El Gobierno se prepara para articular la respuesta económica a la crisis desatada por la guerra en Irán. El ataque de Estados Unidos e Israel está teniendo ya consecuencias en la economía. La incertidumbre, vinculada a una posible extensión temporal del conflicto, es total.
El Ejecutivo ha subrayado en desde el inicio del conflicto que sus consecuencias, y por tanto su respuesta, irá de la mano de cómo evolucione la guerra y cuánto se alarguen las hostilidades. Las operaciones militares han afectado ya a instalaciones energéticas en varios países, el tráfico aéreo y el transporte marítimo de mercancías por el cierre del estrecho de Ormuz
La crisis está servida y la realidad española se ve amenazada, además, por las represalias anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, por la falta de cooperación de España en sus operaciones contra Irán, al estar fuera de la legalidad internacional.
La respuesta española es clara. España está preparada económicamente para asumir las consecuencias económicas de la guerra y las posibles represalias de Trump. Y así lo expresó Sánchez en su comparecencia televisada desde Moncloa. "Tenemos capacidad, también la voluntad política y lo haremos de la mano de los agentes sociales como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente durante la crisis arancelaria", aseveró.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, suspendió anoche su viaje previsto a Barcelona y la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado este miércoles a sindicatos y patronal para coordinar medidas en el ámbito de su competencia: "Vamos a volver a estar a la altura", aseguró, en una intervención en unas jornadas organizadas por su Ministerio.
¿Qué medidas pueden esperarse?
Las negociaciones están abiertas y aún no hay nada definido, pero el camino seguido hasta ahora por el Gobierno ofrece muchas pistas sobre lo que cabe esperar. Las consecuencias de esta crisis, además, van en la línea de las ya sufridas tras estallar la guerra de Ucrania, que desató una intensa crisis energética y una espiral inflacionaria sin precedentes en las últimas décadas.
Si el conflicto se prolonga, no es descartable que se reediten estadísticas similares.
Medidas laborales. En el Ministerio de Trabajo prevén analizar la situación con sindicatos y patronal y poner encima de la mesa medidas concretas.
Sin tener nada aún definido, la hoja de ruta es previsible, y el objetivo es claro. Limitar los despidos, con su prohibición por causas objetivas relacionadas con la crisis, devolución de ayudas, y la activación de los ERTE, con facilidades e incentivos a su aplicación.
Protección a vulnerables. Descuentos al bono social, prohibición de cortes de suministros... Reedición del 'escudo social' que el Gobierno ya estudiaba cómo recuperar antes de comenzar la guerra. El problema es el mismo: el veto de PP y Junts a la moratoria antidesahucios, que han conseguido derogar en dos ocasiones ya este año y exigen separar del 'pack'.
¿Exensión de contratos? Sumar quiere que la respuesta económica contemple una de sus reivindicaciones más reiteradas en los últimos meses. La prórroga automática de los contratos de alquiler para evitar subidas en cascada de los precios al expirar aquellos firmados en la salida del confinamiento por la pandemia.
El PSOE se ha opuesto hasta ahora, cuestionando su encaje legal, pero una crisis de precios puede servir como pretexto para la adopción medidas extraordinarias, como lo han sido las anteriores crisis.
También habría que ver si, como en la crisis inflacionaria, se prevén medidas para facilitar el pago de hipotecas y reestructuraciones de créditos ante posibles subidas en los tipos de interés. Para estas medidas, es previsble que el Ministerio de Economía acordara medidas con las entidades de crédito, ya que anteriormente estas se han aprobado dentro de códigos de buenas prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades.
Renovables y electrificación. Sorpresivo resultaría que la respuesta económica a la crisis no recuperara los incentivos fiscales a la electrificación derogados al caer los decretos-ley ómnibus.
Se trata de desgravaciones por la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga y actuaciones en materia de eficiencia energética en viviendas y edificios.
El Ministerio para la Transición Ecológica también podría aprovechar para recuperar medidas que no pudo recuperar vía reglamento del decreto-ley de refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón, derogado en el Congreso.
¿Vuelta al tope al gas? Vuelve el 'no a la guerra'... ¿volverá el tope al gas? Fue la medida 'estrella' de España para evitar que el alza desorbitado del precio del gas 'contaminara' la casación de precios en el mercado de electricidad. España prolongó esta medida durante un año y medio y ahora Sumar pide recuperarla a un precio de 50 euros/Mwh, superior incluso al precio medio en el que se aprobó en su día.
Control de precios energéticos. Los de Yolanda Díaz también quieren que la respuesta del Gobierno incorpore, como hizo entonces, el control de precios de materias primas energéticas para evitar sobrecostes especulativos de las empresas y ensanchamiento de sus márgenes.
Asegurar el crédito. Una de las prioridades de Economía en las pasadas crisis fue asegurar la financiación de las empresas, ante un posible encarecimiento de las condiciones. Para ello empleó líneas de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Facilidades a empresas. De tener que afrontar una crisis más severa, no es descartable tampoco la aprobación de aplazamientos en la obligación de pagar impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social, como ya se aprobó durante la pandemia y la crisis energética.
Otra línea de ayudas fue el fondo de rescate articulado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que contemplaba la inyección de recursos a empresas de sectores estratégicos e incluso la entrada en su capital, si bien se trató un instrumento aprobado con la crisis más avanzada.
Prepararse para una guerra prolongada
En su intervención desde la Moncloa, el presidente Sánchez advirtió de la necesidad de prepararse ante la posibilidad de que se trate de una guerra prolongada, “con numerosas bajas y por tanto con consecuencias graves también a escala global en términos económicos”.
Tras señalar que todavía se desconoce cuál será su desenlace, sí que anticipó “más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas” provocadas por la guerra, factores que pueden trasladarse a la economía española y al resto del mundo.