El Gobierno ha decidido ‘enfriar’ la tramitación del nuevo Reglamento de comercialización y suministro de energía eléctrica y aplazar su plan de aprobarlo en los próximos días.
La norma, que se tramita como proyecto de Real Decreto, salió del orden del día de la CGSEYS, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, celebrada este jueves.
Su debate estaba en el orden del día previsto para la reunión de esta semana, de cara a su aprobación por Consejo de Ministros en los próximos días, tal y como adelantó este lunes Demócrata. Sin embargo, su examen fue retirado del orden del día el martes.
Desde el departamento que dirige Sara Aagesen subrayan que no ha existido ningún retraso en la tramitación y que se aprobará en la fecha prevista. El aplazamiento de su examen ante este órgano, previo a la deliberación en el Consejo de Ministros, indica otra cosa. Especialmente, cuando la previsión del Ejecutivo era aprobarlo de forma inmediata, una vez cuenta ya con el informe del Consejo de Estado.
El Gobierno decide así dar más tiempo a su tramitación tras los avisos lanzados desde las comercializadoras, agentes directamente afectados por el desarrollo reglamentario en cuestión.
Críticas de las comercializadoras
La semana pasada, la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) avisó del riesgo de incumplimientos y, por tanto, desaparición de empresas en el sector, tal y como están planteadas las nuevas obligaciones que propone el Gobierno
En una nota remitida a los medios, la patronal advirtió, en referencia al nuevo Reglamento, de que “resultaría materialmente imposible cumplir, especialmente para aquellas con menor estructura organizativa o tecnológica”.
La asociación pidió al Gobierno atender una serie de propuestas de modificación, pidiendo para ello un nuevo trámite de audiencia. Y, especialmente, tiempo para poder adaptarse a los nuevos requerimientos.
El Consejo de Estado avala dar margen
Un apoyo para las empresas en los últimos días ha sido el Consejo de Estado, tal y como adelantó Demócrata este lunes. El órgano consultivo emitió su informe hace dos semanas, tras solicitarlo el Gobierno antes de Navidad con carácter de urgencia, y respaldó la necesidad de prever un período de transición.
Y es que, según el borrador al que ha tenido acceso Demócrata, el texto que el Gobierno manejaba para aprobar en el próximo Consejo de Ministros contempla una entrega en vigor inmediata a partir de la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado.
Una decisión que el Consejo de Estado sugiere reconsiderar, al reconocer la complejidad de la materia regulada y las “importantes obligaciones” que de ella se desprende.
"Se diría que una entrada en vigor de una norma tan compleja y que incide de una forma tan relevante en los derechos de sus múltiples destinatarios debe respetar, por lo menos, la regla de los veinte días recogida en el Código Civil”, expuso este organismo.
Nueva normativa
La norma supone una actualización de la regulación que rodea a la contratación y al suministro de energía. Y, en algunos aspectos, introduce novedades importantes. Por ejemplo, actualiza los requisitos de información mínima que deberán contener todos los contratos de comercialización, según el borrador al que ha tenido acceso Demócrata.
Y prohíbe a las comercializadoras, o a cualquier empresa que actúe en su nombre, de contactar telefónicamente con un usuario para realizar prácticas publicitarias o de contratación, salvo petición expresa e informada del consumidor.
También prohíbe la modificación unilateral de las condiciones del contrato o su resolución antes de su vencimiento.
Garantías y atención al cliente
Con el nuevo Reglamento, cada comercializadora tendrá que contar con un departamento de atención a la clientela gratuito y accesible para la resolución de quejas y reclamaciones de sus clientes. Y deberá estar adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios para ofrecerles esta posibilidad.
Además, la nueva normativa les exige presentar una serie de garantías para poder ejercer su actividad. El Gobierno justifica esta medida para la cobertura de posibles impagos de cargos y peajes, ante los numerosos procedimientos de inhabilitación de estas sociedades.
Con la nueva regulación, Red Eléctrica podrá frenar la actividad de comercializadoras que no cumplan con sus obligaciones económicas, impidiéndole el alta de nuevos puntos de suministro o la llegada de nuevos clientes desde otra comercializadora.