Este martes arrancan los trabajos de la ponencia sobre la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, impulsada por Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Podemos a solicitud de los sindicatos de inquilinas. Hechas las presentaciones en la sesión constitutiva, los ponentes comenzarán a aterrizar enmiendas transaccionales y negociar los puntos calientes, que no son pocos. Sin embargo, el foco principal estará en las medidas fiscales que el PSOE está negociando con sus socios, tal y como ha podido saber Demócrata.
Según fuentes tanto gubernamentales como parlamentarias consultadas por este periódico, aunque el texto en cuestión tiene por objeto regular los alquileres de temporada, la conversación también pivota en torno a la fiscalidad de la Vivienda. Moncloa y sus aliados ven plausible un acuerdo en materia fiscal y se esperan novedades, como por ejemplo, el incremento del IBI en zonas tensionadas.
La fiscalidad del PSOE
El Grupo Socialista no tiene enmiendas sobre fiscalidad registradas en esta iniciativa, pero quiere abrir el debate e, incluso, poder transaccionar.
Fuentes del Ministerio de Vivienda esgrimen que la fiscalidad “es una de las herramientas más útiles para combatir la especulación y preservar la función social de la vivienda”. Así las cosas, defenderán una serie de cuestiones, con mucho tiento, ya que el equilibrio ha de ser perfecto para atraer a Podemos sin perder al PNV por el camino.
Vivienda apuesta por limitar los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes mediante la subida del IVA al 21%, para que tributen como la actividad económica que son; y la creación del Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, para evitar la compra especulativa.
También urgen a regular la transmisión a la Entidad Estatal de Vivienda de suelos y Patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible; así como modificar la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para blindar la asequibilidad de sus viviendas en propiedad.
Asimismo, para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación, plantean lo siguiente:
- Modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.
- Aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler.
- Extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.
No perder de vista el objetivo: alquiler de temporada
La proposición de ley equipararía los contratos temporales a los de vivienda habitual para, así, desincentivar su uso, máxime en zonas declaradas tensionadas para rebajar los precios.
Se crearía la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a lo que estipula la legislación laboral.
De prosperar la norma, el contrato de temporada no podrá exceder de nueve meses (en la redacción inicial que tumbó Junts eran seis), con el objetivo de que coincida con los tiempos del curso académico. Siempre que la duración exceda del tiempo fijado o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas previstas.
El plazo de nueve meses busca adaptar la fórmula de arrendamiento al calendario docente, para permitir que profesores y estudiantes puedan beneficiarse; así como otros trabajadores por temporadas, como ocurre con médicos o incluso trabajos estacionales, como la hostelería en periodo estival.
He aquí el primer punto de fricción: los nueve meses. La primera proposición planteaba seis y Junts la tumbó. En esta se plantean tres más, pero para el PSOE no es suficiente. El Grupo Socialista ha impulsado una enmienda para aumentar el tope del plazo de duración de los contratos de temporada a 12 meses en lugar de a nueve. Además, abren la puerta a ampliar el plazo de manera excepcional y siempre justificada, no pudiendo superar en ningún caso el doble, es decir, 24 meses.
Por su parte, el socio minoritario del Ejecutivo aspira a mejorar diversos asuntos de la ley. Sumar considera vital reforzar la transparencia y la veracidad en el mercado para proteger a los arrendatarios de prácticas opacas o engañosas. En sintonía, exigen blindar la obligación del registro previo a la comercialización en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Ponen también el foco en el alquiler de habitaciones, un asunto que Junts, de hecho, opta por dejar fuera de la iniciativa y limitarse al alquiler de temporada. Sumar demanda exigir unos estándares mínimos de superficie y habitabilidad en el alquiler de habitaciones y que la suma de las mismas no supere la renta límite de la vivienda si hubiera sido puesta en el mercado en su integridad. EH Bildu también ha impulsado una enmienda en este sentido.
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar también presiona para garantizar que los arrendadores no cobren gastos injustificados a los arrendatarios al concluir el contrato y prohibir las empresas de desocupación.
Otra de las aristas que deberán pulir los grupos es la invasión competencial, un asunto al que los partidos nacionalistas siempre prestan especial atención.
Fuentes de la ponencia consultadas por Demócrata señalan la importancia de lograr que la ley salga adelante para poner coto a una de las grandes lagunas de la Ley de Vivienda. Con respecto a sus posibilidades, admiten que no será fácil. Queda en el aire hasta qué punto Junts podría suponer un problema puesto que la proposición no tiene su génesis en el Gobierno. Con todo, esperan preparar el terreno para que, con su abstención, sea suficiente, ya que no se trata de una ley orgánica.











