativo a organización, estructura, funcionamiento y funciones. El Real Decreto no recibió el visto bueno hasta el 29 de octubre de 2024, ocho meses después de haber vencido el plazo legal.
Los retrasos en este tipo de iniciativas pueden responder a complicaciones porque se vinculan con negociaciones personalistas, con nombres y apellidos, o simplemente porque no figura entre las prioridades del Gobierno.
Agencia Estatal de Salud, ¿la siguiente?
A finales de julio de 2025 la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y modifica la Ley General de Salud Pública aterrizó en el BOE. La norma crea como tal la Agencia Estatal de Salud Pública, un órgano cuyo propósito es reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias; mas aún no se encuentra operativa.
El articulado establece que el Gobierno disponía de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley para aprobar mediante Real Decreto el Estatuto de la Agencia. La propuesta debe partir de los ministerios de Sanidad, Hacienda y para la Transformación Digital y de la Función Pública y recoger los órganos, centros y servicios de la Administración General del Estado que quedarán integrados en ella; así como concretar la incorporación de su Consejo Rector de representantes de las comunidades autónomas a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y como no podía ser de otra forma, ha de determinar la estructura organizativa y sus órganos de gobierno y ejecutivos.
En este caso, el plazo para aprobar el estatuto vence en nueve días, el 30 de enero de 2026; y tampoco se llegará a tiempo. Está previsto, de hecho, que pueda llegar en el mes de febrero.
Actualmente se está valorando la ubicación de la sede. Este martes trascendió que ocho han sido las ciudades que se han postulado oficialmente para acogerla: Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.
El Ministerio de Sanidad emitirá un informe, a continuación, la Comisión Consultiva elaborará y emitirá un dictamen y, finalmente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y su posterior publicación en el BOE el 18 de febrero.