España es uno de los países más atractivos para albergar centros de datos (CPDs) por reunir una serie de condiciones únicas. Un boom que requiere de una infraestructura real y sólida para que las iniciativas puedan concretarse en óptimas condiciones. Con este escenario como telón de fondo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el decreto anticrisis para incluir nuevas exigencias a este tipo de proyectos y un canon por reserva de capacidad con el propósito de aliviar uno de los principales problemas que afrontan los data centers en España: el cuello de botella de acceso a la red eléctrica.
El real decreto-ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros extraordinario (pendiente de ser convalidado por el Congreso) incluye una disposición adicional primera que anticipa que el Gobierno deberá aprobar un real decreto específico con nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital para los centros de datos que se conecten a la red de transporte y distribución de energía eléctrica.
En concreto, el futuro decreto establecería que los centros de datos deberían cumplir una serie de criterios para acreditar su impacto positivo más allá del consumo energético. Se les exigirá que utilicen energía renovable de forma efectiva —no solo sobre el papel—, incorporando tanto nueva capacidad (adicionalidad) como ajustando su consumo a los momentos en los que esa energía está disponible (correlación horaria). Además, deberán demostrar eficiencia energética, un uso sostenible del agua y una contribución tangible a la economía y la sociedad.
Los centros de datos deberán utilizar energía renovable de forma efectiva, incorporar nueva capacidad y ajustar el consumo a los momentos en que está disponible la energía
A ello se suma un elemento estratégico: los proyectos tendrán que acreditar que refuerzan la resiliencia y la soberanía digital, es decir, que contribuyen a un ecosistema tecnológico más seguro y menos dependiente de actores externos.
El incumplimiento de estos requisitos podrá dar lugar a la pérdida de los permisos de acceso y conexión y/o a las penalizaciones que se determinen.
Puntos de conexión, un cuello de botella
El potencial de España es innegable. Una localización privilegiada para la conectividad internacional, con acceso directo a cables de fibra óptica que enlazan con Europa, América y África; una infraestructura energética sólida liderada por fuentes de energía renovables; la disponibilidad de suelo y un entorno regulatorio favorable a la digitalización y la inversión tecnológica. No obstante, pese a la amplia lista de fortalezas, hay aspectos que urge solucionar, y uno de los más acuciantes es el problema de los puntos de conexión, que es la clave de bóveda de cualquier proyecto de centro de datos.
Los puntos de conexión son los nudos físicos (y administrativos) que permiten a una instalación conectarse a la red de transporte o de distribución y recibir la potencia eléctrica que requiere de forma continua y segura. Estos puntos son un recurso limitado y, sin él, un centro de datos no podrá operar, por muy innovador que sea.
He aquí el cuello de botella. Cada subestación tiene una capacidad máxima y, en muchas zonas del país, buena parte de esa capacidad ya está comprometida por proyectos industriales, energéticos o por otros centros de datos. Obtener un punto de conexión no es automático: requiere autorización administrativa, inversiones en refuerzo de red y plazos que pueden prolongarse durante varios años. Por este motivo, muchos proyectos anunciados siguen sin calendario claro de ejecución.
El Ejecutivo es consciente de que los permisos de acceso ya concedidos a este tipo de proyectos supera con creces las estimaciones más ambiciosas de despliegue para los próximos años. Por ello, pretende acompasar la puesta en marcha de proyectos de elevado consumo eléctrico en el corto plazo con un despliegue proporcional de nueva generación renovable.
Moncloa pretende acompasar la puesta en marcha de proyectos de elevado consumo eléctrico con un despliegue proporcional de nueva generación renovable
De lo contrario, entienden que habría un doble perjuicio agravado por la crisis derivada de la guerra de Irán. Si aumenta mucho el consumo eléctrico —por ejemplo, por los centros de datos— sin añadir nueva energía renovable, el sistema tendrá que tirar más de gas para producir electricidad. Y eso es un problema, sobre todo en un momento en que el gas está más caro e inestable (como con la crisis del Estrecho de Ormuz). La luz se encarecería y se frenaría la electrificación. Así las cosas, Moncloa cree que, aunque los centros de datos son clave para la economía digital, no pueden incrementar la demanda eléctrica si no hay un retorno.
Un canon para filtrar proyectos
El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, canalizado a través del Real Decreto 7/2026, impone también un canon que afectará, entre otros, a los proyectos de centros de datos.
El texto crea un pago mensual por reservar acceso a la red eléctrica. Es decir, desde el momento en que una empresa consigue permiso para conectarse —aunque todavía no esté funcionando—, tiene que empezar a pagar por esa capacidad. La cuantía del canon depende de la potencia que haya solicitado y puede variar según el tipo de conexión o el tiempo que tarde en poner en marcha el proyecto.
Con esta medida, se evita que las empresas pidan capacidad ‘por si acaso’ y la bloqueen sin usarla. El dinero no se pierde, puesto que cuando el proyecto comienza a funcionar, se descuenta de lo que luego deberán abonar por usar la red. Entretanto, lo recaudado se utilizará para financiar el propio sistema eléctrico.
Con el canon, el Gobierno quiere evitar que las empresas pidan capacidad 'por si acaso' y la bloqueen sin usarla
Un calendario tasado
Además del elemento económico, el decreto recoge un calendario tasado con una serie de hitos con respecto a los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, tanto para proyectos de generación como para grandes consumidores. Si en un plazo de cinco años desde que obtienen el permiso no están listas para operar, lo pierden automáticamente.
De esta manera se obliga a los proyectos a desarrollarse en tiempo y forma. Solo se contemplan excepciones para tecnologías más complejas, como el bombeo hidráulico o la eólica marina, que disponen de plazos más amplios debido a su mayor dificultad técnica.
Además, también se establece que una instalación en funcionamiento puede perder el permiso si deja de verter electricidad a la red durante más de tres años por causas imputables al titular.
Pero donde el decreto aprieta especialmente es en los grandes consumidores eléctricos —como podrían ser los centros de datos—. En estos casos, los permisos también caducarán automáticamente si no se cumplen una serie de hitos en plazos muy concretos. Por ejemplo, si en el primer año no se abona una parte relevante de la inversión necesaria para las infraestructuras de red, el permiso se pierde. Lo mismo ocurre si en tres años no se firma el contrato para desarrollar la conexión o si en cuatro años no se formaliza el acceso definitivo a la red.
Además, el texto cierra la puerta a cambios sustanciales en los proyectos una vez concedido el permiso. Si una instalación se modifica de forma significativa —por ejemplo, cambiando de ubicación más de 10 kilómetros, alterando su actividad económica o reduciendo de forma notable la potencia solicitada—, se considerará un proyecto distinto y, por tanto, perderá los permisos originales.
En conjunto, todas estas medidas persiguen un mismo objetivo: que la capacidad de acceso a la red eléctrica quede en manos de proyectos reales y viables, y no de iniciativas que se retrasan, se transforman o simplemente no llegan a materializarse.